El estado español continúa su ofensiva en contra de los derechos políticos en Euskal Herria. Este artículo al respecto ha sido publicado en Gara:
El juez Grande-Marlaska amplía la persecución de las actividades políticas de Batasuna
El juez español prohibe el acto del BEC y ordena el cierre de nuevas sedes de la formación abertzale
Ni en el BEC, ni en ningún otro sitio. Ni Congreso, ni ningún otro tipo de acto. Al igual que hizo en 2002 Baltasar Garzón su predecesor en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Grande-Marlaska decretó ayer la suspensión de actividades de Batasuna, una organización que ya se encontraba ilegalizada. El juez argumentó su decisión indicando que la formación independentista «sigue existiendo de facto al margen de la ley». Además, ordena al Gobierno de Lakua y a la Guardia Civil el cierre de las sedes que pueda utilizar Batasuna.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó ayer por la tarde la prohibición del acto de Batasuna previsto para el próximo sábado en Barakaldo, en un auto en el que prorroga durante otros dos años la suspensión de actividades de la formación independentista. El magistrado especifica que dicha medida incluye la clausura de las sedes y locales de Batasuna, así como el cierre de su página web.
En el auto se advierte que «cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, bien un delito de omisión del deber de impedir delitos, bien de desobediencia».
Para garantizar el cumplimiento de todo ello, Grande-Marlaska ha remitido sendos oficios al Gobierno de Lakua para que actúe en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y a la Guardia Civil en Nafarroa.
Auto de Garzón en 2002
En su parte dispositiva, Grande-Marlaska retoma las medidas dictaminadas por Baltasar Garzón en su auto del 26 de agosto de 2002, en el que también decretaba la suspensión de actividades de Batasuna en aquel caso por tres años y el cierre de sus sedes.
La principal diferencia entre ambos documentos, al margen de los relativo al acto del BEC, es que en este último no se alude a aquellas medidas que, debido a la ilegalización, se encuentran en vigor, tales como la suspensión de ayudas económicas, subvenciones, la capacidad de realizar contratos.
Cabe reseñar que las actividades a las que hace mención Fernando Grande-Marlaska venían llevándose a cabo con relativa normalidad por parte de Batasuna durante los últimos tiempos. Como ejemplo más reciente están las 300 asambleas celebradas en torno al proceso Bide Eginez.
En cuanto a la posibilidad de suspender las actividades de una organización cuya «muerte civil» ya fue decretada por los tribunales aspecto sobre el que la Fiscalía General del Estado expresó sus dudas la víspera, Grande-Marlaska solventa este punto afirmando que Batasuna «sigue existiendo de facto al margen de la ley».
Acto en el BEC
En un auto de 37 folios al que GARA tuvo acceso, el magistrado indica que «se prohíbe la celebración del Congreso de Batasuna proyectado en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo (Vizcaya) para el próximo día 21 de enero de 2006, e independientemente de donde pueda celebrarse».
Respecto a este mismo acto, ordena al Servicio de Información la Guardia Civil en Nafarroa, a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) de la Policía española en este mismo herrialde, y a la Consejería de Interior de Lakua que «informen, a la mayor brevedad posible, sobre si el mismo ha sido celebrado o no, lugar, razones por las que no se ha impedido caso de materializarse, y cuya localización definitiva debemos entender factible al existir la previsión de asistencia de un determinado número de personas».
«Si bien, la actuación tendente a evitar la celebración del citado congreso, siempre que se trate de la Comunidad Autónoma del País Vasco, compete a la Consejería de Interior, la investigación e información sobre los extremos indicados, deberá desarrollarse por el conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», matiza. Además, ordena al Departamento que dirige Javier Balza que «informe a los representantes legales del Bilbao Exhibition Center se abstengan de ponerlo a disposición de los convocantes».
Actividades políticas
Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 5 no se detiene en el acto convocado para el próximo sábado. Así, declara suspendida la capacidad de Batasuna para «participar como partido, organización o grupo en cualquier actividad o ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional, ello independientemente de su ilegalización al amparo de la Ley de Partidos Políticos».
También suspende «la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos», así como «la capacidad para efectuar cualquier tipo de actividades propangandísticas, instalación de signos, utilización de espacios, elementos identificativos al grupo o partido».
Cierre de sedes
Fernando Grande-Marlaska acuerda la clausura de tres oficinas ubicadas en la calles Portuetxe de Donostia, Marcelo Zelaieta de Iruñea y Pedro Egaña de Bilbo. Para proceder a estos cierres indica que «se den las ordenes oportunas a la Ertzaintza para que garantice la integridad de la medida, y a la Dirección de la Guardia Civil respecto de Navarra, y prevengan cualquier alteración de la paz pública».
En cuanto a la posibilidad de que existan otros inmuebles además de estos tres citados, el juez decreta que los tres cuerpos policiales con presencia en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Bizkaia «identifiquen las sedes, locales, centros o cualesquiera otros inmuebles o sitios de los que se aproveche directa o indirectamente, la formación cuya actividad se suspende cautelarmente».
Una vez identificados, ordena a la Ertzaintza y a la Guardia Civil «precintar los locales, sedes, establecimientos o sitios, que use HB-EH-Batasuna, con éste u otro nombre».
Web y medios de comunicación
Fernando Grande-Marlaska ordena asimismo «cancelar las páginas web u otros servicios que pudieran tener contratados HB-EH-Batasuna en internet. A tal efecto añade, comuníquese al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la UCI para su investigación y descubrimiento».
El magistrado dispone que se comunique la suspensión de actividades a «los diferentes medios de prensa escrita, radio y televisión», a fin de que «conozcan formalmente la misma, y que ésta se extienda a la utilización como tal grupo o asociación a espacios publicitarios».
Informe mensual
Para controlar la aplicación de todas estas medidas contra la formación independentista, el juez remitirá un oficio «al Servicio de Información de la Guardia Civil, Ertzaintza y a la Unidad Central de Inteligencia para que presenten ante este Juzgado, y con carácter mensual informe que aporte datos sobre el cumplimiento de la presente resolución».
Una sola ponencia y el «anagrama de ETA» en el cartel
En su auto, Fernando Grande-Marlaska señala que el proceso Bide Eginez de Batasuna es la conclusión de «un proceso iniciado hace aproximadamente cuatro meses y dirigido a fijar su estrategia, nunca ajena a las directrices de la rama militar de la organización terrorista ETA». Como prueba de ello, el magistrado indica que «sólo existe una ponencia, la oficial, a diferencia de procesos previos en el mismo sentido». Es decir, el juez entiende que, en este caso, el hecho de que no haya ponencias alternativas lo cual también sucede en otros partidos prueba la subordinación de Batasuna a las directrices de ETA. Fernando Grande-Marlaska también hace alusión al contenido del cartel en el que se anuncia el acto del BEC, y se suma a la apreciación de María San Gil de que en él aparece el anagrama de ETA «por mucho que haya tratado de argüirse, en contra del respeto a una mínima inteligencia, y lo que es más importante a las víctimas del sinsentido criminal, una acepción bien distinta, siempre extramuros de la esencia de Batasuna dentro de su concepto de 'construcción nacional'». -
Para Goirizelaia, Grande-Marlaska «se deja llevar por una campaña»
La jornada judicial en la capital española comenzó con la presentación por parte de la abogada Jone Goirizelaia de una recusación contra Fernando Grande-Marlaska, al considerar que el magistrado tiene interés en la causa, no es imparcial y ha actuado por presiones políticas y al margen de la legalidad.
La letrada interpuso contra el mismo juez una querella por «prevaricación» ante el Tribunal Supremo. «Fernando Grande-Marlaska se deja llevar por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación, y es a ese impulso al que obedece su actuación», señala la denuncia.
«Hasta el momento de iniciarse tal campaña el instructor no había tomado medida alguna de tipo cautelar que sustituyese a la agotada el 26 de agosto de 2002», se indica en referencia a la suspensión de actividades ordenada por Baltasar Garzón y cuyo plazo finalizó en agosto de 2005.
«Claro fraude de Ley»
Según el texto, en esa situación el juez «ha decidido actuar de forma impropia, contrariando la propia letra de la Ley, en un claro fraude de Ley y abuso de Derecho, forzando y retorciendo una norma legal para aplicarla de forma torticera en una situación a la que no es aplicable, y usando para ello de su posición jurisdiccional para tratar de imponer una situación de hecho inaceptable que no permita una corrección efectiva en el futuro, pues el daño causado sería de imposible reparación».
Además, en la querella se sostiene que «si la organización que al parecer es objeto de su atención no existiese ya sería absurdo pretender adoptar una medida cautelar sobre ella. Y si existiese, la posibilidad de actuar pasa por un evidente fraude de ley y un abuso del Derecho».
La recusación fue rechazada por el propio magistrado, quien negó tener cualquier tipo de interés personal en esta causa.
Solventado este punto se celebró la vistilla, en la que la Fiscalía reclamó al juez la suspensión de actividades, al considerar que Batasuna continúa desarrollando una labor pública al margen de la legalidad. «Existe de facto, no de derecho», señaló el fiscal Juan Moral. Este fue el mismo argumento utilizado por el magistrado para justificar su intervención en la causa.
Por su parte, el letrado de la acusación que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura, fue aún más lejos y llegó a solicitar la identificación y detención de los organizadores del acto de Barakaldo «por un delito de colaboración con ETA».
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