Desde la CAV se lanza una denuncia con respecto a la complicidad que ha estado mostrando el régimen español con respecto a los crímenes del franquismo que están siendo investigados por la jueza argentina María Servini.
Les invitamos a leer esta nota publicada en Noticias de Gipuzkoa:
La Cámara vasca critica las trabas a la jueza Servini
PP y UPyD se desmarcan de la denuncia contra la actuación “dilatoria y obstruccionista” de Moncloa con la investigación de crímenes franquistas
Carlos C. Borra
Las piedras en el camino que se está encontrando la jueza argentina María Servini en su investigación de los crímenes del franquismo, que la obligaron a suspender recientemente un viaje a España ante la nula respuesta del Gobierno español a sus demandas, provocaron que el Parlamento Vasco denunciara ayer, con el apoyo del PNV, EH Bildu y el PSE, la “actitud dilatoria y obstruccionista” del Ejecutivo de Mariano Rajoy ante los requerimientos recibidos para la toma de declaración a “posibles responsables de crímenes cometidos en el periodo franquista”. El PP votó en contra de la proposición no de ley y UPD se abstuvo.
En el texto, la Cámara de Gasteiz recuerda que el Ministerio de Justicia “ha ignorado” el auto emitido en 2014 por Servini en el que ordenaba la detención de 19 imputados en la causa abierta por crímenes cometidos durante la dictadura franquista (1939-1975), así como el exhorto que remitió para interrogarles bajo el principio de Justicia universal. Entre los imputados se encuentra el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, al que se investiga por la muerte de cinco trabajadores en 1976 en Gasteiz por disparos de la Policía Armada.
La resolución denuncia que la actitud del Gobierno español “incumple” el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal entre Argentina y España. Añade que el gabinete del PP ha optado por “la no aplicación de la legislación internacional vigente”. La Cámara vasca insta por ello a “los Gobiernos del Estado español, actual y futuros”, a que respeten y asuman “con total diligencia” la normativa internacional sobre derechos humanos, así como todas las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Expresa por último su “solidaridad con todas las víctimas del golpe militar y la posterior dictadura franquista”.
María Servini cursó el 18 de febrero un exhorto al Ministerio de Justicia para interrogar, entre los pasados días 4 y 22 de abril, a 19 acusados por crímenes de lesa humanidad -incluidos el exministro de Franco José Utrera Molina, el expolicía Antonio González Pacheco Billy el niño y el ex guardia civil Jesús Muñecas-. Sin embargo, el ministerio que dirige Rafael Catalá no dio respuesta a este requerimiento, lo que obligó a la magistrada a suspender su viaje y provocó la denuncia de los abogados de las víctimas del franquismo y de la Plataforma Vasca para la Querella contra los crímenes del franquismo.
Ley de Amnistía
Durante el debate en el Parlamento Vasco, el representante del PNV Iñigo Iturrate criticó que las instituciones del Estado español “invoquen” la Ley de Amnistía, que impide perseguir los delitos del franquismo, cometidos antes de 1976, para no impulsar investigaciones judiciales sobre los crímenes de la dictadura. Recordó que los tratados internacionales que tiene suscritos España en materia de justicia y derechos humanos establecen que las leyes internas de los estados no pueden “contravenir” los principios de esos convenios, por lo que deberían investigar dichos delitos.
Desde EH Bildu, Julen Arzuaga denunció que “el Estado se parapeta tras una ley de punto y final” que, recordó, la ONU “ha pedido en reiteradas ocasiones que sea derogada”. Mikel Unzalu (PSE) defendió que la legislación internacional debe prevalecer sobre la española, lo que, según fuentes de los socialistas vascos consultadas, no significa pedir la derogación de la Ley de Amnistía, sino aprovechar los “recovecos” para juzgar a esas personas.
En cuanto a los partidos que no respaldaron la iniciativa, Carmelo Barrio (PP) dijo que su grupo “no puede apoyar que el Gobierno sea denunciado por cumplir con el ordenamiento jurídico”, y respondió a Arzuaga que pida “a sus amigos de ETA” que colaboren con la Justicia. Gorka Maneiro (UPyD) condenó el franquismo pero criticó a “quienes alimentan rencores por intereses partidistas”.
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