martes, 20 de abril de 2010

La Muy Franquista Izquierda Española

Hemos recibido este texto por correo electrónico:

Esto no es un homenaje a Garzón
Las asociaciones de victimas de la rebelión militar de 1936, el franquismo y el terrorismo de Estado hemos sufrido, durante estos años, las consecuencias de una aparente contradicción en la que se han instalado las instituciones, los partidos y sindicatos. Mientras el día de hoy declaran sentir respeto y admiración por la memoria de las victimas del franquismo, mientras hoy se muestran convencidos sobre la necesidad de poner fin a décadas de silencio y ocultación de la impunidad de los crímenes cometidos, mientras estas últimas semanas teorizan sobre los derechos de las víctimas a juzgar a los verdugos y genocidas franquistas; estos mismos partidos han sido los que durante años nos han impuesto el olvido y nos han condenado a la mas absoluta de las soledades.

Sin embargo, estas contradicciones no son fruto de la casualidad, sino consecuencia de un cínico juego de estrategias bien meditadas que tienen como objetivo, poder presentarse ante el conjunto de la sociedad como los defensores de la memoria de los cientos de miles de militantes antifascistas, a la vez que protegen sus intereses de poder conseguidos, precisamente, por haber pactado con los genocidas franquistas, la imposición del silencio y la impunidad sobre los crímenes por ellos cometidos.

Pactaron con ellos el mantenimiento y la continuidad de toda la estructura del Estado, esto es, el ejército, la policía, la Guardia Civil, los jueces, el poder económico... en definitiva, la continuidad de toda la administración franquista; y aceptaron la permanencia, en la cúspide de todo este entramado, a la monarquía y a la persona nombrada por el propio genocida y criminal Francisco Franco, como su heredero al actual monarca español Juan Carlos I.

Esta es la situación de injusticia que durante 35 años de supuesta democracia y de "Estado de derecho", hemos soportado. Es este el contexto, y no otro, en el que hay que analizar el nerviosismo de esa izquierda que negó su memoria durante la transición; es en este contexto en que hay situar la arrogancia de los herederos del franquismo, quienes exigen el respeto a la impunidad que se les garantizó. El juez Garzón y su auto no cambian este contexto.

Ha sido el trabajo y la actividad de las asociaciones las que han puesto al descubierto la gravedad de toda esta situación de impunidad. Han sido las presiones y las denuncias ejercidas por las asociaciones las que han obligado a este juez a no seguir ignorándolas por más tiempo y mucho menos aún tras haber protagonizado los procesos abiertos contra los responsables de las dictaduras chilena y argentina. ¿Como es posible encausar a Pinochet e ignorar las denuncias sobre los responsable de la dictadura franquista, quienes cometieron muchos más crímenes y perduraron por mucho más tiempo en el poder? Pero a diferencia de aquellos casos, en que se encausó a Pinochet, en el auto emitido por este juez, sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, se ponen unos límites muy claros a la hora de definir las responsabilidades, ya que cuando se enumera a los imputados, lo hace a sabiendas que están todos muertos y de que, una vez certificada su defunción, el supuesto proceso al franquismo conocerá su definitivo punto final, sin que se hayan investigado judicialmente todos los crímenes cometidos, sin que se encause a los responsables aún vivos y sin que se repare, en toda su dimensión, el daño causado. Pero los actuales herederos del franquismo no están dispuestos a aceptar ni tan siquiera eso, exigen silencio total, impunidad absoluta y respeto sagrado a la memoria de los caídos por Dios, por España y por el Generalísimo.

El error que ha cometido, esta vez, el juez Garzón, ha sido el de no haber solicitado, el dictado de las cloacas del Estado. Por eso le procesan, no por otra razón. Garzón no puede ser emblema de la defensa de los derechos humanos, cuando ha sido puesto en evidencia en los informes de las Naciones Unidas, por permitir y amparar la práctica de la tortura; porque lo único que ha perseguido con este auto es notoriedad y poder llegar a presidir algún tribunal penal internacional, esta vez, a costa de las victimas del franquismo. Y hay que reconocer tristemente, que su maniobra puede salirle redondo, que puede que pase a la historia "como el defensor de las victimas del franquismo".

Pero este último hecho, aún siendo injusto y doloroso, no es lo que más nos interesa en estos momento. Lo que nos preocupa es que el trabajo que hemos realizado hasta el momento para situar el debate del juicio al franquismo y sus responsables en la primera plana política y los medios de comunicación, no se dilapiden en torno a la defensa de un auto judicial en cuyo contenido se acotan y limitan nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación; Nuestra preocupación se centra en que este debate se desvíe hacia la defensa de un funcionario fiel del propio Estado, que quería apuntalarlo a través de un auto de nulo recorrido. Por todo ello, este es el momento, para dirigir nuestras exigencias, a aquellos partidos y sindicatos que pactaron durante la llamada "Transición" con los franquistas, el silencio e impunidad sobre los crímenes cometidos; debemos exigirles que rectifiquen su trayectoria e implementen las medidas políticas e institucionales necesarias:

(1) para que inicien una nueva fase de negociación, con todos los agentes socio-políticos afectados por el genocidio franquista, de una nueva ley de la memoria;

(2) para que procedan a la constitución de comisiones de la verdad, como instrumentos propicios para la consecución de la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las garantías de no repetición; y el enjuiciamiento histórico y político del franquismo. Todo ello deberá servir como marco idóneo para la toma de compromisos orientados a avanzar hacia un escenario de respeto de los derechos humanos, civiles y políticos, un escenario en el que se puedan poner en práctica todos los proyectos socio-políticos que fueron frenados, por la fuerza de las armas, aquel 18 de julio del 36.

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domingo, 18 de abril de 2010

No Olvidemos a Egin

Porque antes que Juan del Olmo en contra de Euskaldunon Egunkaria el pueblo vasco fue testigo de las acciones por parte de Baltasar Garzón en contra de Egin y Egin-Irratia les presentamos este texto publicado en Gara:
 
Koldo Alduntzin, Jon Altuna, Mertxe Aizpurua (*) | Ex trabajadores del diario «Egin»

¿Justicia? ¿Qué justicia?

Resulta reconfortante que, por una vez, compatriotas acusados de pertenecer a ETA y de cometer graves delitos, hayan quedado en libertad tras la vista oral del juicio. Es cierto que, en el «caso Egunkaria», todavía cabe el recurso ante el Tribunal Supremo, pero la contundencia del fallo invita a pensar que Torrealdai, Uria, Otamendi, Oleaga y Auzmendi se han librado de la cárcel definitivamente. Conocemos a los ahora absueltos y sabemos de su ejemplar trayectoria profesional y humana, de modo que no podemos pensar que la sentencia los ha dejado limpios de polvo y paja, por la sencilla razón de que, para nosotros, jamás estuvieron sucios. La alegría que produce la absolución no puede esconder, sin embargo, lo padecido en todos estos años, y, por supuesto, los daños irreparables infligidos a un proyecto estratégico para la cultura vasca, como fue «Euskaldunon Egunkaria».

Cuando en febrero de 2003, con un Gobierno español dirigido por el PP de Aznar, la Guardia Civil irrumpió en el Parque Martin Ugalde de Andoain para cerrar el diario, muchas fueron las reacciones favorables a la operación, tanto desde la política como desde los mismos medios de comunicación. Otras, si no aplaudían directamente, venían a justificar el atropello, al son de música tan conocida como el «Todo es ETA». Ahora, en cambio, son pocos los que continúan en sus trece, y la mayoría, aquí y en Madrid, dicen respirar aliviados. La hipocresía es pecado corriente en estos días y cambiar de discurso en función de lo que ha dictado la sentencia, moneda común. Pero en Euskal Herria todo el mundo sabe quién ha estado apoyando a los procesados y defendiendo la honradez de «Egunkaria» y quién ha ido cambiando su posición según le daba el viento. Que nadie se llame a engaño. Si vuelven a darse las circunstancias precisas, Madrid ordenará el cierre de otro medio de comunicación vasco, sin que le tiemble el pulso, sin que la supuesta inconstitucionalidad de la operación de clausura de «Egunkaria» sirva de precedente para evitarlo y, por supuesto, sin que muchos de los que ahora afirman sentirse aliviados por la sentencia digan esta boca es mía. Es más, entre ellos, los habrá que se vuelvan a sumar al linchamiento.

Los firmantes de este escrito hemos vivido en nuestras propias carnes el cierre de «Egin» y Egin Irratia, del que próximamente se cumplirán ya 12 años. Los procesos contra «Egunkaria» y «Egin» compartieron en muchas ocasiones argumentos, esquemas e incluso pruebas, porque, de hecho, algunos papeles sirvieron para incriminar tanto a uno como a otro; qué más daba. También la sentencia del sumario 18/98 señaló fallos de forma en la clausura del periódico de Hernani. Sin embargo, en aquella ocasión, la Audiencia Nacional no absolvió a los encausados, y periodistas como Jabier Salutregi y Teresa Toda y responsables de la empresa como José Luis Elkoro, Patxo Murga, Pablo Gorostiaga, Xabier Alegria, Josean Etxeberria, Manu Intxauspe, Jesusmari Zalakain, Carlos Trenor e Isidro Murga cumplen largas penas de prisión lejos de Euskal Herria. ¿Dónde reside la diferencia inculpatoria? ¿Alguien puede creerse que todos ellos eran en realidad militantes de ETA? ¿La clave está, quizá, en las líneas editoriales diferentes de uno y otro periódico, una de las cuales se castiga y la otra se «premia»?

Nunca se insistirá lo bastante en que el cierre del periódico, sin mediar sentencia alguna, tan sólo amparado en la voluntad del juez Juan del Olmo, es irreparable, incluso si en un futuro se lograsen indemnizaciones por el mismo. Una empresa, 1.500 accionistas, 150 trabajadores y muchos miles de lectores quedaron sumidos en el desamparo judicial. Y no era una empresa cualquiera, sino la editora del único diario euskaldun del país. La Audiencia Nacional, cuya fiscalía inició el proceso; la Guardia Civil, que realizó los informes y procedió a la clausura, y el juez Juan del Olmo, que decretó el cierre, ¿carecen de responsabilidad? Después de actuaciones tan palmariamente ajenas al derecho, según asegura la sentencia de forma contundente, ¿no tienen que purgar su culpa? Un sindicato de magistrados saca la cara corporativamente a su colega y argumenta que los jueces son humanos y también se equivocan. ¿Y quiénes, sino los humanos, van a la cárcel? Y esta alusión a la cárcel puede parecer una boutade, pero no lo es. Si un arquitecto o un médico, por negligencia o incompetencia profesional (no digamos nada ya si es por mala fe), es responsable de daños irreparables, puede perfectamente terminar en la cárcel o, por lo menos, perder su licencia profesional. Y los responsables del desaguisado de «Egunkaria», en cambio, ¿van a salir indemnes? Un estado como el español, en el que el cierre de un medio de comunicación sale gratis a quienes lo ejecutan, no es un estado de derecho que se ajuste al estándar internacional que conocemos en el entorno occidental. Venir a decir ahora que la sentencia pone de manifiesto que el sistema funciona, que la justicia española es garantista y que la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ejercido la protección constitucional de la libertad de expresión es un sarcasmo. El diario permanece clausurado, los trabajadores se quedaron en la calle, los detenidos fueron maltratados. ¿Quién repara todo el daño causado? La Audiencia Nacional, después de tantos años, saca la pata de donde la metió, pero no procede a reparar el daño causado. ¿Es esto justicia?

No queremos terminar sin felicitar expresamente a Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga y Txema Auzmendi, no por haber sido absueltos, que también, sino por haber mantenido alta su dignidad en todo este calvario. Asimismo, queremos felicitar también a todas aquellas personas y grupos que, en mayor o menor medida, pero «de verdad», han estado respaldando a los encausados. Es cierto que queda todavía el previsible recurso ante el Tribunal Supremo y las imputaciones de delitos económicos, pero esta batalla ha sido ganada, lo que es ya de por sí una magnífica noticia en un país poco acostumbrado a las victorias.

(*) Junto a Koldo Alduntzin, Jon Altuna y Mertxe Aizpurua, firman este artículo los también ex trabajadores del diario «Egin» Martin Garitano, Martin Anso, Idoia Arozena, Joxerra Bustillo, Martxelo Diaz, Carlos Dronda, Amaia Ereñaga, Javier Etayo, Iñaki Iriondo, Natxo Matxin, Sabino Ormazabal, Pablo Ruiz de Aretxabaleta, Ramón Sola, Jose Mari Uribarri, Iñaki Vigor y Teresa Zarco

Y hoy, doce años después, los progres españoles y sus idiotizados clones alrededor del mundo se desgarran las vestiduras por el juez-clown Baltasar Garzón.


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sábado, 17 de abril de 2010

¿Quén Han Hecho con Jon Anza?

A continuación una nota (bastante ascéptica)  de la acción de denuncia llevada a cabo en París con relación a la desaparición y muerte de Jon Anza, suscrita dentro de la presente escalada de terrorismo de estado (llamado por algunos "guerra sucia") en contra del independentismo vasco. La nota ha sido publicada en Google News:


AFP
París, Francia — Militantes vascos desplegaron el viernes una banderola desde una baranda del Arco del Triunfo, sobre la avenida de los Campos Elíseos en París, preguntando a los dos partidos en el poder en Francia y España "¿Qué han hecho con Jon Anza?", miembro de ETA que apareció muerto tras varios meses de desaparición.

Seis de ellos fueron detenidos, entre ellos uno que quedó bloqueado en un andamio y otro que se cayó durante la operación, indicó una fuente policial.

Hacia las 10H50 locales (09H50 GMT), varios militantes descendieron a toda velocidad del techo del Arco del Triunfo hasta la primera baranda frente a los Campos Elíseos y desplegaron una banderola en francés e inglés que decía: "PSOE-UMP: ¿Qué han hecho de Jon Anza?".

En España gobierna el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y en Francia la Unión por un Movimiento Popular (UMP, derecha).

Anza, un militante de la organización separatista armada vasca ETA, desapareció hace un año en el suroeste de Francia. Su cuerpo apareció en la morgue de un hospital de Toulouse hace unos meses.

Anza desapareció el 18 de abril de 2009 cuando se dirigía en tren de Bayona a Toulouse donde tenía una cita con dirigentes de ETA "para darles dinero", según indicaciones de la propia organización armada vasca, que de forma inédita difundió un comunicado denunciando la desaparición de Anza.

Pero el 18 de abril de 2009 desapareció. Su cadáver fue hallado en marzo pasado en la morgue del hospital Purpan de Toulouse, donde había fallecido el 11 de mayo de 2009.

El 20 de mayo de 2009, ETA acusó en un comunicado a Francia y España de la desaparición de Anza.

Por una razón aún indeterminada, una de las personas que estaba en la baranda del Arco del Triunfo cerca de la banderola movida por el viento se cayó. Los servicios de emergencia llegaron inmediatamente al lugar pero se desconocía el estado de salud del militante en cuestión.

El jueves, militantes palestinos desplegaron una inmensa bandera palestina en el Arco del Triunfo para protestar contra la visita a París del presidente israelí Shimon Peres.

Por el momento los que participaron en esta acción están detenidos, ya veremos de que los va a acusar el gobierno del fascista Nicolas Sarkozy.



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El Ligero Barniz

Durante años Baltasar Garzón se ha dedicado a engañar bobos. Ruin continuador de las prácticas más brutales del franquismo es un lobo rabioso que se ha presentado al mundo en piel de oveja. Cegado por su propia soberbia se colocó por sí solo en el paredón donde ahora es fusilado por sus propios compinches. Lo que es peor, su actitud de payaso y de vedette ha servido para ocultar el trabajo de individuos y colectivos que luchan día a día por demoler el muro que la impunidad ha construido alrededor de los crímenes de los franquistas de ayer y hoy. De eso nos habla este texto publicado en Rebelión:
 
La paradoja de Garzón

Comunicado de la Associació Memòria Contra la Tortura

Los abajo firmantes nos vemos en la obligación de hacer ciertas precisiones ante las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e intelectuales de diversos ámbitos geográficos para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado por delitos de prevaricación por los procesos que instruye por desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo.

Antes que nada, tenemos que reconocer que nos encontramos en un terreno terriblemente resbaladizo. Terreno en el que se vierten denuncias contra sus acusadores que también se podrían achacar al ahora acusado, y solidaridades y palabras de apoyo para con éste que, desde nuestro humilde punto de vista, deberían ser matizadas.

En efecto, hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisión de los tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente cariz político, la defunción de debates públicos vivos y necesarios por la acción de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las víctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez Garzón, sino que consideramos que responde a la acción anónima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de justicia.

Por otra parte, no podemos sino remarcar que el reproche a la intervención inaceptable de la Justicia en el libre debate político es imputable también al propio Sr. Garzón. Paradójicamente, es ahora víctima de una politización de la justicia que él magistralmente diseñó e impulsó. Su apelación a la ambigüedad de las acusaciones que ahora se vierten contra él, la “patente desviación de los hechos objeto de esta causa” que denuncia en su recurso, o la instrucción “sesgada” de que se considera víctima, “que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida de este asunto, que le impide analizar con objetividad los hechos que contempla” no es sino su propia medicina, esa que se ve obligado a probar él mismo. Y que ahora denuncia por amarga.

Pero es que además, se regala solidaridad a Garzón por parte de varias organizaciones, con el apelativo de “defensor de derechos humanos” sin repasar, su currículum al respecto.

No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la herencia más envenenada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP ‐Tribunal de Orden Público‐. Más aún, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regímenes totalitarios. La naturaleza arbitraria de este tribunal fue oportunamente señalada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin.

No es baladí apuntar que en su actuación ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos hizo recientemente patente su preocupación al respecto.

No es gratuito traer a estas líneas que Garzón, en su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas.

Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa –CPT‐, el Comité contra la Tortura –CAT‐ o diferente Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado.

No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condición de defensor de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad. Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue considerado por el CPT “detallado y coherente” y que reprochaba al Juzgado no 5 que no adoptó medidas “repetidamente recomendadas por el CPT” para evitarlas. Esta es la línea argumental seguida también en el caso de los detenidos en Catalunya en la llamada «Operación Garzón» durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de tortura no habían sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias de los tratados internacionales».

Conocemos, pues, la actitud de Garzón en el ámbito internacional, así como la conocemos en el doméstico. Sabemos de su interés por aparecer como el juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin parangón, desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser testimoniales.

Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que denunciamos los excesos que otros tribunales comenten ahora con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y contra el sentido común.

Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia.

Firmantes:

Jorge del Cura (Centro de Documentación contra la Tortura), Ramom Lôpez‐Suevos Fernándes, Fernando Blanco Arce, Ana Lorenzo Conde y Elvira Souto (Esculca‐ Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades), Ramon Piqué y Maria Ferrer (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y Lorea Bilbao (TAT‐Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernández (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez (Salhaketa –Araba), Carlos Hernández (Salhaketa –Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universitat Autònoma de Barcelona‐UAB), Ermengol Gassiot (arqueòleg forense, Universitat Autònoma de Barcelona), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), José Manuel Hernández (abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos), Josep Maria Pi (CGT‐Catalunya).

Y no nos olvidemos de otros jueces "estrella" del sistema represivo español como Juan del Olmo, Fernando Grande-Marlaska y Ángela Murillo.

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Radiografía de la Monarquía Franquista

Apenas hace unos días un descendiente de españoles republicanos refugiados en México después de la "Guerra Civil" negaba que Navarra fuese parte de Euskal Herria e insistía en que los vascos y los catalanes son tan españoles como los "demás españoles". Le dejamos claro que es precisamente por culpa de la renuncia a sus principios por parte de los españoles republicanos y sus descendientes en México era que los mexicanos tienen la muy equívoca idea de que España es un estado que a la muerte de Francisco Franco experimentó una "transición modélica" hacia la democracia. Nos aceptamos humildemente como simples bloggeros, por eso a este caballero del que hablamos le dedicamos este escrito de una de las plumas más preclaras del estado español, escrito que ha sido publicado en La Jornada:


Marcos Roitman Rosenmann
La muerte biológica del dictador en 1975 puso al descubierto la debilidad de la izquierda para imponer una dirección al proceso de transición y constató la fuerza del franquismo. La derecha española tomó buena nota de la revolución portuguesa de los claveles, que acabó con la dictadura iniciada por Salazar y continuada por Marcelo Caetano el 25 de abril de 1974. Para los franquistas más preclaros, conducir la locomotora de los cambios políticos era necesario. Significaba controlar los tiempos y determinar el mapa de ruta. En esta dinámica su reconversión ideológica se acelera. Tocaba emprender la "modernización política". Dotar al país de un sistema competitivo de partidos y facilitar la transición del fascismo a la monarquía con la aquiescencia de las democracias occidentales. Todo fue ponerse. El diseño de Franco ganaba enteros. La reivindicación republicana de la izquierda se aparcó. El PSOE renunció sin ambages a su defensa y el Partido Comunista lo hizo a cambio de su legalización en 1977. En la primera etapa de la transición, los símbolos republicanos fueron censurados y perseguidos. También una parte de la izquierda maoísta o trotskista acabará sucumbiendo a los encantos del monarca. Su defensa del voto afirmativo a la Constitución de 1978 significaba aceptar implícitamente a la corona. Tampoco los nacionalistas catalanes se quedaron atrás. En los debates de la comisión redactora de la Constitución se rechazó explícitamente cualquier opción de plantear la idea de una España plurinacional. Autonomías sí, federalismo no. La monarquía reconoce sólo una nación: la española. Fue éste el motivo del nacionalismo vasco para no apoyar el sí a la Constitución y la causa del actual diferendo sobre el nuevo estatuto catalán, cuestionado por el PP al incluir el término nación. El caso sigue en el Tribunal Constitucional, aunque fuese aprobado en referendo y ratificado por las cortes generales.

La llamada apertura política quedó en manos del franquismo y sus aliados. En él coexistían liberales, socialcristianos, conservadores, republicanos, antimonárquicos o nacionalistas. Su lazo de unión era el anticomunismo. Ninguno de ellos albergaba convicciones democráticas. Por tanto, para entender el régimen nacido del posfranquismo debemos considerar la siguiente premisa: no todo lo que lucha contra una dictadura fascista es democrático. Ha sido esta circunstancia lo que lleva a grandes equívocos en la actualidad. No se puede hacer virtud de la necesidad.

Por otro lado, la guerra civil seguía y continúa siendo un argumento para limitar y frenar los cambios democráticos. ¿Cómo si no entender la negativa a juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los 40 años de dictadura fascista? El miedo se utilizó y utiliza como arma arrojadiza. Se debe buscar la reconciliación y olvidar el pasado. Borrón y cuenta nueva. Franco y sus alzados ganaron la guerra civil y no es posible cuestionar su triunfo. Más aún si sus resultados han traído el bienestar a la patria.

Una sociedad desmovilizada y con miedo era y es fácilmente manipulable. El franquismo social anidaba y persiste en la cabeza de no pocos españoles. Franco no crea fobias. Su imagen se asocia a la de un viejito bonachón cuyo esfuerzo estuvo dirigido a buscar el bienestar de sus conciudadanos. No en balde la España rural, pobre y caciquil de los años 40 y 50 cedió su lugar a un país urbano, industrializado, de clases medias, en el cual impera la democracia orgánica. Los ideólogos del régimen atribuyeron los logros al desinteresado esfuerzo de su caudillo. Solamente había un requisito para vivir en paz: "no se meta usted en política", vivimos una democracia orgánica. Más demócrata que Franco, ninguno.

Esta iconografía del tirano como un hombre de Estado absorto en cuerpo y alma al servicio de España se proyecta en la actualidad en quien fuera uno de sus más cercanos colaboradores, Manuel Fraga Iribarne. Durante el franquismo fue director general de organismos públicos, ministro de Información y Turismo, embajador y académico. Su carrera continuó en el primer gobierno de la monarquía ocupando el cargo de ministro del Interior. Como tal ejerció una brutal represión contra los demócratas provocando decenas de muertos, presos y detenidos. Allí acuñó su frase "la calle es mía". Posteriormente funda Alianza Popular. En 1977 es elegido diputado, formando parte de la comisión redactora de la constitución. Eurodiputado en 1987, también fue tres veces presidente de la Xunta de Galicia, votado por mayoría absoluta de sus paisanos. Hoy es senador y presidente de honor del Partido Popular. Al referirse a Franco apostilló en 2008: "...con Franco siempre era posible entenderse. A pesar de todo, era un hombre muy inteligente...". Asimismo considera "insultar la historia de España" el retirar los bustos o imágenes del dictador de pueblos, ciudades e instituciones públicas. Pero su historial no importa. Para millones de españoles Fraga es un perfecto demócrata. Es, de igual forma, querido, respetado y venerado. Cuando muera seguramente habrá luto nacional y tendrá funerales de Estado.

Durante la "transición" Fraga fue un referente para los poderes fácticos. Sus palabras no caían en el vacío. En medio del proceso constituyente sintetizó magistralmente los términos del debate dejando claro que tras la apertura política no habría ruptura democrática, sino una reforma al propio interior del régimen. No había qué temer. Quienes mandaban lo seguirían haciendo con el visto bueno del PSOE y el PCE, y la alternancia se barajaba como parte del juego político. El mensaje tranquilizó a las fuerzas armadas y las aguas volvieron a su cauce. Suárez dejó de ser considerado un traidor. Unión de Centro Democrático ganará las dos primeras elecciones. La oposición de izquierda, liderada por el PSOE y en menor medida por el PCE, sucumbía. Domesticada y transformada en defensora de la monarquía, sus líderes, Felipe González y Santiago Carrillo, consintieron implícitamente una ley de punto final. Fraga tendría razón, el régimen franquista logró sobrevivir en otro cuerpo. Cuando los demócratas alertaban de los límites del cambio y eran conscientes de la claudicación del PCE y el PSOE, de las reivindicaciones republicanas, Manuel Fraga Iribarne salió en su defensa. Asimismo, cuando la derecha social pedía explicaciones y no entendía por qué había que desmontar el franquismo, Fraga aclaró: "no estamos en presencia de una ruptura democrática, emprendimos un camino de reformas, apuntillando, y sólo se reforma aquello que se desea y quiere preservar".

La transición fabricó un traje a la medida para que la derecha gobernara y la izquierda domesticada pudiera hacerlo sin sentirse incómoda. La derecha unió todos los retales del franquismo formando el Partido Popular y la izquierda mutó de lobo feroz a manso corderito. El gatopardismo se hizo carne. En España todo cambió, pero sus cimientos fascistas no se tocaron. Hoy, el traje está pasado de moda y deshilachado, nuevas luchas democráticas cuestionan su hechura. ¿Será la hora de nuevos sastres y de un traje democrático?

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viernes, 16 de abril de 2010

Así Se Prepara una Celada

Hace un par de semanas compartíamos con ustedes un par de textos con respecto a una nota publicada en Reforma que a todas luces indica que en algún lugar el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. De eso nos habla este texto publicado en La Jornada:


Gilberto López y Rivas
 
Son muchas las interpretaciones sobre la maniobra mediática a que se prestó el periódico Reforma a finales de marzo, cuando publicó un documento supuestamente entregado por un "desertor" del EZLN, en el que se hacen "revelaciones" –ya dadas a conocer infinidad de veces– sobre la estructura de la organización, armamento, ubicación territorial de sus mandos y sus presuntas fuentes de financiamiento, entre las que destacaría una del País Vasco, que de forma igual de maniquea se presenta como proveniente de ETA.

Fue tan burdo todo el tinglado propagandístico montado por los llamados servicios de inteligencia, en este caso, la sección segunda del Ejército, que no tardaron los desmentidos y las refutaciones: la fotografía del supuesto subcomandante Marcos sin capucha, a quien el desertor-sin-nombre-ni-rostro debiera conocer muy bien, resultó ser la de un cooperante italiano.

Cualquier periodista medianamente informado y sin conexiones con Sedena conoce la candente polémica epistolar que protagonizaron el vocero del zapatismo y ETA al inicio de 2003, en la que esta última afirmó: "Tenemos serias dudas sobre la verdadera intención de la propuesta de diálogo en la isla canaria de Lanzarote que usted hizo. Nos parece más bien que se trata de una maniobra desesperada para atraer la atención internacional instrumentalizando para ello el eco de todo lo que tiene que ver con el conflicto vasco, especialmente en el Estado español. La manera pública, sin consulta previa, en la que usted ha realizado esta propuesta refleja una profunda falta de respeto hacia el pueblo vasco y hacia todos los que desde sus organizaciones estamos luchando de una u otra forma por la libertad".

Marcos respondió: “Veo que tienen sentido del humor y que nos descubrieron: nosotros los zapatistas, que nunca hemos tenido la atención de la prensa nacional e internacional, quisimos ‘usar’ el conflicto vasco que, como es evidente, tiene buena prensa de sobra. Es más, desde el día en que nos referimos públicamente a la lucha política en Euskal Herria, los comentarios positivos sobre los zapatistas, en la calle y en la prensa nacional e internacional han ido en ascenso. Respecto a que no quieren ser parte de ningún tipo de ‘pantomima’ u ‘opereta’, lo entiendo. A vosotros os gustan más las tragedias… Además no tenemos ni los medios ni el interés ni la obligación de ‘consultar’ a ETA antes de hablar. Porque los zapatistas hemos conquistado el derecho a la palabra: a decir lo que nos venga en gana, sobre lo que nos venga en gana y cuando se nos venga en gana. Y para eso no tenemos que consultar ni pedirle permiso a nadie. Ni a Aznar ni al rey Juan Carlos ni al juez Garzón ni a ETA…

“Lo de que le hemos faltado el ‘respeto al pueblo vasco’ es algo de lo que también nos acusó Garzón (el cual, en consecuencia, debe autodeclararse ilegal, por coincidir con ETA en sus planteamientos) y toda la derecha hispana y vasca. Debe ser porque el proponer darle una oportunidad a la palabra contraviene los intereses de quienes, desde posiciones aparentemente contrarias, han hecho de la muerte de la palabra su negocio y su coartada. Porque el gobierno español mata la palabra cuando ataca al idioma vascuense euskera o lengua navarrorum, cuando hostiga y encarcela a los periodistas que ‘osan’ hablar del tema vasco incluyendo todos los puntos de vista, y cuando tortura presos para que confiesen lo que le sirva a la ‘justicia’ hispana. Y ETA mata la palabra cuando asesina a quienes la atacan con palabras, no con armas”.

Cito en extenso estas argumentaciones para calibrar la desmemoria inducida o la ignorancia política de los redactores del informe-del-desertor, que antes de conectar ambas organizaciones no hicieron su tarea para que el infundio tuviera algunos visos de realidad. Pero si los organismos de inteligencia castrenses no llevaron a cabo su trabajo, mínimamente como intentaron hacer sus pares colombianos para el caso de las computadoras milagrosas del finado Raúl Reyes, los lectores esperan que ese documento del ausente desertor, ahora encumbrado a ex dirigente, pudiera haber sido confrontado por los directivos de Reforma en cuanto a su origen real, congruencia de su argumentación, verificación de fuentes, opiniones de analistas "independientes" y también de los "cercanos al zapatismo", etcétera; o sea, lo que es un trabajo periodístico profesional y ético, lo cual, ciertamente, es mucho pedir en estos días.

No obstante, lo importante en denunciar esta complicidad medios-servicios de inteligencia estriba en preguntar: ¿qué propósitos existen detrás de esta puesta en escena? Uno obvio y evidente es identificar al EZLN dentro de las organizaciones relacionadas con el "terrorismo", y en consecuencia intensificar la guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas enfrascadas en los procesos autonómicos de mandar obedeciendo, y particularmente, justificar políticamente incursiones militares contra la dirigencia zapatista.
Estas estratagemas mediáticas coinciden con el aumento de la acción paramilitar y de inteligencia en Chiapas, inherentes a la contrainsurgencia, y con la complicidad y protagonismo del gobierno estatal en ese acoso, denunciado innumerables veces por las autoridades autónomas zapatistas.

No se equivoquen: hoy, como ayer, los zapatistas no están solos; sobre todo en un contexto de deterioro total de las instituciones, de una presidencia usurpada y responsable de la peor crisis generalizada que haya sufrido la República desde el porfiriato; con la guerra sucia y la violencia generalizada en calles, retenes y carreteras en las que se asesina impunemente, mientras lo poco que queda de país se remata en subasta pública por los vendepatrias que afirman gobernar.

Agradecemos a Gilberto López y Rivas el recordarle al público mexicano el asunto aquel de Garzón y como fue dimensionado en aquel intercambio epistolar. Pero también deseamos recordarle a él que el EZLN en febrero de 2006 y en pleno recorrido de la Karavana del Delegado Zero para dar a conocer la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña, el Subcomandante Marcos terminó por pedir una disculpa al pueblo vasco:

-Bueno probando a ver si estamos al aire. Este es Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, trasmitiendo desde las montañas del Sureste Mexicano, estamos interrumpiendo la transmisión de Hala Bedi Irratia en el País Vasco, para mandar un saludo a todos los radioescuchas, hombres, mujeres, niños y ancianos del País Vasco, nuestros hermanos en la lucha por la liberación y el reconocimiento de los derechos de los pueblos, queremos invitarlos a todos, además de felicitarlos por su cumpleaños, 20 años, por sus 20 años de estar transmitiendo como Radio Libre, queremos invitarlos a que participen en todo lo que se está levantando a nivel internacional con la VI Declaración, no estamos diciendo como se va a hacer, estamos invitando a la gente que opine, que participe, que proponga y ya entre todos saquemos un acuerdo de por dónde va a ir este gran encuentro para ver cómo enfrentamos a los ricos y poderosos.
Por eso, aprovechamos también este medio de Hala Bedi Irratia para mandar una disculpa sincera de mi parte a todo el pueblo vasco, por nuestra torpeza, mi torpeza personal, cuando tratamos de promover ahí una instancia en el País Vasco con los ataques que sufren.

Por que al final de cuentas, este tipo de polémicas causadas por medios informativos dirigidos por gente de nula ética y pocos escrúpulos lo que buscan es atacar al internacionalismo solidario. No importa cuantas idioteces publique Reforma o Milenio, el pueblo vasco seguirá apoyando al EZLN, así como apoya las luchas de liberación de los palestinos, los mapuches, los saharauis, los kurdos y un largo etcétera.



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jueves, 15 de abril de 2010

Franquistas Contra "Demócratas"

Bueno, ya lo decíamos ayer, todo este asunto del juez clown Garzón trae de cabeza a propios y extraños. Para muestra, lo descrito en este texto de Maite Soroa publicado en Gara:
 
Maite Soroa
 
Otra vez con Garzón a vueltas

No les digo nada nuevo si aseguro que me importa muy poquito lo que le puedan hacer a Garzón sus compañeros de toga y puñetas, pero resulta curioso ver cómo se retrata la prensa hispana ante su procesamiento y el acto de solidaridad convocado en la Complutense de Madrid.

El editorialista de «La Razón» estaba que fumaba en pipa: «Lo sucedido ayer en la Complutense, con su rector a la cabeza, es un linchamiento en toda regla, incompatible con la democracia, un episodio bochornoso de quienes tratan de impedir el recto funcionamiento del Estado de Derecho. Que el PSOE lo apoye y el Gobierno lo aliente es de enorme gravedad».

Y ¿qué pasó en la Complutense? Lo denunciaba así el editorialista de «El Mundo»: «Pintaron una España irreconocible, con un enemigo inexistente -el franquismo- que a su entender no ha dejado de mover los hilos en nuestro país desde la muerte del dictador. Cándido Méndez aseguró que Garzón es 'víctima de los franquistas' e identificó a los 'demócratas' con los partidarios del juez. Fernández Toxo abonó la idea de que no ha existido una verdadera ruptura con el pasado y pidió 'una gran iniciativa ciudadana' que desemboque en una transición ética». Pues no estaría mal, la verdad.

También el editorialista de «El Diario Vasco» y «El Correo Español» protestaba: «La actuación del Tribunal Supremo podrá ser objeto de crítica, incluso de una querella también por prevaricación contra los magistrados Varela y Saavedra, como la presentada por dos asociaciones de víctimas del franquismo. Pero en ningún caso debe conducir a un juicio de intenciones que acabe desacreditando al Poder Judicial». Y es que a algunos no les interesa que se remueva el pasado.

La otra cara de la moneda la dibujaba «El País», que se refería a la iniciativa del Tribunal Supremo para explicar a la prensa internacional cómo está lo de Garzón: «que la Sala Segunda del Supremo tenga que recurrir a fórmulas tan esotéricas y extrañas a la jurisdicción como una reunión informativa sólo se explica, además, si sus autos y decisiones sobre el juez Garzón son poco claros y plantean problemas de compresión a todos, a extranjeros y a españoles». Lo dicho: a mí, plín.


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miércoles, 14 de abril de 2010

Alvarez-Solís: El Averiado Estado de Derecho

Este texto (bastante aclaratorio) ha sido publicado en Gara:
 
Antonio Alvarez-Solís | Periodista

El averiado estado de Derecho

La sentencia plenamente exculpatoria que acaban de firmar los tres magistrados de la Audiencia Nacional que han entendido en el cierre del diario «Egunkaria» conlleva necesariamente ciertas reflexiones sobre el estado de Derecho en España. Una serie de comentarios, ahora edulcorados, sobre esta decisión judicial sirven de escandaloso eco acerca de ese estado de Derecho. ¿Existe realmente en plenitud un estado de Derecho en España? De entrada, no. Rotundamente, no. No está en la conciencia de los gobernantes. No hay moral de estado de Derecho. La autocracia constituye aún el distintivo histórico de la gobernación de Madrid.

Por tanto, y aparte de felicitarnos por esta rotunda sentencia, que no repara en plenitud, ni mucho menos, los inmensos daños hechos, conviene aclarar ciertos puntos de la situación jurisdiccional en que vivimos y que ha sido cínicamente glorificada, una vez más, por políticos que manejan con infinita desenvoltura el control de la guillotina al politizar cotidianamente la administración de justicia.

Veamos tres ejemplos de esa torticera glorificación. Empecemos por don José Antonio Pastor. Dice el Sr. Pastor que «se cierra definitivamente un episodio que nunca debería haberse producido» y que demuestra que «la justicia en España funciona» y que estamos en «un Estado garantista«. En primer lugar, no se puede, en recta moral de justicia, afirmar que el caso «se cierra definitivamente». Ni mucho menos.

España, y el Sr. Pastor es un español muy representativo, es especialista en justificaciones a la vista de la autopsia. Jamás se plantea por qué el muerto está sobre la mesa. Lo que apareja que siga matándose física, moral o políticamente. Ante el muerto no se pueden decir ciertas cosas, como confesar el homicidio y declarar zanjado el asunto mediante el reconocimiento de una autoría equivocada. Conocí a un cazador gallego que disparó mortalmente contra un loro y que al escuchar la última queja del ave en lenguaje humano se limitó a disculparse con una frase ejemplar: «Perdón, creí que era un pájaro».

Cuando se tiene una escopeta entre las manos, que en eso consiste radicalmente el poder, hay que medir previamente las correspondientes responsabilidades. Y para redondear la liviana postura del Sr. Pastor, éste llega a una conclusión que suscita una amarga carcajada: la sentencia de que hablamos «demuestra que la justicia funciona en España» y que vivimos en «un Estado garantista». Sr. Pastor, eso no puede usted decirlo en público sin abofetear la conciencia pública y la razón moral. Las garantías, Sr. Pastor, han de funcionar previamente, han de prever con delicadeza y han de aplicarse con un elevado espíritu de equidad. Al muerto del que al principio hablábamos no le consuela nada que le reconozcan como asesinado.

O sea, que ni la justicia funciona en España -basta ya de reparar iniquidades en vez de evitarlas a su debido tiempo- ni el Estado facilita más garantías de las que quiera conceder la Guardia Civil o la policía de turno, que operan como la Reina Católica, que con una mano blandía la espada y con la otra hacía bodoques, según dicho popular de su tiempo. Sr. Pastor ¿para qué clase de imbéciles cree usted que habla?

Y ahora añadamos las perlas enhiladas en la situación por don Leopoldo Barreda, que se apunta con prontitud al espíritu electoral. Dice el Sr. Barreda -y Alá es más grande, como rezan los musulmanes cuando vienen tuertas- que en la resolución absolutoria «se puede apreciar» que «estamos ante un estado de Derecho», con un «régimen jurídico garantista». En la resolución pueden apreciarse muchas cosas importantes, pero como dice el mismo Sr. Barreda, no hagamos «interpretaciones sesgadas de la sentencia».

La resolución demuestra que el poder puede en España barrer con vidas y haciendas y luego dar unas explicaciones históricas hirientemente democráticas, como intentan ahora facilitar esos políticos, parte de los cuales parecen preparar por fin un aterrizaje de emergencia ante la cita electoral, frente a la que miles de vascos estarán impedidos para votar, si la situación sigue como ahora, por esa cinta habitual en los escenarios conflictivos: «No pasar. Policía o Guardia Civil». Finalmente el Sr. Barreda cree que este inmenso entuerto se debe a «la actitud errática» de la Fiscalía, que realmente ha sostenido una postura de no incriminación desde la apertura del juicio oral, si mi memoria no me traiciona.

Y por último, Lakua. Lakua no podía permanecer callada con el saco de «Egunkaria» sobre sus espaldas. Pero ¿qué podía decir Lakua? Pues quedarse en los alrededores del asunto, en lo que ligado a otras situaciones conocidas llaman el entorno. Lakua se ha felicitado por la absolución, pero ha advertido que «la protección eficaz de los derechos fundamentales y las libertades públicas exige una respuesta de los tribunales más ágil y pronta». ¡Muy bien dicho! Pero lo que verdaderamente exigen los derechos fundamentales es que no se conculquen con esa prisa que luego cesa como la sed satisfecha. El cinismo de la retórica gubernamental, sea en el Madrid sempiterno o en la actual Gasteiz, resulta, además de descarado e hiriente, de un infantilismo que nos estremece, ya que uno cavila cotidianamente en qué clase de manos estamos.

Celebremos, pues, la sentencia, pero ahí queda instalado sin corrección alguna, y agazapado tras su postura comprometida con los fascistas acusadores, todo ese cortejo reaccionario que impide a España dar en cualquier tiempo un solo paso derecho hacia un inmediato futuro simplemente normal. Renunciemos a esa frase falsamente atribuida a don Luis Mejía en el «Tenorio» de «que los muertos que vos matáis gozan de buena salud». Aquí los muertos, en toda la validez metafórica de la palabra, son muertos verdaderos y no gozan, según se pretende, de más paisaje que el de su buscada impotencia o resignación. Presunta impotencia, presunta resignación. Porque ¿creen los autores del dislate monumental que existe tal impotencia o resignación? Asómense los segadores de derechos al balcón y verán abajo una multitud vasca que mantiene altas sus banderas. ¿Y acaso esa multitud va a resignarse a que la hieran una y otra vez?

No se puede pasar página con tanto desparpajo. Ante todo, porque cuando se declara injusto todo un proceso de suspensiones y cárcel hay que reponer, material y moralmente, en sus derechos a quienes han sufrido el agravio, entre los que se encuentran no sólo los afectados, algunos con denuncia de tortura, sino todos los vascos que leían el periódico destruido y que comulgaban con su honrada y espléndida línea editorial. Ante los hechos acontecidos se puede reclamar la frase del Sr. Fraga «la calle es mía», para esos vascos que bien pueden decir cosa tal, sin rubor, apoyados por la realidad de la soberanía que poseen en propiedad y que ha sido conculcada con violencia tan inaudita.

No se trata, sin embargo, de hablar de violencia alguna más -basta ya de violencias- sino de rebobinar la historia, en este caso tan próxima, para que la política sea restablecida en toda su extensión de libertad y creación. El reconocimiento del atropello cometido con «Egunkaria» abre la puerta para reclamar ante muchas otras injusticias que se han añadido a la historia vasca en los últimos tiempos. Pacificar, normalizar...

Pero esto no puede hacerse si los corifeos del atropello insisten en presentar la sentencia como una manifestación de la normalidad que caracteriza a la vida pública vasca. La vida vasca no es normal. Quizá necesite jueces con la voluntad de razonar serena y justamente, quizá; pero lo que precisa son otros políticos y otra política, tanto en España como en Euskadi.

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Nada Cambia

Garzón, el juez represor estrella, podrá estar en problemas y fuera de circulación temporalmente, pero la represión en contra del pueblo vasco sigue a paso de ganso por toda la geografía de Euskal Herria, y como Fernando Grande-Marlaska no cree en eso de poner a remojar las barbas, mueve ficha para ganar el favor de la casta divina española como reemplazo del "caído de gracia". Esta nota ha sido publicada en todos los diarios de Euskal Herria en las últimas horas, se las traemos vía Gara para evitar el sesgo cipayo de los otros medios:
 
La Guardia Civil detiene a diez personas, entre ellas tres abogados, en Bizkaia y Gipuzkoa

La Guardia Civil ha detenido a los abogados Jon Enparantza, Iker Sarriegi y Arantza Zulueta, en Hernani y en Bilbo, donde también han sido apresados Naia Zuriarrain y Erramun Landa, según Europa Press. En Gernika ha arrestado, además, al responsable de LAB Arrantza, José Luis Gallastegi, en Sopela a Saioa Agirre, y en Donostia a Juan Mari Jauregi y a Asier Etxabe, según Efe y Europa Press, que ha dado cuenta de la detención de Joxe Domingo Aizpurua en Usurbil.

Los abogados Jon Enparantza e Iker Sarriegi han sido detenidos en Hernani, mientras que la también letrada Arantza Zulueta ha sido arrestada en Bilbo, al igual que Naia Zuriarrain y Erramun Landa Mendibe, según la agencia Europa Press. La Guardia Civil está registrando el despacho de Zulueta, en la calle Elkano de Bilbo, y el de Enparantza y Sarriegi, en Hernani.

Sobre las 12.00 horas, la Guardia Civil ha llegado al despacho de Zulueta, donde ha detenido a la abogada y a la ex presa Naia Zurriarrain, que trabaja allí, y ha mandado salir al resto de personas que se encontraban en la oficina.

Ocho patrols del cuerpo militar, efectivos de la Ertzaintza y de la Policía Municipal han cerrado la calle Elkano, a donde las cámaras han llegado antes que la propia Guardia Civil, mientras registran el despacho de abogados.

También están inspeccionando el domicilio familar de  Zurriarrain en Botika Vieja, en Deustu, y la vivienda de Zulueta en Lemoiz.

Además, en Gernika ha sido arrestado pasadas las 12.30 José Luis Gallastegi Lagar, responsable de la sección Arrantza de LAB. Según ha podido saber GARA, guardias civiles de paisano han entrado en la sede del sindicato abertzale y se lo han llevado sin enseñar la orden de detención. Le han dicho que está acusado de "colaboración".

Poco antes de las 13.00 se ha producido la detención de Saioa Agirre Arauko en la escuela Zipiriñe de Sopela. La vecina de Zornotza estaba impartiendo clase a niños cuando agentes de la Guardia Civil han llegado al centro para hablar con la joven "por un tema personal".

En un principio y ante las preguntas de responsables del centro han asegurado que no portaban orden alguna. Ante la insistencia de los efectivos del cuerpo militar de ver a Agirre cuanto antes, pese a que quedaban diez o quince minutos para finalizar la clase, la directora y otros trabajadores han acudido al aula de tres años donde estaba la joven.

Al comunicarle que los guardias civiles no tenían orden de detención, la joven se ha negado a salir. Ha sido entonces cuando los militares han señalado que sí tenían el requerimiento judicial, pero han mantenido su negativa a explicar las razones y han reclamado la presencia de Agirre, que ha salido de la clase.

Tras mostrarle la orden de detención, la joven ha recogido su bolso y ha abandonado Zipriñe Ikastetxea sobre las 12:50-12:55 horas.

La joven fue retenida en Aulestia y trasladada por la Guardia Civil a un monte a finales del pasado año. Fue sometida a interrogatorio y le trasladaron que "algún día iba a tener un susto":

Europa Press ha dado cuenta del arresto de Juan Mari Jauregi Zalakain en Donostia. La Guardia Civil le ha detenido en su casa de Egia, que están registrando. Jauregi, afiliado de LAB del sector de Banca, está jubilado.

También en la capital guipuzcoana han detenido a Asier Etxabe Azkue, según ha indicado Efe.

En Usurbil ha sido arrestado Joxe Domingo Aizpurua, según ha difundido Europa Press, señalando que con este arresto se da por concluidas las detenciones ordenadas por el juez Fernando Grande Marlaska.

Aizpurua recuperó su libertad el pasado 11 de diciembre, tras cumplir la condena impuesta por los tribunales franceses.

La operación ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska, quien acusa a los arrestados de "integración" o "colaboración con organización terrorista", de acuerdo con Efe. En concreto, esta agencia afirma que les imputa haber servido de correo a la organización armada y "gestionar la huida de miembros de la banda, entre otros delitos".

Según la agencia Europa Press, que cita fuentes policiales, la operación tiene su origen en supuestas informaciones policiales recabadas tras las detenciones de cuatro militantes abertzales en la ciudad de Burdeos en mayo de 2008. Basándose en esos mismos documentos fue detenido, entregado al Estado español y encarcelado el abogado Joseba Agudo. La citada agencia indica que las detenciones practicadas hoy guardan relación con ese arresto.
 
¿Serán absueltos dentro de siete años después de haber sido torturados, obligados a pagar altas sumas como rescate y condenados a largas horas de espera en "prisión preventiva?

Recordemos que todos estos acontecimientos se están dando después de la declaración de Bruselas por parte de Nelson Mandela y un grupo de mediadores internacionales. Los españoles pues actúan con soberbia e impunidad ante la pasividad de la comunidad internacional.
 
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Lecciones del Caso Egunkaria

Tanto en el estado español como en algunos lugares de Sudamérica hay movilizaciones para arropar a Baltasar Garzón a quien hasta las Abuelas de la Plaza de Mayo consideran una víctima del fascismo español. Olvidan que durante décadas le han llamado a España con el mote de "la joven democracia" y que insisten a calificar al periodo en que ha gobernado el franquista Juan Carlos Borbón como "la transición modélica". Pues bien, esa misma "joven democracia" que incluyó un pacto de impunidad como parte de "la transición modélica" a los pueblos del estado español es la que ahora ha decidido sacrificar a uno de los suyos en aras del continuismo, del "cambiar algo para que no cambie nada", del "atado y bien atado".

Pues bien, esos seres tan bien intencionados y progres olvidan (convenientemente) que Baltasar Garzón es un represor tan canalla como cualquier otro represor del franquismo, el pinochetismo o de las brutales dictaduras militares que han asolado a países como Argentina, Uruguay o Paraguay. A ellos les recordamos que tanto Baltasar Garzón como del Olmo, Grande-Marlaska y Murillo no son mas que jueces de bolsillo para la casta divina española, que los usa a placer y que a veces, como en el caso de Garzón, los deshecha. Para muestra, el caso Egunkaria, del cual nos habla esta nota publicada en La Jornada.
 
Armando G. Tejeda

Los cinco directivos absueltos del periódico Euskaldunon Egunkaria manifestaron su alegría por estar frente al "principio del fin" de esta "pesadilla", pero al referirse al cierre del rotativo subrayaron que "el mal está hecho", pues unas 150 personas se quedaron sin trabajo y algunos de los detenidos aún padecen las secuelas de las vejaciones, torturas y el desgaste emocional de siete años de proceso.

Martxelo Otamendi, Xabier Oleaga, Iñaki Uria, Txema Auzmendi y Joan Mari Torrealdai fueron procesados durante siete años después que un comando de la Guardia Civil irrumpió en sus casas una madrugada y los detuvo bajo el cargo de la supuesta vinculación de su periódico y de ellos con la estructura de la organización armada vasca ETA.

La Audiencia Nacional emitió ayer un fallo absolutorio, y cuestionó el proceso desde su origen.

Los periodistas absueltos señalaron: "estamos ante una sentencia de gran relevancia, ya que además paraliza la estrategia de los grupos de extrema derecha, como Dignidad y Justicia, o del Partido Popular (PP) de criminalizar al conjunto del nacionalismo vasco".

"Necesitaban una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional para rematar la jugada, justificar todo lo anterior y encaminar una futura jurisprudencia que pusiera en vía de criminalización el conjunto de la actividad ligada al euskara, y no lo han conseguido".

Recordaron que aún está pendiente la pieza económica, en la que se solicita por parte de la acusación popular hasta 26 años de prisión y 33 millones de euros de indemnización para algunos de los encausados.

La pregunta es, con excepción de las Abuelas de la Plaza de Mayo, ¿cuantas movilizaciones organizaron Almodóvar y compañía cuando se cerró el Euskaldunon Egunkaria y se torturó a sus colaboradores?

¿No saben acaso que Garzón ha sido uno de los máximos propulsores de la criminalización de todo lo vasco?

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Una Mirada al Juez Clown

Hace unos días publicamos en otro foro una frase que rezaba así:
"Le deseamos a (Baltasar Garzón) el mismo tipo de 'justicia' que él le ha proporcionado a los independentistas vascos, desde los cinco días de incomunicación hasta la Doctrina Parot. Ni más, ni menos"

Un amigo de la izquierda mexicana reaccionó extrañado, comentando que muchos de sus conocidos se solidarizaban con Garzón. Le contestamos con un pormenorizado de las acciones que ha llevado a cabo Garzón en contra de individuos y colectivos vascos, acciones que lo colocan en el largo listado de represores que a lo largo de la historia se han caracterizado por cebarse en los activistas vascos, tanto los que luchan por la defensa de la cultura vasca (el euskara en específico) como los que defienden el derecho a la autodeterminación contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU del cuál el estado español es signatario.

Pues bien, hoy en La Jornada se ha publicado esta editorial con respecto a Garzón:
 

El proceso por prevaricación que el Tribunal Supremo de España inició contra el juez Baltasar Garzón ha puesto al descubierto la honda fractura social que divide a España a 79 años de proclamada la II República Española, a 71 de concluida la guerra civil, y a 35 de la muerte de Francisco Franco. Ante el empeño del magistrado Luciano Varela de impedir a toda costa las investigaciones de Garzón en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, diversas organizaciones sindicales y personalidades de izquierda se reunieron en el anfiteatro Santiago Ramón y Cajal de la Universidad Complutense de Madrid para repudiar el proceso, señalar que "juzgar al franquismo no es delito" y, en una escena un tanto insólita, desplegar una bandera republicana con la frase "Viva Garzón". Por añadidura, en el encuentro se acusó a los integrantes del Tribunal Supremo de haber sido cómplices de las torturas perpetradas durante la dictadura de Franco.

La polémica en torno al caso ha trasminado la vida política –de por sí judicializada a causa del caso Gürtel, una trama de corrupción en la que están implicados decenas de dirigentes del Partido Popular, opositor de derecha– y ha trascendido ampliamente las fronteras españolas: desde Argentina, y en apoyo al juez impugnado, dos abogados defensores de derechos humanos, Beinusz Smukler y Carlos Slepoy, anuncian el inicio de querellas legales debido a asesinatos cometidos por el fascismo español durante la guerra civil; en tanto, The Wall Street Journal y The New York Times polemizan, uno en contra y el segundo en favor, del magistrado de la Audiencia Nacional española.

El proceso contra Garzón pone en tela de juicio la institucionalidad emanada de la transición posfranquista y las cuentas pendientes de la democracia española: su omisión de un esclarecimiento histórico de los crímenes perpetrados por el antiguo régimen, la inclusión de corrientes fascistas en la vida democrática –como los propios jueces del Tribunal Supremo que ahora sientan a Garzón en el banquillo de los acusados– y la continuación, en plena democracia, de la brutalidad policial y represiva que caracterizó al franquismo.

Personaje lleno de contrastes y claroscuros, Baltasar Garzón es un protagonista emblemático de esa ambigüedad: sería necio desconocer el trascendente papel del magistrado en los avances internacionales de la justicia para casos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, su participación centralísima en la detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, su contribución en el esclarecimiento y el castigo de las atrocidades cometidas por los dictadores militares argentinos, su oposición frontal a la participación del gobierno de José María Aznar en la devastación de Irak, encabezada en 2003 por el gobierno de George W. Bush, y su decisión de dar cauce a la investigación penal de los crímenes franquistas. Por esas actuaciones destacadas –y no son las únicas–, el juez español merece un reconocimiento histórico.

Pero esa trayectoria positiva tiene otras caras. La más deplorable es la del perseguidor implacable y arbitrario de la lengua y la cultura vascas en nombre de la lucha antiterrorista. Ahora que la justicia española ha reconocido que el juez Juan del Olmo cometió un atropello en 2003 al ordenar el cierre y la liquidación del diario Euskaldunon Egunkaria, único escrito íntegramente en euskera e injustamente acusado por el gobierno aznarista de ser una fachada de ETA, cabe recordar que, años antes, Garzón hizo otro tanto, y en forma igualmente injustificada, con las publicaciones Egin y Ardi beltza, y que incluso llegó a perseguir judicialmente al coro musical Euskaria, al que acusó de vínculos con la banda armada. En este contexto, se ha señalado que Garzón permitió torturas contra vascos acusados de terrorismo y que nunca atendió las denuncias correspondientes.

Una tercera faceta de Garzón es la del eterno conspirador político, ya contra el PSOE –partido del que fue candidato y funcionario en uno de sus gobiernos–, ya contra el PP. Las malogradas ambiciones políticas del magistrado lo llevaron, al parecer, a ser un factor de poder en las sombras, en el de por sí complejo panorama partidista de la España contemporánea.

A lo anterior debe sumarse la inmoderada afición del juez por los reflectores y los primeros planos mediáticos, lo que, con frecuencia, ha socavado sus propias causas y ha violentado el principio de que la justicia, para ser eficaz, debe ser discreta y ajena a personalismos.

Por lo demás, la causa iniciada por el Tribunal Supremo contra Garzón es una aberración que evidencia hasta qué punto el fascismo sigue vivo e incrustado en la moderna institucionalidad española.
 
Pues bien, nosotros decimos que Baltasar Garzón ha dedicado su carrera a fortalecer ese fascismo que sigue vivito y coleando en la "moderna institucionalidad " del estado español, y que uno cosecha lo que uno siembra.
 
Y para recordad la cobardía de este personaje baste recordar aquel reto que le lanzó al Subcomandante Marcos, mismo del cual se detractara cuando este último se lo aceptó.
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martes, 13 de abril de 2010

Comunicado Desde Venezuela

Hemos recibido este comunicado por correo electrónico, lo ponemos a disposición de nuestros lectores:
 
Este comunicado fue leído integralmente el lunes 12 Abril en el programa “Palabra y Media” del Canal Informativo de Radio Nacional de Venezuela.



Favor difundir

 

 

COMUNICADO DEL COLECTIVO DE REFUGIADOS Y DEPORTADOS POLÍTICOS VASCOS A LA SOCIEDAD VENEZOLANA

Desde hace más de un mes venimos sufriendo una campaña de acoso mediático desatada por la prensa española que lamentablemente ha tenido eco en diversos medios de comunicación venezolanos. Decimos lamentablemente porque estos medios se han dedicado a la labor de dar por buena la información que venía del estado español y por activa, queriéndolo o no, se han convertido en correa de transmisión de una de las campañas mediático-represivas más duras que hemos sufrido en los últimos veinte años.

Ante los hechos ocurridos durante estas últimas semanas el Colectivo de Refugiados y Deportados Políticos Vascos en Venezuela quiere hacer llegar al pueblo venezolano las siguientes reflexiones:

1.           La campaña mediática desatada por la prensa reaccionaria española, haciéndose eco de un sumario instruido por el juez fascista Eloy Velasco no fue el principio de la campaña de acoso contra nuestro Colectivo, sino que fue la continuación de una campaña desatada a finales del año 2009 por el Ministerio del Interior español a través de la embajada española en Caracas. Desde entonces  policías españoles se han dedicado a “visitar” las dependencias del CICPC en Caracas con la intención de “montar una olla mediática” contra nuestro Colectivo, intentando involucrar  también a miembros de la comunidad vasca. En más de una ocasión los propios funcionarios del CICPC han manifestado a alguno de estos compatriotas su “malestar por las continuas visitas de un funcionario policial español que presionaba exigiendo resultados en una investigación que no tenía ningún sentido”. 

2.           El fracaso de esa “investigación” (hasta los momentos, dado que funcionarios policiales españoles siguen insistiendo en ella) por no prestarse para ello los funcionarios del CICPC; dio paso a la campaña mediático-policial desarrollada durante estas últimas semanas con la que, intentando convertirse en un actor más de la política nacional venezolana, el gobierno español desató una “caza de brujas” con dos intenciones claras: Por un lado crear una matriz de opinión nacional e internacional contra el gobierno venezolano y por otro colocar una vez más a compañeros nuestros en el punto de mira represivo para así justificar acciones posteriores  contra nuestro Colectivo.

3.                Dentro de esta vorágine mediático-represiva desatada por el gobierno español es donde situamos la expulsión del compañero Walter Wendellin, miembro de la izquierda abertzale (izquierda revolucionaria vasca) que llegó a nuestro país proveniente de México donde se encontraba dentro de una gira que le llevó a varios países para dar a conocer la propuesta ZUTIK EUSKAL HERRIA (De pie Euskal Herria), propuesta que por cierto fue aplaudida y saludada ese mismo día en una rueda de prensa en el parlamento europeo por personas tan poco “sospechosas de colaborar con ETA” como los premios Nobel de la Paz Desmond Tutu, John Hume y Betty Williams. Frederick De Klerk Nobel de la Paz y ex presidente de Sudafrica, Mary Robinson ex-presidenta de Irlanda y un largo etc. de personalidades, organizaciones  especialistas en resolución de conflictos como la Fundación Nelsón Mandela o el Centro de Resolución de Conflictos Internacionales de la Universidad de Columbia en  EEUU.

4.                Mientras la coyuntura política actual en Euskal Herria y los pasos dados hacia la acumulación de fuerzas independentistas llenan de ilusión a la sociedad vasca, el gobierno español ha apostado una vez más por la vía represiva para intentar acallar a la izquierda independentista y revolucionaria vasca y sabotear el sendero que se ha comenzado a transitar. El secuestro y posterior asesinato de nuestro compañero Jon Anza es el Estado francés, el endurecimiento de las condenas y las condiciones de los prisioneros- as políticos vascos, la criminalizació n de la disidencia política, el encarcelamiento de decenas de jóvenes militantes de organizaciones juveniles independentistas, las torturas, la criminalizació n de la solidaridad con los presos-as políticos vascos, la ilegalización de las ideas, las detenciones masivas  un largo etcétera de violaciones a los derechos civiles y políticos por parte del estado opresor español son una clara muestra de la “voluntad política” del gobierno español para superar el conflicto que le enfrenta a Euskal Herria.

Es ante esta situación que como militantes revolucionarios, como ciudadanos vascos y como venezolanos hacemos un llamado al gobierno bolivariano para que no se involucre en la campaña represiva que el gobierno español ha desatado contra la izquierda revolucionaria vasca, represión que pareciera que el Sr. Zapatero pretende trasladar a este país; sino que lejos de ello, si ha de involucrarse, lo haga de manera positiva, dando pasos  junto con  quienes desde diversos ámbitos internacionales abogan por una salida dialogada al conflicto histórico que enfrenta al Pueblo Vasco con el estado opresor español.

Hoy domingo 4 de abril, ABERRI EGUNA (Día de la Patria Vasca) no podemos finalizar este comunicado sin agradecer a los movimientos sociales, organizaciones populares y personas de toda Venezuela que nos han mostrado su apoyo durante estos días y a la vez enviar un saludo y nuestro apoyo y solidaridad a todos los compañeros y compañeras presos en las cárceles de exterminio españolas y francesas. Ellos y ellas, junto a quienes en cualquier rincón de Euskal Herria mantienen su compromiso de lucha son el más claro ejemplo de la dignidad de un pueblo que con su lucha diaria nos animan a mantener nuestro compromiso diario con Euskal Herria hasta la consecución de la independencia y el socialismo.



BORROKA DA BIDE BAKARRA!

INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOAREN BIDEAN  JOTAKE!

¡LA LUCHA ES EL UNICO CAMINO¡

¡ADELANTE HASTA CONSEGUIR LA INDEPENDENCIA Y EL SOCIALISMO¡

Colectivo de Refugiados y Deportados Polìticos Vascos en Venezuela, 4 de abril de 2010

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Colectivo de Solidaridad Pakito Arriaran
 
 
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Victorina, la Última Viuda

Continuamos con el tema del genocidio desatado por el franquismo (nada más y nada menos que la expresión del ultra nacionalismo español) en Euskal Herria, específicamente en Nafarroa, herrialde vasco que estaba "del lado" de los insurrectos. Esta nota publicada en Parque de la Memoria nos ha sido enviada por correo electrónico:

Si hubiese que buscar un nombre propio para la República, este sería de mujer

Así arrancaba el discurso de Enrique Villareal en la fiesta de inauguración de El Parque de la Memoria el 10 de mayo de 2008. Y el nombre de Victorina Martínez, la última de nuestras viudas de Sartaguda, resuena con la fuerza de todos los nombres de los fusilados y de todas sus compañeras viudas que compartieron la misma terrible suerte y vieron cómo les arrebataban a sus compañeros a balazos de necias cruzadas.

El  30 de enero de 2010 falleció Dª Victorina Martínez Sádaba, a los 95 años de edad. Su marcha tiene una especial resonancia por tratarse de la última de las "viudas" que dan nombre, tremendo nombre, a Sartaguda. Conocido tras la represión y crímenes franquistas en la Guerra Civil de 1936 como "el pueblo de las viudas".

Sirva esta nota de homenaje a Victorina y a todas las mujeres luchadoras que vieron como les arrebataban la vida de sus maridos, tierras y bienes, además de acosarles y faltarles al respeto en medio de su dolor. Esas mujeres y madres valientes nos inspiran para recuperar su memoria, la de sus maridos asesinados y la de unos hechos tremendos que debemos investigar y recordar para que nuestros descendientes tengan memoria y no repitan los desastres de la guerra.

Victorina Martínez era la viuda de Juan Martínez. Juan, era hijo de Faustino y Pía, y lo sacaron de la iglesia para asesinarlo, cuando estaban celebrando misa. Juan estaba en el templo con su madre y una tía.

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Descubrieron el Hilo Negro

Miren lo que han venido a descubrir tres jueces españoles de la Audiencia Nacional, nada más y nada menos que el proverbial hilo negro, de acuerdo con esta nota publicada en Gara:
 
Absolución por el «Caso Egunkaria»

La Audiencia Nacional admite que el proceso a «Egunkaria» se construyó con tesis «preconcebidas» e indicios falsos

El proceso contra «Egunkaria» nunca debió iniciarse. Siete años después, la Audiencia Nacional admite que «la hipótesis acusatoria fue artificiosa», que se usó el «punto de partida preconcebido de una vinculación con ETA» y que se «invirtió el proceso inductivo» escogiendo sólo indicios propicios. Los cinco acusados son exculpados; el diario es historia desde 2003.

Ramón Sola | Donostia

Pocas veces se puede leer una sentencia tan demoledora como la que zanja el «caso Egunkaria» por el momento. La Audiencia Nacional, la misma instancia que impulsó este proceso, lo cierra ahora con una absolución rotunda. Más de siete años han hecho falta para que los jueces españoles acaben coincidiendo con lo que la inmensa mayoría de la sociedad vasca opinó desde el primer momento, y también con lo que las defensas han sostenido habitualmente en estos macroprocesos: que se trata de un montaje.

El fallo conocido al mediodía de ayer evita este término, pero utiliza otros muy similares. Por ejemplo, «artificio», tesis «preconcebida», «prejuicio» y «mera especulación».

El tribunal integrado por Javier Gómez Bermúdez, Manuela Fernández Prado y Ramón Sáez Valcárcel opta por una sentencia muy corta, de apenas 33 folios que contrastan con los 1.098 necesarios para justificar la condena en el «caso 18/98», que incluía la pieza de "Egin''. El fallo resulta novedoso también por su claridad, por su concisión y porque esta vez no hay saltos en el vacío para llegar a determinadas conclusiones condenatorias.

«Hipótesis artificiosa»

La Audiencia Nacional dirige su varapalo a «las acusaciones» (finalmente sólo la ejercían Dignidad y Justicia y la AVT, que llegaban a pedir penas de entre 12 y 14 años de cárcel). Comienza reprochándoles que «dan por supuesto que ETA ha tenido que intervenir en la gestación, nacimiento y gestión del periódico en euskara 'Euskaldunon Egunkaria', y más allá de esto, que como la lengua vasca es un instrumento primordial para ETA en su estrategia, y 'Egunkaria' es el único diario editado íntegramente en lengua vasca, tuvo que nacer porque ETA lo quiso, siendo sus gestores y cuadros directivos miembros o colaboradores de la banda terrorista».

Para el tribunal, ahí está el embrión del problema. Alega que «la estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskara y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce, en el proceso penal, a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación».

A partir de ahí, el tribunal da un paso más y dibuja un proceso penal en el que se busca intencionadamente esa conclusión. «El análisis del curso del procedimiento descubre ya en cierto modo lo artificioso de la hipótesis acusatoria». Recuerda que fue la Fiscalía quien presentó una querella en 2001, sobre la base de un informe de la Guardia Civil, para investigar a varias empresas, entre ellas la del diario euskaldun surgido en 1990. «Esta investigación no dio resultado y se transformó en la que conforma el presente procedimiento -donde el Ministerio Fiscal no acusa- y cuya tesis, ya dicha, es que 'Egunkaria' es un instrumento de ETA», prosiguen los tres jueces.

Esta segunda maniobra pasaba, siempre según el tribunal, por aparentar que la organización armada controló el proyecto a través de «personas que no tuvieran una clara vinculación con la banda o con la izquierda radical 'abertzale'». Pero para los tres jueces, esta tesis «carece del más mínimo sustento probatorio, es mera especulación y, como tal, es rechazada desde luego por el tribunal».

Argumentan que ha sido en el juicio oral donde todo se ha ido desplomando, ya que no han aparecido pruebas y los indicios resultaban «equívocos» en el mejor de los casos. La sentencia establece que el conjunto de elementos presentados «sólo puede tener valor incriminatorio desde el prejuicio. Únicamente en la medida en que lo presentado como indicio se interprete desde un punto de partida preconcebido -la vinculación entre ETA y 'Euskaldunon Egunkaria'-, éstos admiten un sentido incriminatorio que ni siquiera en este supuesto es exclusivo y/o excluyente de otras hipótesis».

«Es decir, las acusaciones han invertido el proceso inductivo -explica el tribunal en una de sus afirmaciones más contundentes-. Primero se ha decidido cuál es la conclusión (...), luego se buscan las señales, vestigios o indicios, y, por último, se rechaza cualquier sentido o explicación de éstos que no apoye la conclusión».

Argumentos similares a éste sobre el carácter prefabricado de estos procesos se pueden encontrar en muchos escritos de defensa en sumarios como el 18/98, el de Jarrai-Haika-Segi o el del movimiento pro-amnistía (los tres condenados ya), así como en los que quedan por juzgar: el sumario contra Udalbiltza, el 35/02 contra militantes independentistas... Pero nunca hasta ahora un tribunal lo había admitido con claridad

Ni pruebas ni peritos

Además, éste no el único punto en que el tribunal viene a dar la razón a los habituales alegatos de las defensas. Gómez Bermúdez, Fernández Prado y Sáez Valcárcel también admiten que los documentos aprehendidos a ETA y utilizados para estos procesos no tienen el significado que las acusaciones les suelen dar y que muchas veces han recogido las sentencias. Y cuestionan además el valor de los informes policiales usados como pruebas supuestamente técnicas. Cabe remarcar además que el presidente de este tribunal es el máximo responsable de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.

En lo que atañe a los «documentos de ETA», el tribunal estipula que si bien en algunos de ellos hay referencias a "Egunkaria',' ni los autores son los imputados ni incluyen evidencias de delito alguno. De uno de estos papeles dicen los jueces que «es una dación de cuentas a componentes o partes de ETA de cómo va el proyecto», por lo que constata que en todo caso sería «un contraindicio más del inexistente control por parte de ETA». Y de otro apuntan que «sólo se extrae el interés de los terroristas por el periódico».

En resumen, tras leer esos documentos el tribunal tiene claro que «no se puede sostener que los procesados tuvieran contacto o hayan prestado su consentimiento para ocupar cargos siguiendo órdenes, instrucciones o sugerencias» de ETA.

En paralelo, la sentencia decreta que «tampoco se ha acreditado, ni directa ni indirectamente, que el periódico haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas, ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado. Esto último, además, no sería delictivo», apostilla.

¿Y los peritos? Las defensas de ciudadanos vascos llevan años denunciando ante la Audiencia Nacional el uso y abuso de los agentes policiales en la fase pericial, es decir, como expertos presuntamente técnicos y supuestamente imparciales. El tribunal del «caso Egunkaria» les da la razón ahora.

Admite que fue la Sala quien autorizó su intervención en la vista oral por «informes comúnmente llamados 'de inteligencia'», pero constata que «ha resultado luego que no merecen tal calificativo, ya que no se han confeccionado utilizando conocimientos técnicos, científicos, artísticos o prácticos de los que carezca este tribunal, sino que se han realizado sobre la base de estudios hecha por los miembros de la Guardia Civil de diversa documentación incautada a miembros de EA y sobre el material encontrado en las diligencias de entrada y registro».

Concluye, en suma, que «los referidos informes sólo contienen como conclusión meras inferencias o deducciones de sus autores (...), labor que compete en exclusiva al tribunal».

La última frase de los 33 folios del fallo también va para estos «peritos». Les reprocha que en sus intervenciones en la sala «incluso reconocieron que no se había investigado si la línea del periódico era o no de apoyo a ETA, lo que hace incomprensible la imputación».

Tras todo este repaso, y en el mismo tono tajante de toda la sentencia, se expone la conclusión: «En definitiva, las acusaciones no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA, lo que por sí determina la absolución con todos los pronunciamientos favorables». Siete años después, tras cinco días tétricos en comisaría, tras meses de cárcel y tras ver cerrado su periódico, el tribunal acepta que nada de eso debió suceder y exculpa a Martxelo Otamendi, Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Xabier Oleaga y Txema Auzmendi.

Las acusaciones, erre que erre

Tanto Dignidad y Justicia como la AVT anticipan que la absolución es «un flaco favor» a la lucha anti-ETA y aseguran que si reciben indemnización se usará para financiar al «entorno». En resumen, dicen que «ni la comparten ni la comprenden».

El fiscal del caso, Miguel Angel Carballo, saludó por contra que el tribunal ha asumido las tesis que defendió.

«Egunkaria», otro diario que nunca debió ser cerrado

«Euskaldunon Egunkaria» fue precintado por la Guardia Civil el 20 de febrero de 2003. El 12 de abril de 2010, un tribunal admite que nunca debió hacerse tal cosa: «Sabemos, tras la prueba practicada en la vista oral, que no se imputaba la comisión de delito alguno en las tareas de información y opinión del medio, porque no se tacha de criminal a ningún artículo, crónica, colaboración o texto (...), por lo que ya no puede sostenerse que la edición y difusión del periódico supusieran un peligro de reiteración delictiva».

Llueve sobre mojado, aunque con otros argumentos. En la sentencia de junio de 2009 sobre el «caso 18/98», en este caso condenatoria, el Tribunal Supremo español dejó sin efecto la declaración de ilicitud de actividades y la disolución de Orain S.A. y del resto de empresas dedicadas a la edición de "Egin'' y EGIN-Irratia. Y con ello, desmontó la tesis utilizada para cerrar el diario y la radio al inicio mismo de la fase de instrucción.

Por cierto, el tribunal de este «caso Egunkaria» ha debido tener el caso de "Egin'' muy presente en sus reflexiones, ya que incurre en un error curioso. En un momento dado, asegura que el diario radicado en Andoain fue cerrado en julio de 1998, fecha que en realidad se corresponde a la clausura del rotativo de Hernani.

Como reflexión general, los tres jueces abundan en que se trata de una medida que debe ser muy excepcional. Incluso admite que «es de difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico» y que «no tiene cobertura constitucional directa, pues en la Constitución sólo se regula el secuestro (...), que exige una resolución judicial motivada».
 
Cuantas vidas secuestradas durante siete años por el cruel capricho de quienes usan sus propias leyes como herramientas de represión.
 
 En Juan del Olmo, José María Aznar, la AVT y demás sicarios el franquismo perdura.
 
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