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lunes, 20 de noviembre de 2017

Plan B: “Diálogo Republicano”

Cunado la derecha española compara al proceso de autodeterminación catalán con el vasco lo hace para denostar a los unos y a los otros.

Pues bien, según podemos ver en este artículo publicado por inSurGente, los catalanes han extraido un par de experiencias de la historia reciente de Euskal Herria, específicamente, del bodrio draconiano más conocido como Ley de Partidos, mecanismo supresor de derechos por medio del cual la Madrid de Juan Carlos Borbón y Franco anuló a un sin número de partidos y listas electorales pertenecientes a la izquierda abertzale - Batasuna, EHAK, ANV, D3M, etc -, al punto que incluso se tuvo que recurrir a los solidarios en el resto del estado para presentar una lista impermeable denominada Iniciativa Internacionalista, de la cual formaba parte la muy querida y recordada Doris Benegas así como el incomustible Alfonso Sastre.

Les invitamos pues a leer esta información que llega desde una Catalunya dispuesta refrendar su postura independentista el próximo 21 de diciembre:


Falta un mes para que, esta vez a las urnas, los catalanes decidan si la aplicación del 155 está justificada. La mayoría independentista aspira a volver a sumar mayoría y concibe el 21-D como un nuevo plebiscito, en esta ocasión no sólo sobre la independencia sino también contra la intervención de la Generalitat. En un contexto más visto en democracia, y con la presión judicial a los hombros de los líderes y partidos soberanistas, ERC ha tomado una decisión sin precedentes recientes en Cataluña: ha presentado dos marcas para el 21-D para esquivar una posible ilegalización del partido.

El ARA ha podido contrastar esta información a través de numerosas fuentes consultadas los últimos días. Los republicanos han registrado el partido Diálogo Republicano en las cuatro circunscripciones catalanas y la han nutrido de personas que no están en la primera línea política, entre las que hay muchos miembros de las juventudes del partido. Para ello, Diálogo Republicano se inscribió el pasado lunes, 13 de noviembre, en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Y no sólo en Cataluña, sino también en el País Valenciano y las Islas Baleares.

Desde entonces, se han tenido que recoger firmas. Unas 5.000, tal como exige la ley electoral para un partido sin representación parlamentaria (un 0,1% del censo). Se ha encargado un grupo muy reducido de militantes, que ha recogido las firmas con la máxima discreción. Incluso, algunas fuentes explicaban que no sabían exactamente a que se destinarían las firmas.

Fuentes del partido han reconocido al ARA que se ha optado por esta vía ante la posibilidad -que consideran realmente que el Estado decida ilegalizarlos. De hecho, la cabeza de lista y presidente del partido, Oriol Junqueras, y también los otros cinco consejeros vinculados a ERC están siendo investigados en la Audiencia Nacional por un presunto delito de rebelión y sedición. Además, la Guardia Civil ya ha pedido que se incorporen los portavoces del partido en Madrid, Joan Tardà y Gabriel Rufián, a la causa por la que los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente, hace más de un mes que están en la prisión de Soto del Real.

Y dirigentes del PP, como el vicesecretario de comunicación, Pablo Casado, se han mostrado partidarios de aplicar la ley de partidos -reservada para casos de enaltecimiento del terrorismo- también a las formaciones independentistas catalanas. El mismo líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, ha dicho que estaría a favor de que se prohibieran los programas electorales que plantearan la independencia al margen de la Constitución.
Una candidatura a la reserva

La ejecutiva de Izquierda, asesorada por sus abogados, ha tomado la decisión de registrar una de las marcas que el partido mantiene habitualmente en el cajón. Estuvieron dudando entre varias posibilidades y finalmente escogieron Diálogo Republicano, que este viernes presentaron a las cuatro juntas electorales provinciales catalanas y que este domingo consta como una de las candidaturas publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat ‘(DOGC).

Els caps de llista estan tots vinculats al partit. A Barcelona, Emma Soler és la portaveu de les JERC a la Catalunya del Nord; a Tarragona, Cristina Casals és militant d’ERC a la Terra Alta; a Girona, Mariona Vilarroya és portaveu de les JERC a la Bisbal de l’Empordà; i a Lleida, Pol Oliva és militant d’ERC a Talarn. En tot cas, la intenció és que aquesta candidatura s’estigui a la reserva. Si tot es manté dins la normalitat i Esquerra no té problemes d’aquí al 21-D, quedarà desactivada. Només s’activarà en cas que el Tribunal Suprem actuï contra la candidatura d’ERC.

Los republicanos pedirían entonces el voto por Diálogo Republicano. La situación más probable es que los diputados que consiguiera esta formación acabaran dimitiendo todos y que el resto de la candidatura (135 personas más los suplentes) tampoco cogieran las actas de diputados.

Diálogo Republicano se constituyó como partido político sólo hace seis días, el 13 de noviembre, y la sede social consta en Mollet del Vallés, según queda especificado en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior. Su representante ante la administración es un asesor de ERC en la Diputación de Barcelona. En todo caso, no tiene ninguna conexión administrativa con ERC.

La ley orgánica del régimen electoral general (Loreg) establece que “los partidos políticos no podrán presentar candidaturas que quieran continuar o suceder la actividad de un partido declarado judicialmente ilegal o suspendido”. “A tal efecto se tendrá en cuenta la similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento, de las personas que los componen, rigen, representan, administran o integran cada una de las candidaturas y también de la procedencia de los medios de financiación o materiales o de cualquier otra circunstancia relevante “.
El precedente vasco

La vía elegida por ERC recuerda que usó la izquierda abertzale tras la aprobación de la ley de partidos en 2002 que había comportado la ilegalización de Batasuna. En las elecciones vascas de abril de 2005, el Estado prohibió que se presentaran numerosas candidaturas que vinculaba a Batasuna. No pudo demostrar el vínculo con el Partido Comunista de las Tierras Vascas, que terminó obteniendo 9 escaños y ejerció la representación parlamentaria hasta 2008, cuando fue ilegalizado por el Tribunal Supremo. La principal diferencia con aquel contexto es que en Cataluña todos los partidos independentistas rechazan frontalmente la violencia.

Hay riesgo de ilegalización? Si no fuera así no estarían planteando alternativas o no habría abogados revisando con lupa los programas electorales que las formaciones independentistas quieren presentar para el 21-D. Una situación difícilmente imaginable hace unos meses, pero que fuentes republicanas asumen como una posibilidad. “Sería escandaloso, pero también lo es que haya presos políticos y que hayan intervenido la Generalitat”, explica una de las fuentes consultadas.

La presentación del programa electoral será una prueba de fuego. No ha habido problemas, pero después de la DUI los partidos soberanistas asumen que el Estado podría intentar que el Supremo los ilegalizado por esta vía. En las medidas cautelares aplicadas a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, número 4 de ERC en Barcelona, ​​el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya le advirtió que si “reincidía” se revisaría su libertad bajo fianza. Un aviso que, de hecho, vale para todo el soberanismo y que fuentes republicanas asumen que también podría afectar al partido.

Si se insiste en la vía unilateral, el Estado actuará. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ya ha reconocido que, si gana el independentismo y vuelve a apostar por la independencia fuera de la Constitución -sólo podría hacerlo teóricamente impulsando una reforma constitucional que incluyera el derecho a la autodeterminación-, el gobierno español volverá a aplicar el artículo 155.

Diálogo Republicano es el plan B de Izquierda, pero fuentes de la CUP y del PDECat afirman que también han preparado planes alternativos. La excepcionalidad de las elecciones del 21-D ha provocado que un partido con 86 años de historia -36 de los cuales en la clandestinidad y que propugna una vía pacífica para lograr la independencia recurra a una candidatura ficticia para intentar garantizarse la representación en el próximo Parlamento.






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