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sábado, 17 de marzo de 2018

El TEDH y la Emboscada de Pasaia

Nos llegan malas noticias por conducto de Naiz. El acto de terrorismo de estado llevado a cabo en Pasaia el 22 de marzo de 1984 seguirá impune.

Lean ustedes:


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha admitido los recursos interpuesto por el Ayuntamiento de Azpeitia y las familias de los cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas que murieron en la emboscada de la Policía española en la bahía de Pasaia en 1984.

Familiares de los cuatro fallecidos en esa emboscada de la Policía española –Pedro Mari Isart, José Mari Izura, Rafael Delas y Dioni Aizpuru– han dado cuenta de la decisión del Tribunal de Estrasburgo en una comparecencia en el consistorio de Azpeitia junto con el alcalde de esta localidad, Eneko Etxeberria, y el abogado Santiago González.

Según han señalado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fundado su inadmisión en que el Ayuntamiento de Azpeitia «carece de la condición de víctima de la violación del convenio denunciada».

El Tribunal Europeo afirma que el Tribunal Constitucional español «ya había rechazado el recurso de amparo que habían presentado las familias» y considera que es una «discusión interna del Estado español a nivel procesal», por lo que «no puede modificar el criterio» de esta instancia española y «no puede aceptar el caso», agrega.

«El motivo del rechazo del Tribunal Constitucional, es que las familias alargaban innecesariamente el procedimiento, lo cual resulta verdaderamente doloroso cuando lo único que estas familias llevan 34 años reclamando es que haya un proceso y una investigación adecuadas», han señalado.

La decisión sobre el recurso fue adoptada el pasado 15 de febrero y comunicada a la representación procesal de los familiares el pasado 23 de febrero.

Ante este fallo, las familias y el Ayuntamiento de Azpeitia «analizan posibles acciones ante organismos internacionales como el Parlamento Europeo o Naciones Unidas».

El recurso fue interpuesto el pasado 29 de noviembre por el abogado de las familias, Santiago González, y el letrado Miguel Castells en nombre del Ayuntamiento de Azpeitia –ya que dos de los muertos eran de esa localidad, y los otros dos de Iruñea–, una vez que en el Estado español se ha agotado la vía judicial.

Los recurrentes señalaron en una rueda de prensa que ofrecieron el pasado 10 de febrero que veían «indicios de que se podría haber vulnerado el derecho a la vida», para lo que lo que se apoyaban en diferentes testimonios, en una investigación realizada por el Gobierno de Lakua que cuestiona la versión oficial y en sendos fallos judiciales de la Audiencia de Gipuzkoa.

Este sábado han indicado que, en su opinión, con estos fallos de la Audiencia guipuzcoana «quedó demostrado que lo sucedido fue una emboscada totalmente organizada».






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