sábado, 31 de enero de 2004

Acerca de Carod-Rovira

Hoy en la seccion Opinion de La Jornada:

Marcos Roitman Rosenmann

Carod Rovira, ETA y el terrorismo

Carod Rovira, líder de Izquierda Republicana de Cataluña y ex conseller en cap del gobierno catalán, es descalificado políticamente por mantener conversaciones con la dirección de ETA. Simultáneamente, en Madrid se celebra el primer congreso internacional de víctimas del terrorismo. Ambos hechos no pueden ser desvinculados de las elecciones generales convocadas para el próximo mes de marzo.

El acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña e Izquierda Republicana para gobernar la Generalitat marca el fin de una era de control político ejercido por Convergencia y Unión bajo el dominio de Jordi Pujol. El triunfo político de Izquierda Republicana da al traste con un gobierno catalán donde el nacionalismo fue un recurso para negociar competencias y espacios de poder, y no un proyecto sentido por Pujol y los suyos. Su derrota electoral no podía llegar en peor momento para el Partido Popular y para la dirección del PSOE.

En estas circunstancias es necesario frenar el ímpetu renovado del nacionalismo catalán, en tanto rompe la estrategia de acoso y derivo diseñada por el PSOE y el PP, fundamentalmente, contra el gobierno vasco, el PNV y sus aliados. No olvidemos que en Galicia y Valencia gobierna el Partido Popular, y donde lo hace el PSOE no hay razones para temer la articulación de un nacionalismo extremeño, castellano manchego o andaluz, cercano a la propuesta del PNV. Por el contrario, sus presidentes autonómicos son los defensores a ultranza de la indivisibilidad monárquica. Así defienden el principio que da coherencia a la reforma política de la transición: del caudillo por la gracia de Dios a la monarquía por la gracia del caudillo.

En este contexto urge descalificar cuanto antes al nuevo gobierno catalán. Desde el PSOE se intentará mantener en corto a Maragall y desde el Partido Popular se confecciona un discurso del miedo y el terror. El fantasma de una España rota y sin futuro es el recurso. Sembrar el pánico en una sociedad despolitizada es relativamente sencillo. Basta con recurrir al terrorismo de ETA para conseguir un acuerdo rápido y multitudinario.

Sin embargo, todos los gobiernos desde Suárez a Aznar se han entrevistado con sus dirigentes. Más allá de las declamaciones públicas, todos asumen, en sus prácticas secretas, que la única salida conlleva reconocer el lado político de la existencia de ETA. En tanto Carod se reúne con dirigentes de ETA no hace sino continuar buscando una salida política, única posible. Ello dice mucho en su favor y poco de quienes lo han descalificado. La valentía y la fuerza de convicción del ex conseller en cap Carod Rovira debería servir de ejemplo para abrir puertas y no arropar sumisiones a una estrategia estéril practicada durante más de 30 años. Desde el Batallón Vasco español hasta los GAL, pasando por la traición de Aznar durante la tregua de ETA en las conversaciones de 1999, la desarticulación vía exterminio no ha dado frutos. ¿Por qué entonces no probar otros caminos? Negarse es síntoma de pequeñez política y de escasa convicción democrática. No debemos olvidar que las filtraciones que publica el diario ABC provienen de los servicios de inteligencia y descubren el seguimiento a dirigentes políticos por parte del gobierno del Partido Popular.

2. El congreso internacional de las víctimas del terrorismo, celebrado en Madrid en estos días, sufre el mismo sesgo ideológico que la crítica a Carod Rovira. Es curioso que sólo se consideraran víctimas del terrorismo y son invitadas aquellas personas que han sufrido atentados por parte de organizaciones que se declaman marxistas, comunistas, anarquistas o socialistas y a las que en España se identifica con ETA, aunque sus orígenes no tengan nada que ver con dichos adjetivos. Así, en este congreso, no hubo lugar para las víctimas de los GAL, por ejemplo. Tampoco se hizo sitio para los argentinos, chilenos, uruguayos, colombianos, bolivianos o estadunidenses, en fin tantos y tantas víctimas del terrorismo ejercido por las tiranías y cuyo aporte es más que necesario si se trata de identificar causas y patologías. Recordemos que Pinochet fue imputado por delitos de terrorismo, aunque el gobierno de España hizo todo lo posible, al igual que el británico y el chileno, para negarlo. No se entiende que la corona y el gobierno participaran del congreso y no hayan pensado en los ausentes, llamando la atención al unilateralismo con que se define a las víctimas del terrorismo. Desde luego ello no está en la mente de los organizadores ni menos de sus patrocinadores y conferenciantes. El objetivo de celebración es pedestre y no supone la defensa del humanismo y el pacifismo político. Sus invitados proyectaron odio y deseo de muerte al otro. Se trataba de aprovechar cualquier recurso para poner en evidencia el acuerdo por declarar terroristas sólo a aquellos que no nos gustan.

Esta política maniquea dice bastante poco del espíritu que ha presidido su convocatoria. Por sus asistentes y sus discursos se obtiene la amarga sensación de haber sido un evento destinado a legitimar las políticas antiterroristas del gobierno de George W. Bush y sus aliados. Se pierde, así, una oportunidad para discutir y explicar las causas y orígenes de la violencia fundada en el terror. Cuando se trata de justificar políticas sobre fundamentos ideológicos, y este fue el caso, presenciamos una manipulación. Sin embargo, en este contexto, no hubo escrúpulos por parte del PSOE y del PP para aprovechar su entorno para deslegitimar al ex conseller Carod Rovira en sus conversaciones con ETA. Qué pena y miseria al mismo tiempo. ¿Cuántas más víctimas necesitan el PP y el PSOE para abandonar una estrategia policial y probar otras alternativas de solución al conflicto vasco?


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Al Fúnebre Payaso Garzón

Respuesta de Blache Petrich a la carta del Clown hoy en La Jornada:

Respuesta de la reportera

Señora directora: Un grupo de periodistas nos apersonamos el pasado jueves en el interior del Reclusorio Norte, no para "cazar" al juez Baltasar Garzón y el fiscal Enrique Molina, sino con el objetivo totalmente legítimo de poder documentar un hecho noticioso: la asistencia de los dos funcionarios españoles a una diligencia que, según se nos informó, consistía en una ampliación de declaración en el proceso de extradición de los seis vascos ahí detenidos. Ahí dentro fuimos testigos de cómo la directora del penal, Marcela Briceño, giró instrucciones para que no se le permitiera el paso a los visitantes españoles, ejecutando órdenes superiores, concretamente del secretario de Gobierno del Distrito Federal Alejandro Encinas y del director de Reclusorios, Héctor Cárdenas.

Corresponde a esos funcionarios, por lo tanto, corroborar esta información. Pero cuando el juez asegura que su presencia en el penal era "un acto oficial y autorizado", que en ningún momento se les impidió el acceso al centro penitenciario y que fue él quien consideró "oportuno retirarse", debo decir, con la pena, que el magistrado juez miente. La verdad es que hubo una prohibición expresa. Eso es un hecho real, no una "manipulación grosera".

En cuanto a nuestra función periodística, puedo decirle que el objetivo no era grabar la diligencia ni violar secreto procesal alguno. Como corresponde, se nos prohibió hacerlo, cosa que acatamos puntualmente.

En su carta, el juez Garzón insiste en que el ingreso de su comitiva al reclusorio fue en el marco de la cooperación jurídica internacional propia entre países democráticos y en cumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial mutua. Hasta este momento, las ambiguas explicaciones que ha brindado la Procuraduría General de la República al respecto no alcanzan a explicar en qué partes de los convenios bilaterales entre México y España se ampara la actuación de jueces españoles en procesos judiciales que competen al país. Esa fue una pregunta que le hice expresamente al fiscal de la PGR Mario Arzave, quien declinó responderme. Con la pena, señor juez.

Atentamente,

Blanche Petrich

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Como Juan por su Casa

Nota de Blanche Petrich hoy en La Jornada:

El juez "no solicitó permiso" para ingresar en el penal

El secretario general de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, y el subsecretario, Martí Batres, determinaron el jueves 29 de enero, después de consultar telefónicamente, que "no existía fundamento legal alguno" que justificara la presencia de dos funcionarios españoles, el juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina, en una diligencia relacionada con el proceso de extradición de seis ciudadanos vascos detenidos desde hace seis meses en el Reclusorio Norte. Por tanto, ambos funcionarios respaldaron la orden girada por el director de prisiones Héctor Cárdenas y acatada por la directora de dicho penal, Marcela Briceño, de cerrar el paso a la comitiva de los magistrados extranjeros que ayer por la mañana intentaron ingresar en esa cárcel.

"En este asunto no hay problema político o ideológico alguno -señaló Batres-; tranquila y respetuosamente le informamos al juez Garzón que su ingreso al reclusorio no se permitió porque no solicitó permiso para hacerlo. No hay ningún oficio previo a la diligencia pidiendo autorización" para que dos funcionarios extranjeros estuvieran presentes. "No hay justificación alguna, en ningún reglamento sobre procesos judiciales como éste, que así lo establezca", explicó.

BLANCHE PETRICH

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Españoles Incompetentes

Aparece hoy en la seccion Politica de La Jornada:

Cuestionan afán oficial en supuesta lucha antiterrorista

Critican presencia de extranjeros en actos que sólo competen a mexicanos

Organismos defensores de derechos humanos consideraron preocupante que las autoridades federales subordinen su obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos a los intereses políticos establecidos con otros países, en un afán de cumplir con una "supuesta lucha contra el terrorismo".

Miguel Concha Malo, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, afirmó que ningún acuerdo bilateral "puede estar por encima de la Constitución" ni "permitir la injerencia de representantes judiciales extranjeros en acciones que sólo competen a las autoridades mexicanas".

Nos preocupa mucho, agregó, que el gobierno federal esté violando las garantías judiciales "no sólo de los ciudadanos mexicanos, sino de cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio".

A su vez, Fabián Sánchez Matus, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que la actitud de los responsables de las diligencias en que se permitió la injerencia de extranjeros "no sólo viola las garantías judiciales de los presuntos responsables, sino que los priva de un proceso justo".

En años recientes, agregó, las autoridades han preferido aplicar nuevos mecanismos que permitan cumplir con los acuerdos suscritos con otros países, como es el caso de la extradición de presuntos implicados en actos de terrorismo.

Así, "al no conseguir por la vía legal la extradición, recurren simplemente a la deportación, a pesar de que muchos de quienes han sido entregados a autoridades extranjeras corren el riesgo de ser torturados, violando con ello los acuerdos que hemos suscritos en materia de protección de derechos humanos".

Los defensores de derechos humanos, sostuvo Concha Malo, tendremos que estar muy atentos a este tipo de acciones, "pues no sólo se reconoce que esto no ocurre por primera vez, sino que se ha tenido una participación activa de autoridades españolas en las diligencias, violando con ello las garantías de los indiciados".

Sánchez Matus afirmó que al permitir la presencia del juez español Baltasar Garzón y del fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, las autoridades responsables no sólo incurrieron en violaciones a los derechos humanos, sino en incumplimiento de acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano, los cuales "claramente establecen que no pueden usar esos mecanismos como parte de las indagatorias".

LAURA POY SOLANO

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Prensa Vendida

Hoy en la sección Mundo de La Jornada:

Tv pública española, ejemplo de la manipulación

En una condena sin precedente, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa señaló a la radiodifusora pública española TVE como ejemplo de "manipulación, clientelismo político" y "partitocracia".

Desde que asumió el poder el conservador José María Aznar, TVE, la emisora de mayor influencia en el país, se ha convertido en un instrumento de propaganda y "manipulación" sin precedente en el país, a pesar de que durante la etapa socialista de Felipe González también existía, pero nunca alcanzó los niveles actuales.

La conducta de sus directivos y presentadores de noticiarios, todos ellos nombrados a dedo por Aznar, ha sido motivo de litigio judicial y de reiteradas denuncias de partidos políticos de oposición y de asociaciones de espectadores, hartos de las reiteradas "mentiras" y "manipulaciones" de los servicios informativos.

Un hecho que demuestra la diferencia abismal entre la BBC y TVE es la forma de responder ante situaciones similares: los directivos de la BBC decidieron renunciar motu proprio después que un juez consideró que no habían sustentado con rigurosidad una información sobre la guerra contra Irak, mientras que los responsables de TVE se mantienen en el cargo a pesar de que un tribunal de justicia consideró que habían "mentido" y "manipulado" la información emitida sobre la huelga general del 20 de junio de 2001, además de que asumieron "a medias" la condena firmada por el juez.

Estos hechos, denunciados de manera reiterada por los sindicatos afectados y convocantes del paro nacional, fueron estudiados por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que llegó a una conclusión contundente: TVE es "ejemplo de influencia del poder político en la radiodifusión pública y de la manipulación de la información".

La institución europea sostiene que los gobiernos que practican este tipo de métodos -además de España, señala a Italia, Grecia y Portugal- han creado una situación en la que "en la Europa occidental el servicio público de radiodifusión se enfrenta a presiones políticas".

El organismo europeo sostiene que los gobiernos de Aznar y del italiano Silvio Berlusconi han creado situaciones de "clientelismo político", "paternalismo estatal", "partitocracia" y "han impedido la completa emancipación de los servicios de radiodifusión pública del control político directo", por lo que los insta a "abstenerse de toda injerencia en la independencia editorial y la autonomía institucional de los radiodifusores públicos". (ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL)

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¡No Seas Burro Garzón!

Hoy en la seccion Política de La Jornada:



Ni siquiera en el caso Cavallo diplomáticos tuvieron acceso al penal, señala Encinas
Apegado a la ley, cerrar el paso a Garzón en el Reclusorio Norte: López Obrador

Sin base, que autoridades judiciales extranjeras presencien diligencias nacionales: Batres
Angel Bolaños Sánchez
El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, justificó la decisión de impedir el ingreso al Reclusorio Preventivo Varonil Norte del juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina, quienes pretendían participar en una diligencia de ampliación de declaración a los seis ciudadanos vascos sujetos a procedimiento de extradición que solicitó el Ministerio Público de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

"Es un asunto de tipo legal. Está establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales cómo se llevan a cabo estas diligencias y se actuó conforme a dicho procedimiento", apuntó.

El director general de Prevención y Readaptación Social del GDF, Héctor Cárdenas San Martín, negó que en otras ocasiones se haya permitido a los magistrados españoles participar en este tipo de diligencias, como dijo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores.

Por el contrario, señaló en entrevista aparte el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, es exactamente el mismo trato que se dio en el caso del ex militar argentino, Ricardo Miguel Cavallo, cuya extradición a España solicitó el mismo Garzón, "hubo requerimientos para que interviniera gente de diversos cuerpos diplomáticos a quienes también se les denegó el acceso".
Independientemente de lo que establezcan los tratados internacionales suscritos con España, explicó que el requerimiento de la PGR para la diligencia del jueves era de carácter ministerial y los únicos ministerios públicos reconocidos en el país son el Ministerio Público Federal y los locales.

El subsecretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, explicó que el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales señala explícitamente cuáles son los funcionarios que pueden estar presentes en las diligencias ministeriales y en ningún momento se menciona la posibilidad de que pueda haber autoridades extranjeras "y, como sabemos, en el caso de los procedimientos sólo nos podemos atener estrictamente a lo que plantea la ley y así se procedió".

Recordó que en el caso de los interrogatorios practicados por Garzón a tres ciudadanos mexicanos vinculados con ETA se celebraron en instalaciones de la PGR.

Sobre la posibilidad de que Garzón recurra a algún trámite especial para interrogar a los detenidos vascos, Batres aclaró que "no hay fundamento en la ley para que autoridades judiciales extranjeras estén presentes en las diligencias ministeriales nacionales".

En oficio de fecha 29 de enero de 2004, con registro UEITA/345/2004, dirigido a la directora del Reclusorio Norte, Marcela Briseño López, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la SIEDO, Aurora Ramírez Arenas, solicita "con carácter de urgente, se permita realizar diligencias ministeriales con las personas que se encuentran detenidas en ese centro de reclusión, de nombres José María Urquijo (sic) Borde y/o Luis Castañeda Vallejo, María Asunción Gorrochategui (sic), Juan Carlos Artola Díaz, Asier Arronategui Duralde, Ernesto Alberdi Elejalde y/o Ricardo Ernesto Sáez García y Félix Salustiano García".

Para ello, sigue el escrito, "se solicitó atentamente se designara un espacio dentro del centro de reclusión para tal fin, socilitando el ingreso del licenciado Mario Alberto Arzave Trujillo (quien es titular de la Unidad Especializada en Investigaciones sobre Terrorismo), licenciado Luis Carranza Figon, así como del juez magistrado Baltasar Garzón Real, Enrique Molina, así como cinco personas más de la Comisión Judicial de la Audiencia Nacional de España, así como el ingreso de la suscrita".

El artículo del Código Federal de Procedimientos Penales invocado por el GDF el jueves para impedir el ingreso de los funcionarios españoles señala en el párrafo segundo que "a las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere".

El oficio, a su vez, fundamenta la petición en diversos artículos constitucionales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el mismo Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento, pero en ningún momento alude a tratado o convenio internacional alguno.

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Berrinche de la Garzona

La Cartita del Clown a La Jornada:

Carta del juez Baltasar Garzón

Señora directora del diario La Jornada, Carmen Lira Saade.

Señora directora: Sé positivamente que no ha sido casual, ni siquiera errónea la información y opinión que ustedes han dado en estos días 29 y 30 de enero en su periódico sobre mi asistencia como Magistrado Juez a la práctica de la Comisión Rogatoria autorizada por las autoridades mexicanas.

Y digo que lo sé, porque específicamente ustedes han manipulado en forma grosera, con la clara intención de confundir a la opinión pública, lo que ha sido un acto de cooperación jurídica internacional propia entre países democráticos, respetuoso con las normas legales de ambos países y cumplidor de todas y cada una de las garantías exigidas por la ley mexicana y española, en cumplimiento del Tratado de Asistencia Judicial mutua.

Ninguna presión ha habido, como no sea la que deriva de su manipulación informativa con la connivencia de otras personas, que se desprende de la propia información hacia los jueces mexicanos con los que no he tenido ningún contacto.

A continuación le transcribo lo que ocurrió en la realidad conocida y vivida por mí.

En el día de ayer y sobre las 10:15 horas, la Comisión Judicial compuesta por el que suscribe y el Fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina Benito, acompañados de dos ayudantes del Fiscal mejicano, Mario Arzave, que ya estaba en el interior del establecimiento, se personaron en el Reclusorio Norte en cumplimiento de lo ordenado por su autoridad, con la intención de asistir a la práctica de las diligencias acordadas y autorizadas por los responsables mejicanos en la Comisión Rogatoria Internacional que se tramita en estos días en el marco de la investigación de un delito de integración en organización terrorista (ETA).

Una vez franqueada la entrada en el reclusorio por la parte que da acceso a los visitantes y familiares, firmamos en el libro registro y se nos facilitó una especie de credencial para el acceso, que en mi caso, por llevar traje negro, debió ser firmada en el reverso por tratarse de un color coincidente con el atuendo de los custodios.

Seguidamente y tras acceder a otra estancia por medio de un control rotatorio, fui cacheado y registrado mi maletín en el interior de una cabina por un funcionario de prisiones que me permitió entrar con mi teléfono celular (móvil).

A continuación, y sin que nadie nos ofreciera explicaciones de las razones por las cuales ninguna persona o autoridad hubiera salido a hacerse cargo de nosotros, fuimos conducidos a otra estancia, en donde tuvimos que entregar nuestros documentos de identidad.

Nuevamente pregunté si no existía un acceso para funcionarios o autoridades y el oficial que nos conducía indicó que sí pero que no era el caso y que teníamos que continuar por allí.

Por mi parte le indiqué cuál era el objeto de mi visita y que no me parecía correcto lo que estaba sucediéndome, me contestó que no protestara porque ya me habían dejado pasar con el celular y con traje negro y eso era un privilegio.

Ante lo absurdo de la situación y el tono desabrido del trato, incomprensible para mí, al tratarse de un acto oficial y autorizado, le pedí si podía hablar con algún responsable. La respuesta fue indicarme que continuara y que extendiera el brazo derecho, y que exhibiera la muñeca para que me marcaran con un número de identificación. Ante esta circunstancia y dado que no se había dado la más elemental información de cortesía al respecto, consideré oportuno retirarme y salir fuera del edificio hasta que se aclarase una situación que entendí, cuando menos, vejatoria para el cargo que representamos el señor fiscal y yo mismo, a parte de un trato personal absolutamente displicente.

Una vez fuera del centro, permanecí en unión del fiscal y el personal de seguridad aguardando en el interior del vehículo para que se nos informara sobre el acceso.

Después de una hora aproximadamente, el comandante encargado de la seguridad me informó que el acceso estaba permitido para mí y un policía, pero no para el señor fiscal, posibilidad que rechacé.

En este momento el fiscal, don Mario Arzave, que había tenido que salir del reclusorio, me comunicó que en el interior se encontraban medios de comunicación incluso con cámaras de televisión con la intención de grabar la diligencia y actuación judicial, a lo que se opuso frontalmente el señor fiscal Arzave. Ante esta circunstancia decidí no participar en la actuación y solicitar que él la suspendiera si así lo tenía por oportuno, al no garantizarse el secreto que la legislación española impone para las diligencias sumariales y considerar absolutamente irregular el hecho de que existieran periodistas en el interior y con acceso a las actuaciones que se iban a practicar.

Seguidamente la comisión judicial abandonó el lugar sin mayor incidencia.

Deseo resaltar que en ningún momento se nos impidió el acceso al centro penitenciario y que la decisión de abandonarlo primero y no entrar después en el mismo, fue debida exclusivamente a las razones antes expuestas.

Si después de esta nota ustedes no exigen explicaciones del porqué los medios de comunicación, que por cierto cumplen con su obligación de atender a la noticia, fueron autorizados a violar el sigilo de unas diligencias judiciales, y por qué se preparó todo para que la autoridad judicial fuera "cazada" por los mismos en el interior del Reclusorio Norte, ustedes carecen de credibilidad. Aunque supongo que les debe importar poco mi opinión. Pero a mí sí me interesa que los ciudadanos sepan si es o no real aquello que les transmiten.

Mire, no me preocupa en absoluto que ustedes me insulten o denosten mi trabajo y el de tantos profesionales de la justicia en México y España que tratan de proteger a los ciudadanos en sus derechos y en particular del terrorismo con arreglo a la ley, pero sí me preocupa que presenten como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista que tantas muertes ha causado y que tanto dolor ha llevado y lleva a muchos hogares españoles y de otras nacionalidades.

La dignidad de un pueblo se consolida, no afirmando en forma hueca que se impidió entrar en un reclusorio a un juez, sino con el cumplimiento de la ley, como se ha hecho por las autoridades federales en este caso en la Comisión Rogatoria, y no mintiéndole al pueblo como ustedes han hecho.

Le aseguro, señora directora, que nunca he tenido "aires de corregidor" y que nunca he pretendido avasallar a nadie. Soy muy crítico con tantas cosas que España ha hecho a lo largo de su historia y que algunos gobernantes han realizado que se sorprendería, pero ahora tanto su gobierno como los responsables de la cooperación judicial internacional y los españoles, hemos cumplido la más estricta legalidad.

Siempre que he venido a este país lo he hecho con humildad, como ahora y siempre he respetado estrictamente las normas e instituciones y en particular a la Justicia del mismo y lo seguiré haciendo porque considero básica la armonía y cooperación de igual a igual entre nuestros estados y pueblos. Sin embargo, y con todo respeto, actitudes como la suya, en el caso que nos ocupa, no contribuyen en nada a ese fin, sino exactamente a lo contrario.

Espero y deseo que este incidente sea sólo una manifestación aislada y que no marque una trayectoria permanente.

México, DF, 30 de enero de 2004.

Atentamente,

Baltasar Garzón Real

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Meandose Fuera Del Cachape

La Editorial de hoy de La Jornada:

GARZON: ARROGANCIA CONFIRMADA

Baltasar Garzón envió ayer a esta casa editorial una extensa carta en la que se queja por el trato que recibió anteayer en el Reclusorio Norte (Reno) de esta capital, descalifica el trabajo informativo de este diario, tergiversa las posturas editoriales de La Jornada, pontifica sobre lo que cree que son las obligaciones de los periodistas mexicanos y expone una variopinta y muy subjetiva lista de agravios, desde el haberse sentido vejado por el personal del penal, hasta reclamarse como víctima de "manipulación informativa" y de supuestos insultos y denuestos para con su trabajo.

Por principio de cuentas, la acusación de manipular la información es falsa. Tras el incidente en el Reno, Garzón se negó a hablar con los medios y habría sido imposible, por ello, consignar su versión de lo sucedido. Con todo, la historia expuesta por el funcionario español en su misiva es muy semejante a la que aportaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y que fue puntualmente incluida en la edición de ayer de La Jornada, junto con la muy diferente narración de los hechos que aportó la directora del centro de detención, Marcela Briseño.

En otro sentido, y a pesar de los argumentos pergeñados por Garzón en defensa de la supuesta legalidad de su actuación en México, el magistrado ignora, o pretende ignorar, que en este país tiene vigencia un documento titulado Código Federal de Procedimientos Penales, que en su artículo 16 establece: "A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su defensor y la víctima u ofendido y/o su representante legal, si los hubiere". El juez peninsular se dice respetuoso del marco legal nacional, pero las víctimas mexicanas de su prepotencia han señalado que fueron interrogadas directamente por Garzón, sin ningún respeto por las formas ni por las disposiciones del Tratado de Asistencia Judicial mutua. Debe concederse, sin embargo, que la responsabilidad principal de esos atropellos no recae en los funcionarios españoles, sino en los mexicanos que se los han permitido.

Al magistrado español le escandaliza, por otra parte, la presencia, en el Reno, "de medios de comunicación incluso con cámaras de televisión con la intención de grabar la diligencia y actuación judicial", circunstancia que hacía imposible garantizar "el secreto que la legislación española impone para las diligencias sumariales". Bien: la legislación española, como su nombre lo indica, rige en España, no en un Estado independiente que se llama México. Líneas abajo, Garzón condiciona la credibilidad de La Jornada a que ésta "exija explicaciones" "del porqué los medios de comunicación, que por cierto cumplen con su obligación de atender a la noticia, fueron autorizados a violar el sigilo de unas diligencias judiciales, y por qué se preparó todo para que la autoridad judicial fuera 'cazada' por los mismos (sic) en el interior del Reclusorio Norte". El dislate es de tal magnitud que resulta obligado explicarle al magistrado un hecho más bien obvio: en México, en frecuentes ocasiones, reporteros y cámaras de televisión se encuentran presentes durante los procedimientos judiciales que se realizan dentro de los reclusorios y que tal presencia se inscribe en el derecho a la información y las leyes que rigen en el país y no tiene por objetivo "cazar" a ningún personaje.

En la última página de su extensa misiva, Garzón comete, él sí, una grosera maniobra de manipulación que linda con la calumnia, al aseverar que La Jornada presenta "como paladín de la libertad y de la dignidad restaurada a una organización terrorista". Si el juez español hubiese realizado una lectura mínimamente honesta de lo publicado ayer en este mismo espacio, se habría enterado que el titular sobre la "dignidad restaurada" no hace referencia a ETA sino a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal. Cabe esperar que el magistrado logre comprender que la organización terrorista vasca y el Poder Ejecutivo de la capital mexicana son cosas diferentes.

Para finalizar, la carta del juez Garzón a este diario confirma -en su ignorancia despectiva de las leyes, realidades y prácticas mexicanas, en sus pretensiones de recibir tratos de dignatario, en su afán por dictar a los periodistas de este país cómo deben hacer su trabajo, y hasta en la grafía arcaica y peninsular del gentilicio "mexicanos", que él escribe en dos ocasiones con jota, ignorando la recomendación de la Real Academia Española de usar "las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica"- actitudes más propias de un corregidor colonial que de un moderno investigador judicial "que nunca ha pretendido avasallar a nadie".

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viernes, 30 de enero de 2004

Garzón a la Reconquista

La Rayuela de hoy en La Jornada:

¿Y qué creyó Garzón? ¿Que en México también gobernaba el madrileño?

Desafortunadamente los cartoneros de La Jornada dejaron ir la oportunidad de satirizar el entrometimiento de Garzón y prefirieron dedicar sus cartones a la absolución dada por Lord Hutton al títere de Blair y a burlarse de la Iglesia Católica de México por el escandalo de una nueva píldora anticonceptiva, a Helguera se le fueron sus quince minutos pues.


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A Donde Con Tanta Prisa

La Editorial de hoy de La Jornada:

RECLUSORIO NORTE: DIGNIDAD RESTAURADA

El juez español Baltasar Garzón, el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina, y los guardaespaldas de ambos fueron echados ayer del área de ingreso del Reclusorio Norte (Reno), centro en donde pretendían intervenir en una diligencia de ampliación de declaraciones de los seis vascos detenidos en esa prisión desde julio del año pasado y sujetos a un juicio de extradición promovido por el propio Garzón, quien los acusa de haber financiado a supuestos etarras prófugos.

Así, frente a la vergonzosa claudicación de la soberanía nacional protagonizada anteayer por altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron al magistrado peninsular toda suerte de facilidades para que dirigiera un interrogatorio contra tres ciudadanos mexicanos que ya habían sido exonerados de las imputaciones de colaboración con la agrupación vasca ETA, la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Alejandro Encinas, el director de los reclusorios capitalinos, Héctor Cárdenas, así como la propia directora del Reno, Marcela Briseño, tuvieron una actitud digna, honrosa y cuidadosa de la legalidad.

Hasta ayer, la misión del magistrado español en nuestro país era secreta o, al menos, muy discreta, y los medios informativos de su país no habían dicho una sola palabra al respecto. Pero, tras el incidente en el Reno, y ante la obsesión de la clase política madrileña por vincular al movimiento etarra con cualquier persona o institución que no se limite a aceptar a ciegas las satanizaciones absolutas de los nacionalismos vascos, o que cuestione o se oponga a los atropellos, abusos y violaciones a los derechos humanos que el Estado español comete regularmente con el pretexto de combatir a ETA, la postura firme de las autoridades capitalinas puede dar lugar, en la otra orilla del Atlántico, a acusaciones delirantes de supuesta protección y hasta de complicidad con ese grupo separatista.

Con tal posibilidad sobre la mesa, es necesario insistir en que Encinas, Cárdenas y Briseño están defendiendo la ley y la soberanía nacionales, no encubriendo terroristas. Si las acusaciones de Madrid contra los vascos actualmente presos en el Reno resultan verosímiles o no, y si son, o no, fundamento suficiente para conceder su extradición a España, son asuntos que deben ser resueltos por jueces mexicanos, ministerios públicos mexicanos y abogados defensores mexicanos. Los funcionarios españoles tendrán que darse por satisfechos con el hecho de que sus rogatorias y solicitudes estén siendo tramitadas, entender que sus intromisiones son ofensivas para muchos sectores en el país y asumir que el servilismo que han encontrado en los altos niveles de la PGR no son, de ninguna manera, representativos del sentir nacional.

Quienes tienen a su cargo la institución encargada de la procuración de justicia en el país tendrían, por su parte, que escarmentar con el incidente de ayer y comportarse, en lo sucesivo, con decoro y, sobre todo, con apego a las normas y procedimientos legales vigentes. Garzón podrá tener mucho mérito -y lo tiene- como juez anticorrupción en su país, como promotor de un proceso penal contra Augusto Pinochet y a los ex dictadores argentinos y como solicitante de la extradición del ex torturador Ricardo Miguel Cavallo, pero ni esos episodios plausibles de su trayectoria, ni su investidura española, ni su fama mundial, ni el tratado de extradición bilateral, ni su arrogancia ni su prepotencia, le autorizan pasearse con aires de corregidor colonial por reclusorios, juzgados y ministerios públicos mexicanos. Y la que tiene obligación de hacérselo entender así, aunque sea para evitar nuevos episodios embarazosos, es su atenta anfitriona, la Procuraduría General de la República.


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Fascista y Malhumorado

También hoy en la sección Política de La Jornada:

Un visitante malhumorado y de pocas palabras

El visitante llegó hasta el área de aduanas del Reclusorio Norte de esta capital minutos antes de las 11 horas, pero después de ser informado de que no se le daría acceso, regresó a la camioneta Suburban negra en que era trasladado ayer. En punto de las 11:30 se retiró sin lograr su objetivo.

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, no pudo ingresar al penal debido a que autoridades de la Dirección General de Reclusorios le negaron la entrada por órdenes del Gobierno del Distrito Federal.

Después de enterarse del impedimento para que estuviera presente en una audiencia con los seis ciudadanos vascos presos en ese penal desde julio de 2003, con fines de extradición a España, al juzgador español -que en todo momento estuvo acompañado por Enrique Molina, fiscal de la audiencia, y custodiado por seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI)- no le quedó más que refugiarse en la camioneta con vidrios polarizados.

Después de salir de la puerta de aduanas se trasladó en su vehículo -en el que viajaban ambos funcionarios de la audiencia y dos personas más, entre ellas el chofer- hasta el área de juzgados federales, que está ubicada a un costado del reclusorio. Ahí, con un semblante de enojo e impaciencia, no dejó de hacer llamadas a través de su teléfono celular.

Durante su espera sólo en una ocasión intentó bajar de la Suburban negra, placas 734-RCY, pero cuando se percató de la presencia de dos reporteros que intentaron entrevistarlo, dijo: "No voy a dar declaraciones", y de inmediato cerró la puerta del vehículo.

En punto de las 11:30 abandonó el lugar custodiado por seis motociclistas con uniforme negro, y en cuyos costados tenían los símbolos de la AFI y del águila "mocha" que representa al gobierno de la República.

Detrás de la Suburban negra partió otra camioneta con los vidrios polarizados y sin logotipos.

ALFREDO MENDEZ ORTIZ


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Aznar No Quiere La Paz

Hoy en la sección Mundo de La Jornada:

El grupo armado se abstendría de perpetrar atentados en Cataluña, asegura

Aznar acusa a Carod-Rovira de hacer un pacto con los dirigentes de ETA

Esquerra Republicana exige la renuncia del Ejecutivo español por filtrar informes secretos


ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 29 de enero. El jefe del gobierno español, José María Aznar, acusó hoy al ex número dos del gobierno regional catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, de haber concluido un pacto con ETA, según el cual la organización armada vasca se abstendría de cometer atentados en Cataluña.

Al mismo tiempo, los partidos opositores de España demandaron a Aznar una explicación sobre su actuación en la crisis abierta tras la difusión del encuentro del líder republicano catalán con la cúpula de ETA, a principios de este mes.

El partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pidió la dimisión de Aznar ante las sospechas de que podría haber incurrido en el delito de "instrumentalización partidista de información clasificada y secreta".

La indignación de las formaciones opositoras se basa en dos supuestos todavía sin desmentir ni aclarar por las autoridades españolas. El primero, la utilización de los servicios de espionaje del Estado en beneficio del gobernante Partido Popular, ya que la filtración del encuentro entre Carod-Rovira con ETA podría haber surgido desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de cara a los comicios generales del próximo 14 de marzo. Y el segundo, que existe la sospecha de que el servicio de espionaje se utiliza para vigilar a dirigentes de partidos políticos democráticos, como el propio ERC.

El líder de ERC y ex conseller en cap de la Generalitat de Cataluña, Carod-Rovira, reconoció el pasado lunes que había mantenido un encuentro con dirigentes de ETA en la localidad francesa de Perpignan. En el encuentro habrían participado dos de los dirigentes etarras más buscados por la justicia, Mikel Albizu, alias Mikel Antxa, y José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera.

La difusión del "contacto" por un diario conservador provocó una crisis en el gobierno tripartita catalán y la posterior dimisión de Carod-Rovira como primer ministro del gobierno catalán, presidido por el socialista Pasquall Maragall.

Cerrada la crisis en el gobierno catalán, las formaciones políticas y los medios de comunicación buscan ahora esclarecer el asunto de la filtración y la presunta implicación del gobierno en la misma.

José Luis Rodríguez Zapatero, dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el mayor de oposición, exigió a la Fiscalía General del Estado abrir una investigación judicial para aclarar si ha existido "la utilización por parte del gobierno de los servicios nacionales de seguridad para atacar a sus adversarios electorales".

Esto, consideró, sería "escandaloso y grave, ya que está en juego la credibilidad de instituciones públicas muy importantes en una democracia".

A su vez, la coalición Izquierda Unida (IU) anunció que presentará una querella criminal, al tiempo que calificó de "escandalosa" la utilización por el gobierno y el PP de los servicios de espionaje.

Ante estos cuestionamientos, el presidente Aznar exclamó que no se puede sumar a "la vergüenza" del encuentro el "insulto" a las fuerzas de seguridad, al poner en duda que los servicios secretos "hayan tenido la posibilidad de detener a los dirigentes de ETA y no lo hayan hecho".

El vocero de Aznar, Eduardo Zaplana, negó que la filtración de la información haya surgido desde el Palacio de La Moncloa, sede de la presidencia.

Aznar aseguró, además, en la misma rueda de prensa, que Carod-Rovira "concluyó un acuerdo según el cual esta organización podía seguir matando donde quisiera, pero no en Cataluña.

"Quedó claro que la organización terrorista se reservaba el derecho de volver a matar desde el momento en que ello no perjudicara a Esquerra Republicana de Catalunya", indicó Aznar, sin dar detalles sobre la eventual contrapartida que pudiera haber concedido Carod-Rovira en esa reunión, realizada a principios de este mes.


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Marcela Briseño, La Dignidad

Hoy en la Portada y en la sección Política de La Jornada:

"Con la pena", la directora del Reclusorio Norte le negó acceso a las diligencias

Impidió el GDF al juez Garzón inducir interrogatorio a vascos

Ordenó la PGR suspender la audiencia

Pretendía que la funcionaria capitalina se disculpara


BLANCHE PETRICH

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la dirección de prisiones capitalinas negaron el acceso de dos funcionarios españoles, el juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, al Reclusorio Norte, donde debía realizarse un nuevo interrogatorio a los seis ciudadanos vascos presos desde hace seis meses, sujetos a un proceso de extradición a Madrid.

Pese a la insistencia y las presiones del fiscal federal de la Unidad Especializada contra Secuestros, Mario Arzabe, que actúa como agente del Ministerio Público en este trámite, Marcela Briseño, directora del penal, dio órdenes de detener a la comitiva de los magistrados españoles cuando ya se encontraban en el túnel de ingreso de visitantes, discutiendo con un custodio que insistía en ponerles un sello en el antebrazo. En ese momento, el jefe en turno de la prisión, enviado por la directora, exhortó a Garzón y a Molina a irse. Ambos salieron y por un teléfono interno la directora fue notificada.

-Van enojadísimos, licenciada.

-Con la pena -respondió Briseño-. Yo cumplo órdenes.

Esta actitud de las autoridades del Distrito Federal contrastó con las facilidades que pusieron a disposición de Garzón y Molina los mandos federales -la Procuraduría General de la República (PGR)- para que los magistrados participaran en nuevos interrogatorios a los tres mexicanos que fueron implicados como colaboradores en la trama del supuesto "Colectivo de Refugiados de ETA" en México.

El día anterior, Pilar Sosa, Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo, todos exonerados por falta de pruebas, fueron citados a una diligencia que, según declaró la primera a la agencia Notimex, "prácticamente" fue conducida por el juez Garzón.

La directora del penal explicó que, enterados "por la prensa" de que los dos jueces extranjeros pretendían estar presentes en la audiencia prevista para este jueves, sin que hubiera mediado solicitud formal o explicación alguna, el secretario de Gobierno del GDF, Alejandro Encinas, y el director de prisiones capitalinas, Héctor Cárdenas, dieron instrucciones precisas para que no se permitiera el acceso a Garzón y Molina. También cerraron el paso a los seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que los custodiaban.

Por su parte, Mario Arzabe demandó a la directora del penal que rectificara y franqueara el paso a los españoles, esgrimiendo "la trascendencia a niveles nacional e internacional" que pudiera tener una negativa. Cuando supo que los extranjeros fueron "invitados a retirarse" del reclusorio, exclamó: "¡Esto va a ser un problema!"

Finalmente, funcionarios de la PGR intentaron disfrazar el incidente "explicando" que el juez Garzón y el fiscal Molina prefirieron retirarse del penal antes de permitir ser "marcados" con el sello de tinta invisible que suele imprimirse en el antebrazo de los visitantes, como una de las medidas de seguridad aplicadas en todas las cárceles del país.

"No fue exactamente así -replicó la directora del penal-. Ellos no tenían autorización para entrar. No iban a hacerlo, independientemente de que se dejaran poner el sello o no."

Dos horas después de la retirada de los españoles y mientras los indiciados vascos eran informados sobre el contenido de la "comisión rogatoria" del juez Garzón, consistente en un largo interrogatorio para que los procesados ampliaran sus declaraciones, Arzabe ordenó la suspensión de la audiencia, sin explicar a los detenidos y a su defensa las razones. También se opuso a que se levantara y firmara un acta sobre lo ya actuado, como lo exigía la abogada de los vascos, Bárbara Zamora.

Juan Carlos Artola y Félix Salustiano García ya habían escuchado el cuestionario y se acogieron a los artículos octavo y 20 de la Ley de Procedimientos Penales para no responder. Los otros cuatro -María Asunción Gorrotxategui, Ernesto Alberdi, José María Urkijo y Asier Arronategui- tendrán que esperar una nueva notificación para cumplir con el trámite del citatorio.

El 22 de enero Marcela Briseño recibió un oficio notificando la solicitud de la Unidad Especializada en Investigaciones sobre Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas para realizar en el penal una ampliación de declaraciones de los seis detenidos, a quienes la justicia de España reclama por nexos con ETA.

Conforme la ley que rige estos procedimientos, a esas diligencias acude sólo personal de la PGR o la autoridad responsable, los acusados y sus defensores. El oficio de la procuraduría no indicó que se trataría de un interrogatorio ajeno a los procesos de extradición -justificación ofrecida ayer mismo por el subprocurador jurídico, Alejandro Ramos- ni mencionaba convenios de cooperación antiterrorista bilaterales.

Mucho menos informaba sobre la asistencia de dos jueces españoles. "De eso nosotros nos enteramos por los medios. Nada justifica la presencia de estos señores", señaló Briseño.

Antes que llegaran los españoles al Reclusorio Norte, el comisionado de la PGR, Arzabe, se adelantó a la oficina de la directora para allanarles el paso. Enterado de que había órdenes de negarles el acceso, el funcionario se mostró abrumado.

Cuando se le informó que la comitiva de Garzón se marchaba y que el juez estaba "enojadísimo", Arzabe pidió a la directora del penal que lo alcanzara para disculparse. La funcionaria no aceptó. El fiscal, entonces, alcanzó a los españoles y subió a su camioneta.

Mientras tanto, la diligencia fue iniciada por la agente del Ministerio Público Aurora Ramírez, quien ha tomado las declaraciones ministeriales de los seis vascos en las audiencias anteriores relacionadas con el proceso.

Después de permanecer dentro del vehículo de Garzón, frente al área de juzgados, Arzabe regresó al penal y se dirigió a la sala de juntas de la dirección, donde se realizaba la audiencia que él mismo había solicitado, y ordenó que el trámite se suspendiera. Ante el desconcierto de los involucrados, Ramírez y su asistente empacaron los expedientes y la computadora portátil.

La "comisión rogatoria" solicitada por Garzón a la PGR consiste en nuevos interrogatorios a los indiciados, tanto a los mexicanos ya liberados por falta de pruebas, como a los vascos, que recientemente ganaron un amparo en el que se declara "ilegal" la forma en que fueron capturados, el 18 de julio del año pasado.

Son más de 50 preguntas para cada uno en torno a la investigación sobre la presunta infraestructura que ETA habría desarrollado en España y México.

La petición de la abogada Zamora de que se firmaran las actas sobre lo ya actuado fue rechazada por Arzabe, quien arguyó que el disquete en el que se estaba registrando la audiencia es "del juez Garzón", y que decía que el trámite se había realizado en su presencia y la del fiscal Molina. Como ese texto original no podía ser modificado, y la presencia física de los españoles no tuvo lugar, no se elaboró el acta legal.

De este modo quedó en suspenso el trámite solicitado por la justicia española. A Zamora y a Briseño se les informó extraoficialmente que la diligencia será reanudada el próximo lunes en el mismo lugar. Pero en caso de que la PGR pretenda trasladar a los seis vascos y realizar el interrogatorio en otra dependencia (como se hizo el miércoles con los mexicanos Castro, Sosa y Camarillo, en la sala de juntas de la oficina del subprocurador de Investigación Especializada contra Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos), la directora del penal deberá recibir la orden de un juez para autorizar esa acción.

Otra nota acerca de la intrusión de Garzón en la soberanía de México, resulta que cuenta con el beneplácito de la PGR para hacerlo:

Rechaza que la presencia del juez viole la soberanía

Revela PGR que Garzón ha asistido a otras diligencias

Justifican Macedo y Ramos Flores solicitud del español

JESUS ARANDA

Baltasar Garzón, juez de instrucción español, no ha estado sólo en una de las diligencias de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada contra Delincuencia Organizada (SIEDO) relacionadas con los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte que enfrentan proceso de extradición: lo ha hecho también en otras ocasiones que ha visitado México.

Reveló lo anterior el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Ramos Flores, quien aseguró, sin embargo, que la presencia del juez no viola la soberanía ni las leyes del país, porque su estadía está regulada por los tratados de asistencia jurídica firmados por México y España.

"El juez presentó una solicitud de asistencia jurídica para que se hiciera una serie de diligencias, las cuales están siendo desahogadas" por la SIEDO, que encabeza José Luis Santiago Vasconcelos.

Entrevistado al término de la ceremonia de firma de un convenio de colaboración entre la PGR y la Universidad Autónoma de México, Ramos Flores precisó que las diligencias "son independientes al procedimiento de extradición" que enfrentan Juan Carlos Artola y su esposa, María Asunción Gorrotxategui; Ernesto Alberdi, José María Urkijo, Asier Arronategui y Félix Salustiano García.

Enfatizó que Baltasar Garzón (quien en realidad tiene un cargo equivalente al de un agente del Ministerio Público) únicamente está presente en las diligencias, pero no participa.

Las palabras de Ramos Flores contrastaron con las evasivas que sobre el tema interpuso el procurador general, Rafael Macedo, cuando fue interrogado en conferencia de prensa horas antes.

-¿Qué puede decir de la presencia del juez Garzón en la diligencia del miércoles, en la que comparecieron tres ciudadanos mexicanos (que estuvieron arraigados 90 días por presuntos vínculos con ETA, y fueron ligados a los seis ciudadanos vascos sujetos a proceso de extradición)?

-El juez, por los conductos diplomáticos correspondientes, presentó una solicitud de asistencia jurídica para que se hiciera una serie de diligencias, las cuales están siendo desahogadas por la SIEDO de acuerdo con el tratado de extradición con España, que señala que la parte que solicita la asistencia jurídica tiene derecho de estar presente.

Por su parte, Ramos Flores señaló que se trata sólo de asistencias jurídicas en materia penal para la recabación de pruebas, toma de declaración de testigos y cosas de ese tipo.

-¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Garzón?

-Simplemente estar presente en las diligencias, él no puede interrogar ni llevar a cabo ningún acto de autoridad.

-¿Qué hay de que no lo dejaron entrar al Reclusorio Norte?

-Yo tengo entendido que el problema no es que no lo hayan dejado entrar, sino que necesitaba una identificación y le pusieran un sello de los que se utilizan en los reclusorios para los ingresos. El propio juez manifestó que él no estaba de acuerdo en que se lo pusieran.

Empero, por la noche, la PGR aseguró que sí fue autorizado el ingreso del juez, pero que el Ministerio Público determinó diferir la audiencia por "no existir las condiciones de privacidad necesarias" debido a la presencia "no procedente" de medios de comunicación.

-En ocasiones anteriores, con otros casos de vascos, ¿el juez Garzón ya había estado en México en las diligencias? -se le preguntó a Ramos Flores.

-Ya había estado en México, ha venido varias veces y en algunas ha estado en diligencias propias del desahogo de algunas instancias jurídicas.

-¿Se sabe en cuántas?

-No tengo ahorita el dato, pero se trata del caso de los seis vascos en procedimiento de extradición a España.

"Cuando el juez viene a participar en alguna asistencia jurídica tiene que sujetarse a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen, por ejemplo, en materia de ingreso al reclusorio", aseveró Ramos Flores, quien agregó que para el gobierno de España el tema del terrorismo es muy importante y la PGR simplemente proporciona el apoyo que corresponde conforme a los tratados internacionales firmados en la materia.

Por lo menos hay voces que rechazan las facilidades que da el gobierno de Fox para que el juez clown Garzón actúe a sus anchas en México:

"Acto notoriamente ilegal", la intervención del juez, afirman abogados penalistas

Critican expertos la injerencia de Garzón

Intenta presionar a PGR y SRE para lograr extradición de los vascos detenidos, opinan

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Mientras que integrantes del Poder Judicial Federal (PJF) consideraron que la intervención del juez Baltasar Garzón y del fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina Benito, en el juicio de extradición de seis vascos viola la soberanía del PJF y las garantías procesales de los detenidos, especialistas en derecho penal aseguraron que la presencia de ambos funcionarios españoles en la Procuraduría General de la República (PGR), y su intención de acudir al Reclusorio Norte para participar en una diligencia (ayer se les negó el acceso), "son medidas de presión a las autoridades mexicanas" y "un acto notoriamente ilegal".

En entrevista con La Jornada, jueces de distrito en materia penal, que solicitaron el anonimato, refirieron que en un procedimiento de extradición "lo único que hace el juez del país donde se encuentre un reclamado es emitir una opinión jurídica, y como no se está juzgando a la persona, no tiene por qué interrogársele, algo que mucho menos pueden hacer autoridades de la nación que reclama".

Si eso está ocurriendo (en el caso de los vascos), es una violación no sólo a sus derechos procesales, sino al tratado en materia de extradición y hasta la Constitución mexicana en lo referente a la soberanía nacional, agregaron.

Los funcionarios añadieron que de comprobarse la "intervención directa" en México de Baltasar Garzón y Molina Benito como "autoridad reclamante" en el procedimiento de extradición de Félix Salustiano García, Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrotxategui, Asier Arronategui Duralde, Ricardo Ernesto García Sáenz y Luis Castañeda Vallejo, a quienes España vincula con la organización armada ETA, sería "lamentable" para la soberanía de México, porque "se trataría de una injerencia extranjera en el desempeño del Poder Judicial mexicano".

Por su parte, Benjamín Orozco, abogado penalista y especialista en temas de extradición, aseguró que "es claro que la presencia de Garzón tiene un efecto: presionar a las autoridades judiciales mexicanas, así como a la PGR y a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en su momento, con la finalidad de lograr la extradición" de los vascos.

El litigante precisó que con este caso "vuelve a ratificarse que los procedimientos de extradición se convierten en un asunto más de diplomacia que de proceso jurídico". Por eso hay tantas injusticias en esos procesos, "porque es simplemente una cortesía que tienen los países entre sí, más que un juicio propiamente hablando en el que deba agotarse cada uno de los pasos conforme a derecho".

Como se recordará, el pasado miércoles estuvieron presentes en las instalaciones de la PGR, durante la comparecencia ministerial de tres mexicanos acusados -y ya liberados por falta de pruebas- de complicidad con una presunta célula de ETA, el juez y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, pese a la inconformidad de la abogada Bárbara Zamora, defensora de los tres involucrados.

Para justificar la presencia de la "parte reclamante", Mario Arzabe, director de la Unidad Especializada contra Secuestros de la PGR, alegó que existen convenios de cooperación entre México y España que permiten la presencia de la autoridad extranjera en nuestro país, "en su calidad de interesada" en una extradición.

En respuesta, la litigante refutó al fiscal al asegurar que "no hay tratados ni acuerdos internacionales que posibiliten la participación directa en México de alguna autoridad que reclame a un extraditable".

A su vez, Julio Hernández Pliego, especialista en derecho procesal, aseguró que es "totalmente ilegal" la participación en México de la autoridad de otro país que reclama en extradición a los ciudadanos vascos, y aclaró que eso "deja en evidencia que hay una incidencia abierta".

Asimismo, indicó que la presencia de Baltasar Garzón en diligencias ministeriales, en torno al juicio de extradición de los seis vascos referidos, viola el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimientos Penales y el tratado de extradición entre México y España.

Por su parte, al salir del Reclusorio Norte, la abogada de los detenidos, Bárbara Zamora, anunció ayer que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el intento de violación de garantías en el proceso de extradición contra sus defendidos.


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jueves, 29 de enero de 2004

Fox el Servil

Hoy en El Correo Electrónico de La Jornada:

Servilismo ante el gobierno español, acusa

Señora directora: Una vez más, el aparato judicial y político del gobierno foxista se pone de rodillas ante la presencia del juez español Baltasar Garzón, quien de manera prepotente viola las más elementales normas del derecho y participa con el beneplácito de las autoridades mexicanas en los interrogatorios, que se realizan a los compañeros vascos detenidos en distintos reclusorios del DF.

Elevamos nuestra más enérgica protesta contra el servilismo que el actual régimen ha demostrado ante el juez Garzón; de igual manera el prolongado silencio del gobierno federal respecto a la ilegal detención de ciudadanos mexicanos y españoles lo convierte en cómplice de la sistemática violación de los derechos humanos que este funcionario hispano realiza en territorio nacional.

Exigimos la inmediata libertad de los compañeros vascos detenidos en cárceles mexicanas.

CGR del Frente Zapatista de Liberación Nacional DF. Enrique Avila Carrillo


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Lo Que El Viento Se Llevó

Hoy en la Editorial de La Jornada:

CLAUDICACIÓN DE LA SOBERANIA

Ayer, la Procuraduría General de la República (PGR) citó con engaños e irregularidades a ciudadanos mexicanos para interrogarlos, en presencia de un juez y un fiscal extranjeros, en la oficina del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. Se trata de personas que fueron arraigadas entre 60 y 90 días, acusadas de lavado de dinero para la organización terrorista vasca ETA y posteriormente liberados por falta de pruebas. Jorge Serrano, de la Unidad Especializada contra el Terrorismo, y Mario Arzabe, de la Unidad Especializada contra Secuestros, son los funcionarios mexicanos que perpetraron el atropello. Los extranjeros se llaman Baltasar Garzón, juez español, y el fiscal de la Audiencia Nacional de España Enrique Molina. Trascendió, además, que los seis vascos que permanecen detenidos en el Reclusorio Norte y que enfrentan juicio de extradición a petición de España han sido citados para comparecer, no en el juzgado adjunto a ese centro de detención, sino en las oficinas de la directora de la cárcel, ante los funcionarios extranjeros.

No viene a cuento, ahora, la discusión sobre la culpabilidad o la inocencia de los presos vascos, sino la constatación de una cadena de irregularidades y arbitrariedades cometidas por la PGR y por los jueces en el curso de sus detenciones y de sus procesos, tendencia que ahora culmina nada menos que con una grave e inadmisible liquidación de la soberanía nacional: la participación de un juez y un fiscal extranjeros en diligencias en las que, conforme a las leyes vigentes, sólo tienen derecho a tomar parte, además de los empleados del Poder Judicial, los funcionarios del Ministerio Público, los indiciados y sus abogados defensores.

En los sexenios recientes las autoridades mexicanas, deseosas de agradar a los gobiernos españoles, han ido liquidando el derecho de asilo, han violentado el estado de derecho al eludir, por la vía de las deportaciones, los debidos juicios de extradición y, lo más grave, han permitido la presencia en nuestro país de agentes del Estado español en la creciente persecución contra ciudadanos vascos acusados de pertenecer a ETA, persecución que en casi todos los casos ha resultado, además, violatoria de los derechos humanos. Durante la actual administración esas tendencias han desembocado en un manifiesto e improcedente alineamiento con el gobierno de Madrid en su guerra contra los vascos (etarras o no), en indignantes atropellos contra personas inocentes y en una franca claudicación de la soberanía nacional. En el punto al que se ha permitido la injerencia, sólo faltaba que el gobierno foxista facilitara al juez Garzón una oficina para que el magistrado español pudiera operar a sus anchas en México. Y así ocurrió ayer, para vergüenza nacional. En el despacho del subprocurador Santiago Vasconcelos, el magistrado español pretendió participar en una diligencia improcedente, para colmo, toda vez que se citó en calidad de indiciados a ciudadanos que ya habían sido exonerados de toda imputación.

La sociedad civil debe exigir al gobierno federal que corrija de inmediato estas acciones aberrantes e ilegales y ofrezca disculpas a los afectados. El juez Garzón, por su parte, tendría que esperar, en su despacho madrileño, a que se resuelvan conforme a derecho sus peticiones de extradición. La colaboración jurídica internacional es en sí misma deseable, siempre y cuando no conlleve violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos, y en la medida en que no se traduzca en una liquidación de las soberanías nacionales.


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Juegos Lúgubres

Hoy en la sección Mundo de La Jornada:

Versión de que el Ejecutivo español sabía del encuentro desde antes que lo revelara ABC

Opositores exigen a Aznar aclarar el contacto entre Carod-Rovira y ETA

El gobierno utiliza los servicios de inteligencia en beneficio partidario, acusa el PSOE

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 28 de enero. Una vez finalizada la crisis en el gobierno de Cataluña por la difusión del "contacto" entre dirigentes de ETA y Josep Lluís Carod-Rovira, conseller en cap y líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC, independentistas), los partidos de oposición exigieron al gobierno del conservador José María Aznar que aclare las circunstancias del encuentro.

Según algunas versiones periodísticas, el Ejecutivo español sabía desde hace unas semanas de esa reunión gracias a que sus servicios de espionaje lograron grabar el encuentro entre el político catalán y dos de los considerados máximos dirigentes de la organización armada vasca ETA, Mikel Albizu, Mikel Antxa, y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera. La oposición preguntó al gobierno por qué si los espías españoles lograron grabar la plática, no actuaron para detener a los presuntos etarras.

Al mismo tiempo, la oposición cuestionó la filtración de la noticia, que habría surgido desde el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al diario conservador ABC. También criticó que se utilicen los servicios de inteligencia para vigilar a los políticos de partidos democráticos; Carod-Rovira ha sido estrechamente vigilado desde 2001, cuando mantuvo los primeros contactos con la ahora proscrita coalición nacionalista vasca Batasuna, de cara a una hipotética mediación en el histórico conflicto.

Aznar se limitó a señalar: "yo nunca hablo de esas cosas", y exigió a Carod-Rovira que "dé todos los datos de la reunión a los miembros de los cuerpos de seguridad" y "colabore en la lucha contra el terrorismo".

Jesús Caldera, vocero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pidió a Aznar que explique "las circunstancias de la filtración y los motivos por los que no fueron detenidos los terroristas, lo que podría demostrar que prefiere usar las informaciones de los servicios de inteligencia en beneficio partidario, en vez de luchar contra el terrorismo".

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) exigió la comparecencia de Federico Trillo, ministro de Defensa, y Jorge Dezcállar, director del CNI, para que aclaren si se "espía a dirigentes políticos democráticos en lugar de detener a terroristas".

Javier Madrazo, de Izquierda Unida, denunció a Aznar y al PP por haber ideado "una operación de sabotaje contra el gobierno de izquierdas y catalanista sirviéndose de los servicios secretos en beneficio propio".

Mientras, el gobierno tripartita catalán, formado por PSC, ERC e IC-EV y presidido por Pasquall Maragall, celebró hoy una reunión en la que se dio la sensación de normalidad y se adoptaron los cambios anunciados, el más importante la destitución de Carod-Rovira como conseller en cap, con lo que sus atribuciones de primer ministro serán asumidas por otros consejeros y por el propio Maragall.

Por último, la Asociación Víctimas del Terrorismo, formada por familiares o afectados directos de la violencia de ETA, entre ellos el intelectual Fernando Savater, condenaron el contacto de Carod-Rovira con ETA, y presentaron ante la Audiencia Nacional una demanda contra el político catalán por "colaboración con banda armada".


Y hay quienes piensan que este perro rabioso de Savater es un honorable filósofo, veanlo colaborar con Aznar.

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Metido Donde No Debe

Hoy en la Portada de La Jornada:

Denuncia la abogada Zamora "actos ilegales" de la PGR para complacer al juez español

Garzón atestigua comparecencia de tres mexicanos ligados a ETA

Hoy asistirán, junto con el fiscal Molina, a las diligencias de seis vascos en el Reclusorio Norte

BLANCHE PETRICH

El juez Baltasar Garzón y el fiscal de la Audiencia Nacional de España, Enrique Molina Benito, asistieron ayer a las comparecencias de tres mexicanos acusados -y liberados por falta de pruebas- de complicidad con una presunta célula de la organización armada vasca ETA, que tuvieron lugar en las oficinas del subprocurador de Investigaciones Especializadas contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos.

El juez y el fiscal españoles anunciaron que también asistirán a otras diligencias que tendrán efecto este jueves en el Reclusorio Norte, a las que fueron citados los seis ciudadanos de Euskadi detenidos en esa cárcel desde hace seis meses, sujetos a un proceso de extradición solicitado por Garzón, artífice del embate del gobierno de José María Aznar contra el independentismo vasco, como presuntos responsables de "asociación con terrorismo y lavado de dinero".

Hasta ayer se había mantenido en secreto la presencia de Baltasar Garzón y Enrique Molina en México.

La abogada defensora del coacusado Pedro Ulises Castro Vargas, Bárbara Zamora, alegó durante la diligencia -que presidió el agente del Ministerio Público y director de la Unidad Especializada contra Secuestros, Mario Arzabe- que la presencia de los dos funcionarios extranjeros, que además representan a la parte acusadora, contraviene la Ley Federal de Procedimientos Penales (artículo 16).

Señaló que fue un acto "inconstitucional, de intimidación y violatorio de las garantías" de su cliente, y demandó que Garzón, Molina y cuatro agentes de la policía española que se encontraban presentes desalojaran la sala.

Arzabe sólo accedió a desalojar a los policías extranjeros, pero defendió la presencia del juez y del fiscal "en su calidad de interesados", y esgrimió los convenios de cooperación México- España para justificarse.

Finalizadas las diligencias, que se realizaron bajo protesta de la defensa, el juez Garzón se despidió de la abogada Zamora.

-Nos vemos mañana -le dijo, aludiendo a las diligencias en el Reclusorio Norte.

-Ah, ¿va a estar usted allá?

-A eso vine -respondió el juez español.

Zamora advirtió a este diario: "Desde luego vamos a volver a objetar la presencia y participación de los funcionarios extranjeros en estas comparecencias. El artículo 16 del código que rige estas actuaciones judiciales es muy claro en delimitar quiénes tienen derecho a estar en estas audiencias: el agente del Ministerio Público, los secretarios o testigos de asistencia, el inculpado y su defensa. Nadie más".

La semana pasada el juez quinto A de distrito, Javier Zamudio, resolvió un amparo contra la detención formal con fines de extradición de los seis vascos detenidos: Juan Carlos Artola y su esposa, María Asunción Gorrotxategui; Ernesto Alberdi, José María Urkijo, Asier Arronategui y Félix Salustiano García.

Sin embargo, pese a reconocer que la forma como fueron arrestados fue ilegal, no decretó su libertad inmediata, sino que concedió al juez que dictó la orden de arresto, César Flores, una nueva oportunidad para "reformular" la documentación formal. Esta "orden", solicitada por Garzón el 14 de julio del año pasado, se ejecutó cuatro días después durante un operativo de la Agencia Federal de Investigación, que lanzó una cacería simultánea en Cancún, Monterrey, Puebla, Puerto Escondido y Cuautitlán Izcalli.

Baltasar Garzón los acusa de "asociación delictuosa, terrorismo, blanqueo de capitales y falsificación de documentos" como presuntos integrantes de una célula de logística de ETA.

Junto con ellos fueron detenidos tres mexicanos: Pilar Sosa Espinosa, Noé Camarillo y Pedro Ulises Castro, quienes fueron mantenidos en arresto domiciliario por periodos de entre 50 y 90 días. Al final, la PGR no encontró elementos para inculparlos y decretó su libertad.

El 22 de enero los tres mexicanos recibieron un citatorio de la Unidad Especializada en Investigaciones de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, cuyo titular es Jorge Serrano Gutiérrez, para comparecer "como indiciados" ante la agencia del Ministerio Público situada en Plaza de la República 43.

La víspera, sorpresivamente, se les notificó que la diligencia se haría en la sede de la PGR, en Reforma 23. Al llegar los tres citados con sus defensores fueron conducidos al piso 8, oficinas del subprocurador Santiago Vasconcelos, donde ya los esperaban Garzón, Molina y cuatro agentes españoles.

Durante la audiencia de Castro, Arzabe explicó que Garzón había ampliado su comisión rogatoria "porque -explicó Zamora- nos dijo que están investigando otras conductas de los indiciados. O sea, otros delitos distintos a los de la averiguación previa, lo cual en principio es ilegal".

Antes de iniciar el trámite, la defensora pidió que la diligencia se sujetara a lo establecido por la ley federal sobre la formalidad de estos procedimientos, y exigió que quienes fueran ajenos al citatorio abandonaran la sala.

Arzabe aceptó la salida de los cuatro agentes, pero alegó el derecho de los dos funcionarios españoles a asistir al interrogatorio que ellos mismos formularon "en el marco previsto por la comisión rogatoria y por el tratado de extradición bilateral".

Al final, en el acta se asentó la objeción del inculpado y su defensa. Además, Arzabe no permitió a Zamora el acceso a copias de la "comisión rogatoria" del juez Garzón, que presumiblemente contiene nuevos elementos para sustentar la acusación, en aras de estar "protegida por el sigilo debido en una averiguación previa".

Bárbara Zamora advirtió que la PGR y el Ministerio Público están incurriendo en actos ilegales "por presión y para complacer a Garzón y a Molina", y estimó que en la Audiencia Nacional de España "hay nerviosismo, tienen miedo de que el gobierno mexicano no conceda la extradición, ya que la demanda de la defensa de que los seis vascos tienen que ser liberados de inmediato está muy sustentada, al grado de que la semana pasada obtuvieron un amparo. Por eso están buscando a ver qué les fabrican".


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miércoles, 28 de enero de 2004

Apelando el Amparo Macuarro

Hoy en la sección Política de La Jornada:

Siguen en prisión

Apelarán amparo "para efectos" otorgado a vascos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El juzgado quinto de distrito A de amparo otorgó la protección de la justicia federal a los seis ciudadanos de origen vasco presos en el Reclusorio Norte, al considerar que el juez segundo de distrito en materia penal, César Flores Rodríguez, violó sus garantías constitucionales al autorizar su detención formal con fines de extradición a España por sus presuntos vínculos con la ETA; sin embargo, los vascos no quedarán libres porque sólo les concedió un amparo "para efectos", con el propósito de que el juez segundo reconsidere su fallo.

Bárbara Zamora, abogada de los detenidos, afirmó que "hubo línea política" hacia el juez quinto de distrito, Rafael Zamudio, y dijo que apelará de la sentencia ante un tribunal colegiado, porque sus clientes "debieron ser liberados de manera inmediata y eso no sucedió".

En conferencia de prensa, Zamora habló del sentido en que se resolvió el pasado viernes el amparo 2469/2003, solicitado por Félix Salustiano García, María Asunción Gorrochategui, Ricardo Ernesto Saez García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralde y Juan Carlos Artola Díaz contra la orden de detención formal con fines de extradición a España que en julio de 2003 emitió el juez Flores Rodríguez.

Precisó que "el juez quinto de distrito determinó que la aprehensión (de sus clientes) es ilegal y viola el artículo 16 constitucional, por lo cual concede el amparo para que el juzgado segundo deje insubsistente el auto en el que decretó la detención formal con fines de extradición y para que dicte una nueva resolución purgando los vicios que la afectan; aunque la sentencia puede ser en el mismo sentido o en otro".

Lamentó que el juez quinto de distrito sólo haya concedido un amparo "para efectos" y no "de fondo", porque ahora los detenidos "deberán esperar a que el juez (Flores Rodríguez), que ya antes autorizó la aprehensión de los vascos aun careciendo de elementos para ello, determine otra vez si deben o no ser detenidos y, en tanto, tendrán que permanecer en prisión".


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Por Buscar La Paz

Hoy en la sección Mundo de La Jornada:

La reunión de Carod-Rovira con ETA precipitó la crisis en el nuevo gobierno

Renuncia el primer ministro de Cataluña

Otegi califica de mentirosos e hipócritas a PSOE y PP: "hablaron" con el grupo armado

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 27 de enero. Josep Lluis Carod-Rovira, líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC, independentistas), renunció hoy como primer ministro del gobierno de coalición catalán, la que fue aceptada por el presidente Pasquall Maragall por la tormenta política que provocó la difusión del "contacto" que mantuvo el dimitente con la cúpula de la organización armada vasca ETA.

Carod-Rovira, en calidad de secretario general de ERC, pero ya en funciones como conseller en cap del gobierno autonómico catalán, se reunió el pasado 4 de enero en el sur de Francia con dos jefes de ETA.

Según medios de prensa, éstos serían Mikel Albizu, Mikel Antxa, número uno de la organización, y José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, ex parlamentario de Batasuna que se encuentra prófugo desde 2003.

La reunión se llevó a cabo sin que Carod-Rovira informara a Maragall ni a ninguno de los miembros de la generalitat de Cataluña, formada por una coalición tripartita del Partido Socialista Catalán, ERC e Iniciativa per Cataluña-Els Verds, alianza que se mantiene a pesar de la crisis.

El encuentro, dado a conocer por el diario conservador ABC gracias a una supuesta filtración del servicio de espionaje español, provocó que el gobernante Partido Popular (PP), del presidente José María Aznar, acusara al político nacionalista catalán de "delinquir" y "falta de decencia".

Carod-Rovira admitió su "error" y defendió la voluntad de paz con la que acudió al encuentro con ETA, a la que, dijo, intentó convencer de decretar una tregua.

Maragall le ofreció su continuidad en el gobierno como "consejero sin cartera y sin competencias", pero Carod-Rovira encabezará la lista de candidatos a diputado de su partido, con lo que previsiblemente se trasladará a Madrid después de las elecciones generales como vocero de ERC.

El político catalán responsabilizó al PP de "estar detrás de la crisis del gobierno catalán, ya que es responsable de un recorte permanente de las libertades y no tiene interés real en la desaparición de la violencia sino en un incremento de votos a partir de chantaje electoral, las amenazas y las presiones".

También fustigó "la hipocresía permanente del PP y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), que en su momento se reunieron con ETA como he hecho yo ahora, y tanta legitimidad tenían ellos para hacerlo como yo en nombre de mi partido y no en representación del gobierno de Cataluña".

Maragall habló hoy por primera vez sobre la primera crisis que enfrenta desde que hace un mes asumió el poder, y señaló que Carod-Rovira "ha cometido de buena fe un error muy grave y el gobierno no puede recuperar su crédito sin que se asuman responsabilidades", con lo que aceptó la dimisión de su principal aliado.

Maragall también fustigó al PP por "utilizar a menudo temas relacionados con el terrorismo" para su interés electoral, y denunció que la difusión del encuentro fue gracias "a la fría planificación" del partido en el gobierno nacional.

Ante la beligerancia del PP y de Aznar, Rodríguez Zapatero, líder del PSOE, señaló que "su actitud ha sido lamentable, el PP ha demostrado que es incapaz de entender que la lucha antiterrorista es tema de Estado, y ha intentado sacar ventajas partidistas con la situación vivida en las horas recientes".

El vocero en el Congreso del Partido Nacionalista Vasco (en el gobierno en Euskadi), Iñaki Anasagasti, señaló que la crisis ha provocado que el PSOE asumiera un discurso político "más españolista", ya que su renuncia significa "un reconocimiento de culpa cuando no la hay, sobre todo cuando se trata de buscar la paz hablando con la gente de ETA, que es una obligación, sobre todo cuando hay un pacto entre el PP y el PSOE y a los demás se les excluye".

De su lado, la vocera del lehendakari Juan José Ibarretxe, Miren Azkarate, dijo que hay motivaciones electorales detrás de este escándalo, y le parece cuando menos "paradójico" que quien ya ha hablado con ETA organice ahora esta campaña de descalificaciones contra Carod-Rovira.

Agregó que el gobierno vasco considera "perfectamente legítima" la decisión de Carod-Rovira, de mantener una reunión con la dirección de ETA, al tiempo que apoyó toda iniciativa que busque el fin del terrorismo, por lo que, subrayó, resulta necesario dar una "oportunidad" a este tipo de contactos.

El portavoz de Socialista Abertzaleak, Arnaldo Otegi, felicitó a Carod-Rovira porque, resaltó, "ha apostado por el diálogo". Señaló que la actitud de Rodríguez Zapatero es lamentable; le recomendó ingresar al PP.

El líder de la ilegalizada coalición Batasuna, señalada por Aznar como brazo político de ETA, calificó como mentirosos e hipócritas a los dirigentes del PSOE y del PP, porque en Argel y Zurich hablaron con ETA y, dijo, no sólo de dejar las armas.


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