miércoles, 31 de diciembre de 2003

Adiós al 2003

Pues bien, 2003 vino y con la misma se fue.

Estos doce meses estuvieron llenos de acontecimientos para Euskal Herria y se caracterizaron porque el conflicto político tuvo repercusiones a nivel mundial.

En enero la propuesta del EZLN llamada "Una Oportunidad a la Palabra" llegó a un abrupto fin cuando ni ETA ni el Sup Marcos tuvieron el tacto suficiente para hacerla seguir adelante. A la carta que mandaron los militantes de ETA, donde era evidente que les faltó entender el humor y el lenguaje de las misivas del EZLN, el Sup respondió con una misiva llena de rencor que en muchos párrafos hizo eco de las peores acusaciones lanzadas en contra del grupo armado por los consorcios informativos, el Sup en momentos parecía querer superar a Garzón, a Aznar, a Savater o a Vargas Llosa.

Dándose cuenta de su error, en febrero el EZLN mandó una carta más pidiendo disculpas y explicando por que se habían involucrado en el conflicto del pueblo vasco.

Agosto marcó una vez más un mes en el que México era escenario de la lucha del pueblo vasco al complicarse el caso de los seis vascos arrestados en México a causa de un pedido de extradición por parte de Baltasar Garzón mismo que estaba plagado de irregularidades.

Septiembre vio como el aparato represivo español se abalanzaba en contra de los artistas vascos representados en las personas de Manu Chao, Fermín Muguruza y el director de cine Julio Medem. Volviendo a México, el vasco Lorenzo Llona lograba una victoria al evitar se extraditado a España. Hacía finales de ese mismo mes el lehendakari de la CAV abrió la Caja de Pandora al presentar su propuesta que sería conocida a partir de entonces como Plan Ibarretxe.

Las cosas siguieron por el mismo rumbo hasta que en diciembre Catalunya unió su voz a la del pueblo vasco, desatando la ira de los españolistas.

2003 pues fue un año donde se atacó al euskara, se ilegalizó a formaciones políticas y se extendió a México el cerco represivo español en contra de los vascos. Propuestas por parte de la izquierda abertzale quedaron allí para ser analizadas y estudiadas.

Con esto es con lo que recibiremos al 2004.


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martes, 30 de diciembre de 2003

Caso de los Seis a Tribunal Colegiado

Continúa la odisea de los seis vascos en México, uno a uno aquellos que están a cargo de defender el derecho y la justicia les han fallado pues han preferido olvidarse de la ética y han preferido seguirle el juego a Fox que insiste en obedecer ciegamente al fascista español José María Aznar.

Esta nota que publica hoy en su sección Política, La Jornada da cuenta de los que está sucediendo con el proceso, aquí la tienen:



Decidirá tribunal colegiado si concede a España la extradición de seis vascos


Alfredo Méndez Ortíz

El litigio correspondiente al juicio de amparo 2469/2003 promovido por los seis ciudadanos vascos presos en el Reclusorio Norte con fines de extradición a España seguirá adelante en segunda instancia, luego de que el juzgado quinto A de amparo les negó la protección de la justicia federal.

Ahora corresponderá a un tribunal colegiado decidir si confirma o modifica la sentencia del juez quinto, Rafael Zamudio, quien determinó el pasado 19 de diciembre que el juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez (responsable de opinar si jurídicamente procede la extradición de los vascos) no violó las garantías constitucionales de los ahora detenidos, a pesar de que les rechazó varias pruebas que serían utilizadas para su descargo.

Sin embargo, los quejosos tendrán que esperar hasta la próxima semana, cuando regresan de vacaciones los magistrados de los tribunales colegiados, para que el recurso de revisión interpuesto por Bárbara Zamora, abogada de los vascos, sea analizado y se le otorgue la sentencia correspondiente.

Entre tanto, el próximo 5 de enero se efectuará la audiencia constitucional correspondiente a otro amparo que en su momento solicitaron José María Urquijo Borde, Ernesto Alberdi Alejalde, Asier Arronategi Duralde, Félix Salustiano García, Juan Artola Díaz y María Asunción Gorroxategi contra la declaración de detención formal de extradición, dentro del cual ya ganaron la posibilidad de que no sean enviados a España por autoridades como la Secretaría de Gobernación en tanto no culmine el juicio de extradición ante el juzgado segundo y la Secretaría de Relaciones Exteriores dé a conocer su decisión al respecto.

Ese día, el juzgador escuchará los alegatos de defensa que presente la abogada de los detenidos, y después turnará el expediente a sentencia. Mientras no se definan los litigios de ambos amparos, el juez segundo de distrito no podrá emitir su opinión jurídica respecto a la extradición de los vascos.

Sobre al procedimiento de extradición, el pasado 19 de diciembre se llevó a cabo la última audiencia de desahogo de pruebas (las aceptadas por el juez). La diligencia consistió en que el historiador Felipe Echenique participó como perito y emitió un dictamen, en el cual se señala que existe un conflicto político entre el Reino de España y el País Vasco, ya que el gobierno que encabeza José María Aznar lleva a cabo una persecución en contra de ciudadanos independentistas, por lo que estimó que los seis detenidos deben ser considerados perseguidos políticos y por tanto no se debe conceder su extradición a ese país ibérico.

Como se recordará, el gobierno de España considera a los seis vascos como miembros de ETA, y los acusa de asociación en banda terrorista, blanqueo de capitales (lavado de dinero), operaciones financieras con recursos procedentes de actividades terroristas y falsificación documental, delitos previstos en el Código Penal de la nación reclamante.




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lunes, 29 de diciembre de 2003

Una Década del EZLN

La Editorial de hoy en La Jornada ha sido dedicada a la década de lucha por parte del EZLN, aquí la tienen:



10 años del EZLN

El próximo 1º de enero se cumplen 10 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en favor de los derechos y la dignidad de los indígenas de México. Mucho es lo que ha acontecido en esta década y, también, son considerables las omisiones y las afrentas que la nación mexicana y sus pueblos originarios han debido enfrentar en este crucial periodo de la historia del país.

En primer término, cabe destacar las trascendentales aportaciones que el EZLN ha legado al desarrollo democrático, cívico e institucional del país. A él se deben tempranas y visionarias formas de rechazo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, instrumento que sólo ha beneficiado al gran capital y que, en cambio, ha deteriorado severamente los niveles de bienestar y competitividad de incontables productores agrícolas, industriales y comerciantes nacionales. También corresponde al esfuerzo del EZLN una porción significativa de los logros en materia democrática que ha experimentado México en este periodo. Su compromiso con las mejores causas sociales y con el progreso institucional ha empujado la democratización del país: basta recordar, para dar la medida de esta aportación, las diversas consultas ciudadanas auspiciadas y avaladas por el EZLN y, sobre todo, la vehemente y valerosa reivindicación del derecho de los pueblos indígenas a elegir su futuro y sus propias formas de organización y gobierno en el marco de la nación mexicana. La ciudadanización del IFE, por ejemplo, no puede separarse del profundo proceso de concientización de la sociedad impulsado en su momento por el EZLN.

Por otra parte, el zapatismo ha sido un factor determinante para que la sociedad mexicana comprenda y reconozca la dignidad y la respetabilidad de los pueblos indígenas del país. El EZLN, a diferencia de las distintas administraciones que han conducido al país en los últimos 10 años, ha mantenido en todo momento su intención de trabajar en favor de la paz y ha avalado desde el principio los acuerdos de San Andrés, textos jurídicos reconocidos por los pueblos indígenas de México y por amplísimas franjas de la sociedad como las vías apropiadas para alcanzar la paz en Chiapas y comenzar a restituir a los pueblos indios los derechos y las prerrogativas que legítimamente les corresponden. Sin el despertar zapatista del 1º de enero de 1994, el consenso social -nacional e internacional- en favor de los derechos de los pueblos originarios de México y su necesaria ubicación en el centro de la agenda del desarrollo nacional no habrían tenido lugar, al menos de la manera que hoy conocemos.

Por otro lado, a lo largo de la pasada década, el EZLN ha denunciado con claridad los vicios y las limitaciones de la clase política nacional, ha señalado enfáticamente la necesidad de desactivar los impulsos contrarios al interés de las mayorías que han caracterizado a los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y ha sido un actor implacable y moralmente sólido en la tarea de construir un México más solidario, justo y democrático.

Desafortunadamente los gobiernos que han regido a la nación desde 1994 a la fecha no han sido capaces de comprender la trascendencia de estos señalamientos y no han estado a la altura de las exigencias ciudadanas. El incumplimiento oficial de los acuerdos de San Andrés y el continuo estado de militarización y paramilitarización de las regiones de influencia zapatista dan cuenta de ello. De igual manera, los pueblos indígenas no han encontrado en estos 10 años razones para suponer que las autoridades nacionales están realmente dispuestas a asumir y a atender sus justos reclamos por una vida digna en el marco de sus formas particulares de organización social, política y económica. Por ello la lucha zapatista no ha concluido y todavía tiene un largo y auspicioso camino que recorrer, de la mano de las mejores y más comprometidas fuerzas sociales y ciudadanas.

Finalmente, ha de honrarse a las numerosas personas que han brindado su esfuerzo, e incluso su sangre, en el imprescindible afán de dar a los pueblos indios de México, y a los mexicanos en su conjunto, mejores oportunidades de vida digna y de desarrollo justo, democrático e incluyente. Las víctimas de Acteal y de otras repudiables acciones represivas, los activistas en pro de los derechos humanos que han padecido la intolerancia y el hostigamiento oficiales y, en general, todos los mexicanos que han asumido como suya la justa lucha de los pueblos indígenas merecen un cabal reconocimiento. Por ello, a 10 años del levantamiento zapatista, las legítimas aspiraciones de los indios de México y el reclamo por un país más justo y democrático continúan siendo, en voz del EZLN y de amplios sectores sociales comprometidos con las más elevadas metas nacionales, parte crucial de la agenda por la construcción de un futuro mejor para todos los mexicanos.





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lunes, 22 de diciembre de 2003

Recordemos Acteal

Hace seis años el régimen priísta llevó a cabo uno de los peores actos de terrorismo de estado en la historia reciente de México, y lo hizo en territorio del EZLN en Chiapas. Esta es la Editorial de hoy en La Jornada:

Acteal en la memoria

El 22 de diciembre de 1997, hoy hace seis años, un comando paramilitar financiado, asesorado y armado por el gobierno de Chiapas, por el PRI local y por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asesinó a 45 indígenas tzotziles -mujeres embarazadas, niños, hombres y ancianos- de la comunidad Las Abejas en Acteal, municipio de Chenalhó. La masacre ocurrió en el contexto de la estrategia represiva contrainsurgente que aplicaba entonces el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León contra las comunidades zapatistas de la entidad.

Fue el más resonado, pero no el único acto genocida perpetrado por el poder público en el sexenio pasado. El nombre de Acteal venía precedido por la matanza de Aguas Blancas, en Guerrero, y fue seguido por varias acciones de exterminio, tanto en esa entidad (El Charco) como en otras localidades chiapanecas (El Bosque, La Libertad).

Como se recordará, la tragedia de Acteal generó, en su momento, una fuerte e indignada reacción social y una simple alharaca de la presidencia de Zedillo, la cual destituyó al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al delegado gubernamental para el diálogo, Pedro Joaquín Coldwell, y promovió la remoción del gobernador interino Julio César Ruiz Ferro. El entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, pretendió explicar la masacre como resultado de conflictos "intercomunitarios", se dio caza a algunos responsables materiales de las muertes y se continuó la política de hostigamiento y guerra sucia contra las comunidades rebeldes chiapanecas. Hasta el último día de su mandato, Zedillo y sus colaboradores siguieron viendo a los indígenas mexicanos como enemigos reprimibles y exterminables.

El gobierno de Vicente Fox -quien, como candidato presidencial, ofreció resolver el conflicto de Chiapas en "15 minutos"- modificó en parte la antigua estrategia contrainsurgente y optó, sin retirar de la zona al Ejército o desarmar las bandas paramilitares, por una actitud de soluciones simuladas y de franco engaño sobre la profundidad, la gravedad y la persistencia de la fractura social entre el Estado mexicano y los pueblos indios del país.

Los acuerdos de San Andrés Larráinzar siguen sin aplicarse; la Legislatura pasada aprobó, con actitud francamente criolla, una versión adulterada y manipulada de la propuesta de la Cocopa para reformas constitucionales y legales en materia de derecho y cultura indígenas; hoy, a seis años de la masacre de Acteal, siguen sin solucionarse la insurrección chiapaneca y la consecución de relaciones justas y dignas para las etnias del país.

Las autoridades federales y estatales llevaron a la justicia a algunos de los culpables menores de la matanza, pero sigue pendiente una investigación seria y confiable sobre las responsabilidades por acción o por omisión del propio Zedillo, de Chuayffet, de Ruiz Ferro y del entonces secretario de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, así como sobre los posibles actos de encubrimiento en que pudieron haber incurrido el siguiente gobernador, Roberto Albores Guillén, y el entonces procurador, Madrazo Cuéllar.

Por la salud moral del país, por la seguridad de sus habitantes, por la vigencia de la ley y de las instituciones, Acteal no debe olvidarse nunca. Ni siquiera cuando la masacre haya sido plenamente esclarecida, ni cuando los pueblos indios de México logren superar la opresión, la marginación, la miseria, la discriminación y la explotación que se abaten sobre ellos por obra y gracia de una clase política insensible, torpe y autocomplaciente que sigue empeñada en darle la espalda.




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Apoyo Total a Bárbara Zamora

Bárbara Zamora, la abogada de los seis de México está siendo hostigada por los poderes fácticos de el país latinoamericano en un acto de grosero injerencismo por parte del régimen borbónico franquista. Por lo mismo, desde este blog, queremos mostrar nuestra solidaridad con ella.

Hoy en El Correo Ilustrado de La Jornada:



Solidaridad con Bárbara Zamora

Señora directora: Las organizaciones sociales y civiles de la ciudad de México abajo firmantes expresamos nuestra total solidaridad con la licenciada Bárbara Zamora, el licenciado Santos García y con todos los miembros del despacho jurídico Tierra y Libertad, quienes se han distinguido por su valiente defensa de los derechos humanos de los perseguidos políticos y en contra de las injusticias del poder judicial mexicano, caracterizado por su conservadurismo, ineficiencia y corrupción, salvo honorosas excepciones.

La licenciada Bárbara Zamora ha recibido en ocasiones anteriores amenazas de muerte, denunciadas en tiempo y forma, de las cuales el gobierno federal ha hecho caso omiso.

Ahora, con motivo de la defensa de los ciudadanos vascos ilegalmente detenidos por el régimen, que con ello ha exhibido su sometimiento al reino de España y al gobierno de José María Aznar, la licenciada Bárbara Zamora recibió amenazas de José César Flores Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal, quien dictó un acuerdo para que "se abstenga de calificar las actuaciones de ese tribunal", porque de lo contrario será sujeta de sanciones, que van desde multa hasta arresto domiciliario.

Todo por interponer recurso de queja para impedir más violaciones flagrantes a las garantías constitucionales de sus defendidos: Juan Carlos Artola, Asier Arronategui, María Asunción Gorrochategui, Félix Salustiano García, Luis Castañeda y Ricardo Ernesto Sáez, y semanas después de haber propinado un serio revés al foxismo al lograr la liberación de Lorenzo Llona Olalde.

Exigimos al Senado la derogación y cancelación inmediata del ilegal y actual Tratado de Extradición firmado por España y México, así como a José César Flores Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal, que revoque inmediata y totalmente su "acuerdo", en el que amenaza a Bárbara Zamora.

Atentamente

Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, Central Unitaria de Trabajadores (CUT-PRP), Frente Popular Francisco Villa (FPFV), Brigadas Emiliano Zapata (BEZ-PRD). Responsables de la publicación: Rosa Elena Vargas, Alejandro Meave, Luis Rendón y Raymundo Hernández




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domingo, 21 de diciembre de 2003

Elkarri Marcha en Bilbo

Lo que nos llama la atención de notas como la que les presentamos a continuación es la caradura de los miembros del PP que hace solo unos meses ilegalizaron a una formación política a la que acusaron de no condenar la violencia pero ahora se niegan a marchar por la paz. ¿No que tan opuestos a la violencia?

Eso para los que dudan de que el Partido Popular sea un partido de gente con ideas fascistas apegadas a las de Francisco Franco.

Esta es la nota publicada hoy en la sección Mundo de La Jornada:



Marchan pacifistas en Bilbao para exigir el cese de la violencia en el País Vasco

Promoverá una campaña de recolección de firmas en favor de un plan concreto de paz

Miles de personas, convocadas por la organización pacifista Elkarri, se manifestaron este sábado en esta ciudad para pedir el diálogo de todas las fuerzas políticas y en defensa de los derechos humanos.
La manifestación, a la que acudieron representantes de todas las fuerzas políticas, excepto del Partido Popular (PP, derecha, en el poder en Madrid), recorrió en silencio las principales calles de Bilbao encabezada por una pancarta en la que se podía leer "Diálogo y acuerdo entre todas las propuestas".

La multitudinaria marcha, de la que la policía no dio cifras y que los organizadores calcularon con una asistencia de más de 20 mil personas, finalizó junto a la sede del ayuntamiento de Bilbao, donde el presidente de Elkarri, Jonan Fernández, leyó un manifiesto en vasco y castellano para pedir "más diálogo" y reclamar la creación de "una mesa de partidos abierta a la sociedad y a los agentes sociales" en el País Vasco.

Fernández abogó por el respeto a los derechos humanos, expresando su solidaridad y apoyo a todas las víctimas "sin excepción".

"Es hora de poner fin a la violencia, a los atentados y las amenazas", por lo que pidió a la organización vasca ETA que "escuche y respete esta voluntad expresa de la sociedad", afirmó Jonan Fernández.

Los cuatro pilares de la voluntad popular

Elkarri reafirmó los "cuatro principios que representan las voluntades sociales mayoritarias: respeto a los derechos humanos, a la voluntad popular, diálogo multipartita y acuerdo plural".

Es necesario un "diálogo entre quienes están dispuestos a buscar una solución no unilateral y compartida", afirmó la organización pacifista, en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo regional vasco y el gobierno central, tras la presentación de un plan para hacer del País Vasco un Estado libre asociado a España.

El plan Ibarretxe, por el apellido del presidente regional vasco Juan José Ibarretxe, busca organizar a partir de 2005 un referendo para hacer de Euskadi (País Vasco) un Estado libremente asociado a España por voluntad popular, en lugar de una región autonómica como estipula la Constitución española.

"Cuando en democracia se descarta el diálogo, sólo quedan el unilateralismo y la imposición y se acaba la política", concluyó Fernández.

El movimiento pacifista anunció la víspera que en el corto plazo llevará a cabo una campaña de recolección de firmas para impulsar una propuesta concreta de diálogo.

Fernández especificó que esta iniciativa se fundamenta en el llamado "derecho de petición", vía legal por la que ciudadanos y organizaciones sociales pueden presentar propuestas ante las instituciones, que éstas deben tramitar y responder. De tal suerte, no se enmarcaría en la reforma al código penal impulsada por el gobierno del presidente español, José María Aznar, que penaliza la celebración de referendos para la autonomía en el País Vasco y Cataluña.

El movimiento pacifista Elkarri ha afirmado que un centenar de personas del ámbito cultural, incluido el premio Nobel portugués José Saramago, apoyan la propuesta de diálogo de la organización pacifista.




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sábado, 20 de diciembre de 2003

Imaz "Apoya" el Plan Ibarretxe

Si algo sabemos de política es que cuando alguien con las credenciales de Imaz dice apoyar algo es porque en realidad está en contra. Cuidado Ibarretxe, el PP ya tiene quien desacredite la propuesta desde adentro del PNV.

Esta nota aparece hoy en la sección Mundo de La Jornada:



Se dará apoyo al plan Ibarretxe, dice nuevo líder del PNV

Tras ganar la presidencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en las elecciones internas, Josu Jon Imaz anunció este viernes que luchará por sacar adelante el nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco que impulsa el gobierno regional, a pesar de la oposición del gobierno de España.
Imaz, portavoz del Ejecutivo regional, se impuso el jueves pasado a Joseba Egibar, actual vocero del partido y candidato apoyado por el todavía presidente Xabier Arzalluz, en una reñida votación celebrada en el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés.

Sobre el plan soberanista que impulsa el presidente del gobierno regional vasco, Juan José Ibarretxe, Imaz afirmó que "en eso estamos todos unidos", y manifestó su absoluta voluntad, como futuro presidente del Partido Nacionalista Vasco, de "integrar y aglutinar a todas las personas, a todas las voluntades y a todos los territorios en un proyecto político común".

En esta tarea, Imaz manifestó su deseo de contar con el apoyo de Joseba, y adelantó que buscará los mecanismos ideales.

La designación oficial de Imaz tendrá lugar en la asamblea general del partido, que se celebrará el 17 y 18 de enero próximo, en la que se elegirá también a los nuevos miembros de la presidencia ejecutiva del partido.

Empero, de acuerdo con datos del Euskobarómetro, un estudio sociológico elaborado por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, que fue presentado este día, más de la mitad de los vascos, 51 por ciento, considera inconstitucional el plan de Ibarretxe para convertir el País Vasco en una comunidad libre asociada.

También otro estudio elaborado por la presidencia del País Vasco, dado a conocer hoy, indicó que 34 por ciento de los vascos se declara contrario a la independencia del País Vasco, mientras que 28 por ciento se manifiesta en favor y 23 estaría de acuerdo en función de las circunstancias.

Tanto el gobernante Partido Popular de España como el opositor Partido Socialista Obrero Español están en contra del plan Ibarretxe, que aseguran no cabe en la Constitución española.




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Juez Corrupto Cierra Puertas

La larga mano de la injusticia, esa que se introduce en los bolsillos de distintos funcionarios mexicanos para dejar allí regalitos en euro-pesetas, muestra su oscuro poder con esta decisión del juez que lleva el caso de los seis vascos.

La nota aparece hoy en la sección de Política de La Jornada:

Niegan a ciudadanos vascos opción de ampliar plazo para presentar pruebas de descargo


Bárbara Zamora anunció que apelará la decisión del juzgado quinto A

Gustavo Castillo García

El juzgado quinto A de distrito en materia de amparo negó la protección de la justicia federal para que la defensa de seis ciudadanos de origen vasco sometidos a juicio de extradición aporte más pruebas de que las acusaciones que en su contra formuló el gobierno español forman parte de una persecución política.

Tras conocerse este fallo de un tribunal de primera instancia, la abogada Bárbara Zamora informó que presentará el recurso de apelación correspondiente para que se dictamine en un tribunal colegiado este recurso de amparo que corresponde al expediente 2469/2003.

La mañana de ayer, la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra acudió al juzgado segundo de distrito en materia penal a entregar una carta al juez César Flores Rodríguez, en la que le expuso la preocupación de diversos actores políticos mexicanos como Cuauhtémoc Cárdenas, debido a las irregularidades cometidas durante el desarrollo del juicio de extradición de Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorroxategui, Félix Salustiano García, Asier Arronategui, Ricardo Ernesto García Sáez y Luis Castañeda Vallejo, quienes han sido acusados de realizar operaciones de lavado de dinero en favor de la organización vasca ETA.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el impartidor de justicia atendió a Rosario Ibarra de Piedra y recibió la misiva, aunque no podrá ser estimada como una de las pruebas de defensa de los seis ciudadanos vascos, pero sí permitirá al juez formarse un criterio en torno al interés social que ha despertado el caso.

Asimismo, ayer en ese juzgado se llevó a cabo la última diligencia de desahogo de pruebas (las aceptadas por el juez), por lo que sólo resta para que emita su opinión jurídica la resolución de dos recursos de amparo que interpuso la defensa de los seis vascos detenidos en el Reclusorio Norte de la ciudad de México.

La diligencia consistió en que el historiador Felipe Echenique participó como perito y emitió un dictamen en el cual se señala que existe un conflicto político entre el reino de España y el País Vasco, ya que el gobierno que encabeza José María Aznar lleva a cabo una persecución en contra de ciudadanos independentistas, por lo que estimó que los seis detenidos deben ser considerados perseguidos políticos y por tanto no se debe conceder su extradición al país ibérico.

Respecto de los dos amparos en curso, uno de ellos tiene que ver con la aceptación de mayores elementos de prueba en favor de los seis ciudadanos de origen vasco, y otro contra la declaración de detención formal de extradición, dentro del cual ya ganaron la posibilidad de que no sean enviados a España por autoridades como la Secretaría de Gobernación en tanto no culmine el juicio ante el juzgado segundo y la Secretaría de Relaciones Exteriores dé a conocer su decisión al respecto.





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No a Las Amenazas en Contra de Zamora

Hoy en El Correo Ilustrado de La Jornada:

Rechazan intimidación al trabajo de la abogada Bárbara Zamora

Señora directora: Pedimos la publicación de esta carta, dirigida a Vicente Fox, presidente de México; a Mariano Azuela Güitrón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al juez segundo de distrito de procesos penales federales, César Flores Rodríguez.

Queremos manifestar públicamente nuestro rechazo a las prácticas intimidatorias del juez César Flores Rodríguez que impiden el libre ejercicio de la defensa que hace Bárbara Zamora de los perseguidos políticos vascos Juan Carlos Artola Díaz, Asier Arronategui Duralde, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Félix Salustiano García Rivera, Luis Castañeda Vallejo y Ricardo Ernesto Saez García.

Efectivamente no es ninguna novedad que los jueces y el Poder Judicial utilicen nuestras leyes para control y represión de las luchas nacionales e internacionales; ahora dice el juez que Bárbara se ha tornada imprudente e irrespetuosa. ¡Qué casualidad!

Decimos basta de campañas de intimidación y desprestigio en contra de los defensores de luchadores sociales, que estamos en contra del neocolonialismo que ejerce no sólo Bush, sino también Aznar, al que incondicionalmente se somete México.

Exigimos al presidente Fox que otorgue asilo político a todos los perseguidos políticos vascos y el libre ejercicio de la defensa de Bárbara Zamora.

Unidad Obrera y Socialista APN, Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, Fundación Diego Lucero, AFADEM, Casa de Investigación y Documentación de la Violación a los Derechos Humanos, Comité Cultura para Todos. Graciela Mijares López


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viernes, 19 de diciembre de 2003

El PP a Dentelladas Contra Referendo

Y finalmente, hoy en la sección Mundo de La Jornada una nota que nos deleita con las absurdas declaraciones de Aznar en contra de vascos y catalanes.

¿Cuándo va a entender este señor que los pueblos conquistados tarde o temprano demandan su autodeterminación?

Que mejor, según la opinión de los pacifistas, que esta sea negociada políticamente. Pero para que haya negociación política debe antes haber voluntad de dialogar y es obvio que ni a Aznar ni a los miembros del PP y del PSOE se les facilita negociar la libertad de dos pueblos a los que España ha mantenido sojuzgados por cientos de años.

Así las cosas, Aznar aprovecha el desden de la clase política española hacia Euskal Herria y Catalunya para apretar las tuercas amenazando con cárcel a todo el que de un paso hacia la autodeterminación de estos pueblos, por muy tímido que este paso sea como en el caso del Plan Ibarretxe.

Esta es la nota:

Las propuestas de vascos y catalanes pretenden romper la unidad nacional: Aznar

Impone el PP reforma de ley para criminalizar referendos nacionalistas

La oposición española se abstuvo de votar la iniciativa en el Congreso de los Diputados

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 18 de diciembre. Al grito de: "manos arriba, esto es un asalto", diputados de oposición españoles rechazaron la reforma al Código Penal que pretende criminalizar la celebración de referendos nacionalistas, iniciativa impulsada en solitario por el gobernante Partido Popular (PP).

El gobierno del presidente José María Aznar decidió reformar el Código Penal para tipificar como delito la convocatoria de referéndum y "cualquier otro tipo de consulta popular". La reforma fue creada para impedir una consulta a la sociedad vasca sobre la propuesta soberanista presentada por el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, que prevé que el País Vasco sea un Estado libre asociado de España.

La nueva ley también podría aplicarse al nuevo gobierno catalán, formado por una alianza tripartita de izquierda y nacionalistas, que también quiere celebrar una consulta popular sobre su estatuto de autonomía.

La mayoría parlamentaria del PP aprobó hoy una enmienda de la Ley Orgánica del Código Penal, sin debate previo y sin consultar al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, con la intención de penalizar hasta con cinco años de cárcel a los funcionarios públicos que convoquen a consultas populares "ilegales".

Por lo pronto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que la reforma aprobada hoy contraviene derechos fundamentales del ciudadano.

La votación parlamentaria obtuvo 179 votos en favor y una abstención del PP, pues el resto de las bancadas se negaron a participar. Los diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Izquierda Unida (IU) -cuyos diputados desplegaron la pancarta que advertía "Todos a la cárcel"-, de Convergencia i Unio (CiU), del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Grupo Mixto criticaron el talante autoritario del gobierno, que vulnera los principios básicos del régimen parlamentario y democrático.

La reforma permitirá castigar hasta con cinco años de prisión "a la autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución ilegal", otra medida que podría afectar al presidente del Congreso de Euskadi, Juan María Atuxta, quien se negó a obedecer una orden del Tribunal Supremo español que lo obligaba a disolver al partido independentista Abertzaelek.

El ministro de Justicia español, José María Michavila, defendió la reforma que él redacto: "Si al ciudadano se le puede penalizar por falsificar papeletas, entonces falsificar todo un proceso de referéndum lógicamente también debe tener una sanción o una responsabilidad".

A todo esto, Aznar afirmó en un acto de su partido en Andalucía que la Constitución de 1978 "ha permitido por fin que las diferencias de criterio político se expresen como contraste de alternativas, como debate libre entre adversarios y no entre enemigos", al tiempo que afirmó que las propuestas presentadas por vascos y catalanes "no buscan mejorar el texto actual, sino que pretenden conducirnos a un cambio de régimen político y dar por cancelada la unidad nacional".

El secretario genral del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que la mayoría parlamentaria con que cuenta Aznar y el uso que hace de ella desde 2000 "ha ido crispando e insultando en el mejor estilo de un liderazgo profundamente conservador y con maneras que cada vez son más autoritarias".

Josu Jon Imaz, nuevo líder del PNV

El actual vocero del gobierno autonómico de Ibarretxe, Josu Jon Imaz, fue elegido por los militantes del PNV como su presidente, en sustitución del dirigente nacionalista Xabier Arzalluz, quien se retira de la política. Imaz ganó en Vizcaya, Navarra y País Vasco francés, mientras que la otra candidatura, liderada por Joseba Egibar, vocero del partido y considerado el delfín de Arzalluz, venció en Guipúzcoa y Alava.

Imaz, de 40 años, casado y militante del PNV desde que tenía 15 años, ha fungido como consejero de Industria y vocero del gobierno de Ibarretxe. Es doctor en química, habla cuatro idiomas y su primer función pública fue como eurodiputado, en el periodo de 1994-1999.

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Carta Magna Por el Arco del Triunfo

Crecen las muestras de solidaridad hacia los seis vascos de México, en esta ocasión una misiva en la que se expone como el gobierno de Fox y su títeres están dispuestos a violar la Carta Magna de nuestra nación.

La misma ha sido publicada en la seccion de Política de La Jornada:

Grupo de mexicanos alerta al juez de que los acusados serían torturados en España

Violación a la Carta Magna si se aprueba la extradición de 6 presos de origen vasco

El segundo juez de distrito de procesos penales federales, José César Flores, será puesto hoy sobre aviso en torno a que si cinco ciudadanos vascos y un mexicano por naturalización son extraditados a España, conforme a la petición del gobierno ibérico, serían juzgados en Madrid por un tribunal de excepción -legado de la dictadura franquista-, lo cual contravendría una disposición expresa de la Constitución mexicana.

Una resolución del gobierno de México favorable a la extradición pondría en peligro a los detenidos, presos desde junio, de "sufrir cárcel y torturas por el mero hecho de ser vascos e independentistas", sostienen nueve mexicanos -entre ellos Rosario Ibarra de Piedra, Cuauhtémoc Cárdenas y Ofelia Medina- en una carta dirigida al juez mencionado.

La dirigente del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, y la actriz Ofelia Medina entregarán ese documento hoy por la mañana en el juzgado del Reclusorio Norte.

Los firmantes también advierten que los detenidos -Asier Arronategi, Jon Artola, Axun Gorrotxategi, Joseba Urkijo, Félix García y Ernesto Alberdi- "son, a todas luces, perseguidos políticos" por el Estado español. Prueba de eso, señalan, es que otros detenidos por los mismos cargos de presunto lavado de dinero y colaboración con banda armada, de nacionalidad mexicana, fueron exonerados.

Citan también dos antecedentes de vascos detenidos por presiones de Madrid y sometidos a sendos procesos de extradición, en los cuales la justicia mexicana finalmente negó su entrega a España, justamente por considerar que los procesados eran perseguidos en su país, en el contexto del diferendo vasco-español. Estos son los casos de Esteban Murillo y Andoni Zelaia.

Si los seis acusados son entregados al gobierno hispano, el gobierno mexicano violaría el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe la celebración de juicios de extradición de reos políticos.

Los firmantes de la carta, entre ellos el líder perredista Cuauhtémoc Cárdenas, argumentan razones de orden constitucional frente al juez. Señalan que el artículo 13 de la Carta Magna establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

Los procesos que se siguen en España bajo las leyes antiterroristas ante la Audiencia Nacional son sometidos a tribunales de excepción, "herederos directos del Tribunal de Orden Público que regía los juicios por delitos políticos en tiempos de Francisco Franco".

Cargos sin fundamento

En tanto, el artículo constitucional 14 establece que nadie puede ser castigado con penas que no estén decretadas por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. En el caso de las seis extradiciones en curso, señalan los firmantes, varias de las acusaciones no tienen equivalente en la normatividad mexicana.

En estos casos, indica la carta, las autoridades españolas no han fundado los ilícitos de los que los seis vascos son acusados, lo que contraviene el artículo 16 constitucional, que garantiza a los individuos que no podrán ser molestados "sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde o motive la causa legal del procedimiento".

Suscriben el documento, además, Imanol Ordorika, Adriana López Monjardín, Salvador Nava Calvillo, Aldefonso Aguilar, Gilberto López y Rivas, Tomás Oropeza y Carlos Fazio.

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para denunciar e impedir toda acción violatoria de los derechos humanos y constitucionales" de los seis vascos presos, anuncian.

Los acusados fueron aprehendidos hace medio año en una serie de operaciones coordinadas y simultáneas de la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación, en Nuevo León, Quintana Roo, Puebla y estado de México.

Las extradiciones fueron solicitadas por el gobierno español, el cual alega que los seis vascos presos forman parte de una red de financiamiento de ETA. La acusación formal es "pertenencia a banda armada y blanqueo de capitales". El juez Flores negó a los acusados el derecho de presentar pruebas de descargo. Entre éstas se exhiben las actividades económicas, comerciales, laborales y empresariales de los vascos que residían en distintos estados de México y llevaban una vida legal.

En días recientes, los vascos presos han recibido la visita de Ibarra de Piedra, Cárdenas y Medina.


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Zamora no Está Sola

Una carta más en El Correo Ilustrado de La Jornada el dia de hoy, esta en apoyo a Bárbara Zamora:


En solidaridad con Bárbara Zamora

Señora directora: Ahora le tocó su turno a Bárbara Zamora, reconocida artesana por la democracia y defensora de derechos humanos, que por realizar su trabajo de defensa a seis ciudadanos vascos presos de conciencia se le quiere arraigar. ¿En qué país vivimos, en el que se quiere sancionar a esta defensora? Reprobamos esa actitud en su contra y estamos con ella y sus defendidos, por un México con justicia.

¿Qué diría Aung San Suu Kyi respecto a estos hechos? Ella permaneció con arraigo domiciliario varios años por su defensa a los derechos humanos en Birmania. El 14 de octubre de 1991 recibió el premio Nobel por los derechos humanos.

Unidos con los derechos humanos para el bienestar social.

Promotores y defensores de derechos humanos del STUNAM: Francisco Castro Meléndez, Adrián Pedrozo Castillo, Alicia Andrade Rodríguez, Anamaría Solares Basaldúa, Mariano Flores Nieto, Julieta Ramírez, Carmen Sosa García, Catalina Alvarado Vera, Máxima Castro, Guadalupe León Prado, Oralia Fregoso, Candelaria Martínez, Gabriel Martínez, Isaac Zaragoza García, Felipe López López, Carmelo de Jesús Hernández



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Carta al Necio e Idiota

En El Correo Ilustrado de La Jornada hoy:

Carta al juez de los vascos reclamados para extradición

Señora directora: Hoy a las 11 de la mañana se hará entrega de esta carta, por parte de Rosario Ibarra de Piedra.

A la atención del señor José César Flores Rodríguez, juez segundo de distrito de procesos penales federales:

Por la presente queremos hacerlo partícipe de nuestra preocupación ante las irregularidades cometidas en el proceso de extradición llevado a cabo en contra de Juan Carlos Artola Díaz, Asunción Gorrochategui, Félix Salustiano García, Asier Arronategui, Ricardo Ernesto García Sáez y Luis Castañeda Vallejo.

El tratado de extradición firmado con el reino de España es a todas luces violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 13, 14, 15, 16, 19 y 20.

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.

En caso de ser extraditados, los seis detenidos serían juzgados por un tribunal de excepción, como lo es la Audiencia Nacional, heredera directa del TOP (Tribunal de Orden Público), tribunal para delitos políticos en la dictadura franquista.

Artículo 14. Queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.

En el caso que tratamos, varias de las acusaciones no tienen equivalente en las leyes mexicanas.

Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos.

Los seis detenidos son a todas luces perseguidos políticos, como así lo demuestra el que los cinco son vascos y uno vasco naturalizado mexicano. Tengamos en cuenta que en este operativo también son detenidos tres mexicanos, los cuales quedan en libertad sin cargos. Y que existe un contencioso político entre el pueblo vasco y el Estado español. Como así lo demuestran las sentencias dictadas por jueces del Distrito Federal en los casos de Esteban Murillo y Andoni Zelaia. Además de la persecución política hacia todo lo vasco, llegando al extremo de imponer penas privativas de libertad (de tres a cinco años de cárcel) a aquel que proponga un referéndum a la ciudadanía vasca.

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En el caso que nos ocupa, la detención se da con base en la petición de extradición por parte de España. Pero sin prueba alguna que funde o motive los ilícitos de los que son acusados.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con auto de formal prisión.

En ningún momento del proceso hay por parte de la autoridad judicial un auto de formal prisión, donde se exprese el delito imputado, así como los datos suficientes para comprobar el cuerpo del delito.

Artículo 20, párrafo V. Se recibirá los testigos y demás pruebas que (el acusado) ofrezca.

En este caso, al reino de España se le conceden 60 días hábiles para la presentación de pruebas, y a la defensa tres días. Además de que a los detenidos les han sido rechazadas pruebas fundamentales para su defensa, como son sus expedientes migratorios y constancias laborales, demostrando que sus actividades e ingresos durante su larga estancia en México eran totalmente lícitas.

Sabedores de que la extradición de los seis detenidos conllevaría el empeoramiento de su situación actual, ya que podrían sufrir cárcel y torturas por el mero hecho de ser vascos e independentistas, le solicitamos que su opinión se emita en total apego a la Constitución. Asimismo le hacemos saber que haremos todo lo que esté en nuestras manos para denunciar e impedir toda acción violatoria de los derechos humanos y constitucionales de los seis detenidos.

Rosario Ibarra de Piedra, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Imanol Ordorika, Salvador Nava Calvillo, Aldefonso Aguilar, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, Tomas Oropeza Berumen, Adriana López Monjardín


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Aznar Se Viste de Generalísimo

La Editorial de La Jornada el día de hoy:

AZNAR, CONTRA LA DEMOCRACIA

El jefe del gobierno español, José María Aznar, logró concitar, contra sí mismo y contra su partido, el Popular (PP), al resto de la clase política de su país. Los legisladores del PP aprobaron ayer, en solitario, una reforma al Código Penal peninsular que criminaliza cualquier convocatoria "ilegal" a plebiscitos, y que va inequívocamente dirigida contra la determinación del presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, de organizar un referéndum para legitimar su proyecto de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, marco normativo de las relaciones entre el País Vasco y el Estado español que otorgaría al primero un margen mayor de autonomía en una relación de "libre asociación" con Madrid.

El llamado plan Ibarretxe es, en realidad, un ejercicio de solución al conflicto vasco por medios políticos y pacíficos, así como un intento por reformular las relaciones con España en un espíritu realmente autonómico, pero no es, como lo han presentado los políticos y los medios madrileños, una suerte de "declaración de independencia" de los vascos. Según el documento, en el nuevo marco quedarían como competencias exclusivas del gobierno de Madrid los asuntos de nacionalidad española y extranjería, el derecho de asilo, la defensa, la fabricación y posesión de armas, la emisión y administración de la moneda, las aduanas, la marina, el control del espacio aéreo y una legislación común en materia penal, penitenciaria, procesal, mercantil, civil y de propiedad intelectual. A las instituciones vascas les correspondería decidir en materia de educación, recaudación, vivienda, recursos naturales, transportes, políticas económicas, sociales y sanitarias. El plan Ibarretxe propone, asimismo, que Euskadi cuente con un Poder Judicial propio e independiente del español.

Pero los políticos madrileños asocian en automático todo lo que suene a independentismo o nacionalismo vasco (sean partidos, medios informativos, instituciones públicas u organismos no gubernamentales) con el terrorismo de ETA, y no dudan en criminalizar cualquier acción política autonomista, como es el caso del referido plan. Actuando con esta lógica, Aznar y los suyos decidieron, no bien se supo de la iniciativa del presidente vasco, cambiar las leyes para que cualquier intento de referéndum "ilegal", es decir, no autorizado por el gobierno central de Madrid, se castigue con una pena de seis meses a un año de cárcel, y de tres a cinco años para "la autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos". La segunda estipulación apunta a presionar a los gobernantes vascos para que repriman a los parlamentarios y concejales de Batasuna, organización local a la que el gobierno de Madrid acusa de ser el brazo político de ETA.

Por mucho que el conjunto de los políticos españoles satanice el nacionalismo vasco, en esta ocasión no tuvieron estómago para respaldar el totalitarismo de Aznar, toda vez que éste se ha convertido en una amenaza a la lógica democrática en general. El opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Ibarretxe y la catalana Convergència i Unió (CiU) manifestaron los peligros que esta reforma legal autoritaria plantea a los partidos y protagonistas políticos y sociales de toda España, así como al futuro de la institucionalidad democrática de la península. Los opositores, que se negaron incluso a participar en la votación de la reforma, señalaron que ésta representa una involución a los tiempos del franquismo, cuando la autoridad castigaba delitos políticos; una torpeza, un atropello y un fraude a la Constitución. Cerca del final de su carrera en el poder, Aznar exhibe un control férreo y total de su partido, el PP, y una clara determinación de convertirlo en una fuerza antidemocrática y autoritaria. Corresponderá a la ciudadanía española decidir si quiere seguir siendo gobernada por esa organización autocrática y neofranquista o si preserva a fin de cuentas la democracia que tantos esfuerzos, tantos muertos y tantos sufrimientos le ha costado.


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jueves, 18 de diciembre de 2003

Lo Que Faltaba, Amenazas

Hoy en La Jornada:

Contra las amenazas a Bárbara Zamora

Muy querida Carmen: Triste país éste, en el que no hay día en el que no tengamos que protestar por algún atropello. En esta ocasión le tocó a la abogada Bárbara Zamora, prestigiada profesionista, responsable defensora de los seis ciudadanos de origen vasco que, en un acto a todas luces injusto, el gobierno mexicano pretende extraditar.

Conocemos desde hace mucho la seriedad en el trabajo de Bárbara Zamora; se le conoce también en amplios ámbitos internacionales como una incansable defensora de los derechos humanos, tema por el cual no hace mucho fue galardonada en Francia... pero aquí (triste es decirlo), un representante de la Judicatura, molesto por el correcto accionar de Bárbara para evitar la extradición, no sólo la amonestó sin razón, sino que la amenazó con que podrá ser "sujeta a sanciones que van desde la multa hasta arresto domiciliario".

Protestamos por este hecho y apoyamos y apoyaremos a los ciudadanos vascos, que no han cometido delito alguno y a los que consideramos perseguidos políticos. Gracias.

Rosario Ibarra, Concepción Avila



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miércoles, 17 de diciembre de 2003

Propuesta por Lista Única

Bueno, pues ahora que Ibarretxe ha tenido una probadita de la represión del estado español esperemos que él y su partido (PNV) siquiera consideren esta propuesta.

Esta nota al respecto aparece hoy en La Jornada:

El objetivo, pugnar por la autodeterminación del país: Otegi

Propone Batasuna a nacionalistas vascos presentar una "lista única" en elecciones

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 16 de diciembre. El líder de la izquierda independentista vasca Arnaldo Otegi presentó hoy una propuesta abierta a las "fuerzas nacionalistas" para pugnar por el derecho de autodeterminación del País Vasco, en la que pide a todas las formaciones políticas nacionalistas presentar una "lista única" para las elecciones generales del próximo 3 de marzo.

La iniciativa suscitó el rechazo inmediato de la mayoría de los dirigentes políticos vascos. El presidente del gobierno español, José María Aznar, calificó la propuesta de "intolerable e imposible".

Otegi, parlamentario vasco y líder de la coalición abertzale (nacionalista), antes Batasuna -ilegalizada por la justicia española por su presunta vinculación a la organización armada ETA-, anunció hoy la voluntad de su formación para trabajar en la confección de una alianza entre los partidos vascos que reclaman la independencia del Estado español para presentar una "lista única" en los comicios de marzo próximo, en los que se elegirá al futuro presidente del gobierno español y a los que no concurrirá Aznar pero sí su sucesor, Mariano Rajoy.

El parlamentario vasco justificó su propuesta en la necesidad de "construir entre todas las fuerzas favorables al derecho de autodeterminación una candidatura única, que se convertiría en la interlocución nacional del pueblo vasco en lo que respecta al Estado español".

A juicio de Otegi, pretenden que se abra un proceso de negociaciones con el Estado español para reclamar el derecho de autodeterminación de Euskal Herria.

La iniciativa fue rechazada por los dirigentes del gobernante Partido Nacionalista Vasco (PNV, nacionalistas moderados), cuyo vocero, Joseba Egibar, consideró que la propuesta es "precipitada" y le "falta credibilidad".

La vocera de Eusko Alkartasuna (EA, socio del PNV), Onintza Lasa, dijo al respecto que la propuesta "no es ninguna novedad", pero que coincide con el planteamiento de crear "un bloque, porque por responsabilidad política tenemos que seguir defendiendo los derechos de nuestro país, los derechos colectivos y la defensa de un nuevo marco de convivencia, que pasa inequívocamente por la defensa de las garantías humanas de cada una de las personas de esta sociedad, el respeto a la pluralidad y la convivencia".

La corriente abertzale Aralar, escisión de Batasuna, calificó de "positiva" la iniciativa de Otegi, al sostener que "puede servir para acercarnos a la paz, ya que la situación que vivimos hoy día exige actitudes firmes y valientes para afrontar ese camino".

El vocero del gobierno de Aznar, Eduardo Zaplana, fustigó la posible alianza, al sostener que "es imposible desde el punto de vista legal y político".
¿Se imaginan? Sería una movida maestra en contra del cinismo de la clase política asentada en Madrid.

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Derbez: Si Son Vascos Son Culpables

El puesto de Canciller le queda grande a Luis Ernesto Derbez.

No sé para que se van a estudiar a Harvard, Yale y Cambridge si al final de cuentas resultan de lo más ignorante. Ejemplo claro de lo que digo está contenido en la declaración de Derbez para quien ser vasco es sinónimo de terrorista. Aún peor, Derbez desconoce el principio legal por el cual uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y bueno, en el caso que nos atañe, Garzón en representación del estado español ha sido incapaz de proveer las pruebas fehacientes que respalden su pedido de extradición.

Lean esta nota para que se enteren hasta donde llega la ignorancia del canciller mexicano, la misma apareció hoy en La Jornada:

Cárdenas: hay un "claro sometimiento" del gobierno mexicano a intereses de Aznar

Derbez: México mantendrá su postura sobre extradición de miembros de ETA

Explica en España el carácter "excepcional" del caso Llona Olalde

ARMANDO G. TEJEDACORRESPONSAL

Madrid, 16 de septiembre. A pesar de que no estaba previsto en su agenda, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Ernesto Derbez, aclaró ante las autoridades y los medios de comunicación españoles que el rechazo a la extradición del ciudadano vasco, naturalizado mexicano, Lorenzo Llona Olalde "fue un caso extraordinario" que no implica "un viraje o un cambio en la política mexicana respecto de miembros de ETA".

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, elogió la colaboración mexicana en "la lucha contra el terrorismo", que calificó de "vital" para la aniquilación de ETA.

Después de un breve encuentro de 20 minutos, Derbez y Palacio comparecieron en rueda de prensa para explicar los rubros que abordaron en la reunión bilateral -de carácter migratorio y comercial.

Sin embargo, el funcionario mexicano explicó el acatamiento del gobierno mexicano a la sentencia de septiembre pasado, cuando el juzgado sexto del distrito B otorgó la suspensión del proceso de extradición de Llona Olalde, reclamado por el gobierno español del derechista José María Aznar, por su presunta participación en un atentado perpetrado por ETA el 24 de junio de 1981 en la localidad guipuzcoana de Tolosa.

Las pruebas y los testimonios del proceso confirmaron que el imputado se encontraba ese día en México, al existir un documento que confirmó la versión del acusado y que significó la prueba irrefutable para conceder la extradición a España.

Derbez, ante el posible reclamo de su homóloga española, decidió aclarar los argumentos del gobierno para negar la entrega del ciudadano vasco-mexicano.

Expuso: "respecto al tema de extradiciones de miembros de ETA, hay la impresión mal definida de que la última resolución que sacó la SRE respecto a un caso particular representaba un viraje o un cambio en la política mexicana. Quiero dejar claro que no hay ningún cambio, que la política mexicana con respecto al proceso de extradición sigue siendo la misma, que el apoyo y el trabajo que estamos haciendo con el gobierno de España se mantiene y que eso que fue un caso extraordinario por un motivo extraordinario, por lo que representa la excepción.

"Fue una excepción necesaria dentro de lo que es el principio de derecho en México, una excepción causada por el descubrimiento tardío de un documento que cambió completamente el resultado del juicio, mismo que no podía ser desatendido por la cancillería. En los casos que están en este momento en la solicitud se está procediendo, se encuentran en el desahogo final y en cuanto el juez emita su declaración, que será en enero, en la SRE tendríamos 20 días hábiles para pronunciarnos de acuerdo con la evidencia presentada por el juez".

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El perredista visita a vascos presos en el Reclusorio Norte

VICTOR BALLINAS

Cuauhtémoc Cárdenas afirmó que las arbitrarias aprehensiones de seis ciudadanos vascos, que actualmente están detenidos en el Reclusorio Norte, reflejan "que hay un claro sometimiento" del actual gobierno mexicano a los intereses políticos y coyunturales de la administración de José María Aznar".

En una reunión con los seis detenidos escuchó los testimonios de los atropellos de que fueron víctimas y de cómo se les fincaron acusaciones falsas y delitos prefabricados, con la ayuda y actuación de policías españoles en México.

"Hay una clara violación a los derechos humanos de estas personas detenidas injustamente en México", destacó Cárdenas, quien demandó al presidente Vicente Fox "que se ajuste a la ley, a la Constitución, que respete los derechos humanos y, sobre todo, que las autoridades judiciales no acepten las indicaciones de gobiernos extranjeros cuando se atropellen las leyes mexicanas".

Entrevistado al salir de la reunión que sostuvo por una hora con los seis detenidos en el reclusorio, Cárdenas dijo que es urgente que el Senado de la República revise el tratado de extradición con España y los protocolos adicionales.

"Estaré en contacto con los senadores del PRD para que analicen el caso y presenten iniciativas de reforma a ese tratado, que viola las garantías de estas personas", puntualizó.

Cárdenas sostuvo que las seis detenciones "son una clara violación a los derechos y garantías de las personas que se encuentran en México. Ellos (los vascos) primero, salieron legalmente de su país, con documentos expedidos por su gobierno, entraron legalmente al país, se establecieron aquí, tienen años sin cometer ninguna irregularidad, han hecho amistades, tienen empleos, familias. Se les acusa falsamente y violando la ley y la Constitución se les detiene".

La Secretaría de Gobernación, añadió, sabía dónde estaban ubicados los seis vascos con sus familias, porque no se andaban escondiendo. Explicó que periódicamente renovaban sus permisos de estadía en el país e inclusive el gobierno español también conocía su paradero, pues recibían visitas de personal de la embajada de España".

Por ello, abundó, "su detención es ilegal. Todo el tiempo estaban ubicados y tenían una vida normal, sin actividades ilícitas, eran conocidos en sus comunidades. Se actuó por presión del gobierno español al detenerlos, porque este gobierno quiere quedar bien con los intereses de España".

Antes, Félix García, Ernesto Saens, Asier Arronategi Duralde, José María Urquijo, Juan Artola y María Asunción Gorrotchategi Vázquez relataron a Cárdenas que en sus detenciones participaron policías españoles. "Nos acusan falsamente de fiananciar actividades terroristas, de blanquear recursos, de organización delictiva. Todo ello es falso", declararon los vascos.

"No nos conocíamos. Aquí en el reclusorio nos vimos por vez primera. Cada uno tenía su vida hecha. Nos detuvieron en distintos lugares: a uno en Cancún, Quintana Roo; a otros en el estado de México; a uno más en Monterrey, en Nuevo León; a otro en Oaxaca. Cada uno tenía su trabajo y nos hacen una acusación colectiva sin pruebas.

"No podemos defendernos porque el juez que lleva el caso no acepta nuestras pruebas. Dice que a él no le toca decidir eso, que éstas las presentemos cuando estemos en España, que él se atiene al tratado de extradición y que no necesita nuestras pruebas.

"Cuando queremos presentar nuestras pruebas el juez abandona la audiencia y sólo se queda el secretario. Si detemos el proceso para que nos escuche, se molesta y trae consigo otros expedientes. Mientras hablamos, hace como que nos escucha y esta leyendo otros documentos", denunciaron ante Cárdenas los detenidos.

Manifestaron su temor de que durante las vacaciones decembrinas "el juez cierre el caso y nos extraditen". Cárdenas indicó que estará pendiente del caso y lo mismo pedirá a los senadores. "No queremos que nos tengan años aquí detenidos porque no hicimos nada ilegal, pedimos justicia. Estamos en México porque creímos que era un país amigo", declararon los prisioneros.

Imanol Ordorika, uno de los acompañantes de Cárdenas en el reclusorio, afirmó que "el gobierno mexicano negocia con la consejería española la vida de los seis ciudadanos vascos radicados en México a cambio de pequeñas ganancias económicas".


Afortunadamente existe gente como Cárdenas para contrarrestar un poco el daño causado por gente como Fox, Derbez, Abascal y Creel.

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Agradecimiento a Ibarra y Medina

Hoy en La Jornada:

Agradecen apoyo de Rosario Ibarra y Ofelia Medina a presos vascos

Estimada directora: por medio de la presente, la International Basque Organization for Human Rights (IBO) desea expresar su agradecimiento a las señoras Rosario Ibarra de Piedra y Ofelia Medina por su apoyo y solidaridad para con los presos políticos vascos detenidos en el Reclusorio Norte. Como usted misma apuntó acertadamente en un editorial de días pasados, el problema en España es el primer ministro José María Aznar, que por pura necedad insiste en criminalizar a todo aquel que por respeto a sus principios cívicos y amor a su terruño defiende el nacionalismo vasco. Lo peor de todo es que ahora el tal Aznar esté empecinado en exportar su violencia de Estado contra los ciudadanos vascos hacia diferentes repúblicas latinoamericanas, que por encontrarse en situaciones económicas endebles buscan favores comerciales y financieros a cambio de la entrega de chivos expiatorios.

Aprovechamos también para extender nuestra solidaridad para con la señora Rosario Ibarra de Piedra y desear una pronta resolución al proceso concerniente a la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra. Nos hemos enterado, gracias a la publicación que usted dirige, que se han girado órdenes de aprehensión contra personas involucradas en tan dolorosos hechos.

Por el fortalecimiento del respeto y la protección de los derechos humanos en un México democrático y soberano.

Human Rights Committee International Basque Organization for Human Rights


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martes, 16 de diciembre de 2003

Garzón : Candil de la Calle

Este artículo de opinión ha sido publicado hoy en el diario Reforma:

De candiles de la calle y oscuridad

Por Humberto Musacchio

(16 Diciembre 2003).-

A la memoria del doctor Enrique Tommasi.

El señor Carlos Castresana, fiscal anticorrupción del Parlamento español, es, como su famoso paisano Baltasar Garzón, brillante candil callejero incapaz de echar luz sobre lo que ocurre en su casa. Castresana, al igual que Garzón, demanda el esclarecimiento de los crímenes de Ciudad Juárez, lo que está muy bien, pero ante la guerra desatada por el Estado español contra el pueblo vasco opta por un prudente silencio.

Nada dice sobre la bonita costumbre de mandar a los presos políticos vascos a más de 500 kilómetros de sus lugares de origen y de sus familias; nada sobre los múltiples casos de tortura documentados ante organismos internacionales de derechos humanos; menos todavía acerca de las misteriosas muertes de militantes de ETA a manos de la policía. Existe en España, de hecho y de derecho, un conjunto de disposiciones legales que penan severamente toda relación con los presos políticos vascos o la mera simpatía con la causa independentista. Con base en esas disposiciones, los parientes de los presos pueden ser aprehendidos por el solo hecho de prestar ayuda material -dinero, comida, medicamentos o cobertores- a quienes están recluidos, pues cualquier juez puede considerar que se trata de colaboración con terroristas, lo que no ocurrió en la Alemania nazi ni en la Rusia de Stalin.

El desprecio del Estado español contra el nacionalismo vasco se ilustra contundentemente con hechos como la sucia campaña contra el cineasta Julio Medem, realizador del documental La pelota vasca: la piel contra la piedra; o por haber prohibido la presentación del músico Fermín Muguruza; o el cierre de periódicos como Egin y Egunkaria o la ilegalización de organizaciones juveniles y defensoras de derechos humanos como Jarrai, Haika, Segi o Gestoras Pro Amnistía, por no hablar de la ilegalización de Batasuna, partido político que cuenta con 15 por ciento del electorado vasco y al que nunca se le ha podido probar relación orgánica alguna con actividades armadas.

Los derechos humanos existen para proteger a las personas independientemente de su filiación política, su origen racial o su credo religioso. Es legal y moralmente inaceptable argüir que las autoridades no están obligadas a responder por la integridad personal de los "terroristas" ni a garantizarles un juicio justo y las condiciones de detención establecidas en los países civilizados, nada de lo cual parece importarle al gobierno del
neofranquista José María Aznar ni a sus patiños del Partido "Socialista Obrero" Español, el PSOE.

La creación del Estado español posterior a la muerte de Francisco Franco se hizo sobre la base de la libre y consentida pertenencia de los peninsulares al reino de España, estableciéndose para el caso las condiciones de esa adhesión y otorgándose garantías a las comunidades autonómicas, especialmente a Cataluña y el País Vasco.

En una era regida por avanzados procesos de integración multinacional, muchos y muy grandes deben ser los agravios del gobierno central español contra vascos y catalanes para que entre éstos resurjan las viejas tendencias separatistas. En el caso de los vascos, la actitud ofensiva del gobierno neofranquista se expresa en múltiples declaraciones de Aznar y sus ministros, lo mismo que del Partido Popular y hasta del canal de TV Española que podemos ver aquí en Cablevisión, en el que un día sí y al otro con más ganas, un grupo de "periodistas" habla y actúa de manera goebbelsiana contra todo lo que huela a vasco, incluido el clero católico de las provincias vascongadas, que tradicionalmente ha estado junto a su pueblo.

El fanatismo antivasco del gobierno de Aznar pretende justificarse por el activismo de ETA. Pero la coartada del Estado español no puede ser aceptada por las autoridades de México, que permiten la actuación de policías españoles en territorio nacional y periódicamente desatan oleadas represivas contra personas de origen vasco, a las que se arresta sin orden de aprehensión y contra las que se arman procesos bajo las más peregrinas acusaciones, como ocurrió con el ciudadano mexicano Lorenzo Llona Olalde, acusado de cometer en España un crimen el mismo día que realizaba en México un trámite ante las autoridades migratorias.

El pasado 18 de julio, a petición del gobierno español, policías federales mexicanos detuvieron a nueve personas a las que acusaron de estar ligadas a actividades terroristas. Las detenciones se realizaron sin orden de aprehensión, sino con simples órdenes de presentación. De los detenidos, la mexicana Pilar Sosa pasó 51 días en manos de sus captores y Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo Cantú sólo fueron liberados después de 90 días, sin que tampoco se pudiera fincar un solo cargo en su contra.

Permanecen encarcelados -¿o habría que decir secuestrados?- Xavier Arronategui Duralde, de nacionalidad mexicana y residente en el país desde 1989, casado con mexicana, padre de tres hijos igualmente nacidos aquí y gerente de ventas de una empresa de paquetería; Jon Artola Díaz y Asunción Gorrotxategui Vázquez, pareja que tiene 12 años en México, donde él es gerente de una empresa maderera; Félix García Rivera, con 13 años de estancia entre nosotros, con permiso de residencia, casado con mexicana y padre de un niño nacido en territorio nacional e igualmente con una forma honesta de vivir; José Antonio Urkijo Borde, con 14 años en el país y ocupado en actividades turísticas en Cancún; y Ernesto Alberdi Elejalde, quien llegó en 1987 y se dedica a la venta de materiales de construcción.

Se les mantiene prisioneros en el Reclusorio Norte acusados por el Estado español de pertenencia a banda armada y blanqueo de dinero. La primera acusación cae por su propio peso, pues se trata de personas que desde hace 12 y más años se hallan en México, al margen de todo conflicto armado y dedicados, para su sobrevivencia, a labores lícitas y conocidas en las que pagan impuestos y cumplen con las disposiciones legales. El presunto blanqueado de dinero no pasa de ser una invención grosera, pues se trata de transferencias realizadas de manera legal y con el pago de los cargos correspondientes.

Los detenidos han demostrado que los movimientos de dinero que han efectuado corresponden a la herencia de un familiar plenamente identificado, a la compra venta de mercancías absolutamente legales y al envío de dinero a familiares vascos, lo que para la paranoia de las autoridades españolas hace a cualquier persona sospechosa de terrorismo. Por lo demás, se trata de transferencias modestas, pero se llega al extremo de acusar a Asunción Gorrotxategui de blanqueo de dinero, pese a que ella ni siquiera tiene una cuenta bancaria, pues es dependiente económica de su marido, Jon Artola.

El juicio de extradición al que están sometidas estas personas se basa en simples presunciones de las autoridades españolas, en copias fotostáticas de documentos que no prueban nada y en la desidia del juez encargado del caso, que se dedica a bostezar durante las audiencias o se ausenta de ellas con la mayor indolencia.

La batida del gobierno español contra los vascos no es una guerra que México tenga que librar ni tenemos por qué afrontar los peligros de aquel enfrentamiento. No somos parte de ese conflicto ni enemigos del pueblo vasco. Por el contrario. Nunca sobra recordar que uno de nuestros mayores próceres es el vasco Francisco Javier Mina Larrea, quien en su tiempo también combatió el centralismo español, allá y aquí. Eso es lo que aprendemos en la escuela, pero ahora quizá tengan que modificarse los libros de texto para enseñarnos a odiar a los vascos, que nada malo nos han hecho, y para que los niños mexicanos ya no crezcan con el ejemplo heroico del combatiente navarro.


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También Catalunya Esta Querreque

Catalunya comienza a aplicar más y más presión.

Esto aparece hoy en La Jornada:

Asegura Pasqual Maragall que la futura relación no se basará en "mercantilismos"

El nuevo jefe de gobierno de Cataluña buscará renovar "el pacto con España"

Adelanta que impulsará la redacción de otro Estatuto de Autonomía

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 15 de diciembre. El líder de los socialistas catalanes, Pasqual Maragall, quien mañana jurará como jefe de gobierno de Cataluña, defendió hoy una "nueva relación" con el gobierno central de España, basada en "propuestas claras y compartidas y no en mercantilismos".

Anunció que con el futuro gobierno de la coalición de izquierdas se iniciará "un camino de no retorno" en Cataluña, que tendrá como piedra angular "la renovación del pacto con España", que se llevará a cabo desde la "libertad de decisión" de la sociedad.

Maragall será investido presidente de la Generalitat con el apoyo de los 74 diputados del Partido Socialista Catalán (PSC), los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Els-Verds (ICV), que permitirá la primera alternancia en el poder en la región tras 23 años de hegemonía de los nacionalistas moderados de Convergencia i Unio (CiU), aliados desde 1995 con el gobernante Partido Popular (PP) de España.

En su primera intervención en el debate parlamentario que lo convertirá en el sucesor del líder catalán Jordi Pujol, Maragall expuso los puntos nodales del acuerdo de gobierno tripartita, al tiempo que criticó la actitud y forma de ejercer el poder de sus predecesores, CiU y PP.

El denominado Acuerdo para un Gobierno Catalanista de Izquierdas será la base de la gestión de la nueva Generalitat en los próximos cuatro años, que estará integrada con un gobierno plural -nueve consejerías serán del PSC, cinco de ERC y tres de ICV-, además de que el conseller en cap, segundo cargo en importancia, estará presidido por Josep Luis Carod Rovira, líder de los republicanos e independentistas.

Maragall afirmó que, desde la "legitimidad", el nuevo gobierno impulsará "un acuerdo nacional" en aspectos fundamentales como la redacción del nuevo Estatuto de Autonomía, del que también es partidario CiU.

El líder socialista pretende formar un bloque para abrir las negociaciones con el gobierno central de José María Aznar, reacio a modificar los contenidos de los estatutos de las autonomías vasca y catalana y a abrir un proceso de reforma de la Constitución de 1978, indispensable para ampliar las competencias regionales y el autogobierno.

Insistió en que la renovación del pacto abrirá el "camino a una nueva relación con España" desde la "unión y la libertad", por lo que advirtió al PP -que mantiene una posición de dureza- que de mantenerse en su postura inmovilista "el drama está servido".

El dirigente socialista también se comprometió a consultar a la ciudadanía en caso de que el gobierno de Madrid haga caso omiso a sus reclamos de reforma para lograr que Cataluña asuma más competencias, un "nuevo papel en Europa" y se consolide la "administración única" que convierta a Cataluña en Estado.

Finalmente, Maragall reconoció la labor de Pujol al frente de la Generalitat en los últimos 23 años, pero criticó que en años recientes ejerciera el poder desde "la adulación de los líderes" y la utilización del mismo en "beneficio propio".


Aguas por que Aznar ya fabricó un cuerpo de leyes a modo para castigar a Ibarretxe y bien puede usarlas contra Maragall también.

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La Audiencia Nacional Permite Torturas

A este país es a donde Vicente Fox y su camarilla de inútiles quieren extraditar a los seis vascos.

Hoy eb La Jornada:

Denunciaron torturas

Archiva la Audiencia Nacional querella de 4 periodistas vascos

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 15 de diciembre. La Audiencia Nacional de España archivó hoy de forma "provisional" la querella presentada por cuatro periodistas del rotativo vasco Euskaldunon Egunkaria que fueron detenidos por presunta vinculación con ETA, los cuales denunciaron haber sufrido torturas de parte de agentes de la Guardia Civil durante su cautiverio.

Los magistrados justificaron la medida en que hasta el momento "los juzgados competentes no se han pronunciado sobre si hubo o no torturas" a los periodistas del clausurado rotativo, escrito íntegramente en euskera.

El operativo policial y judicial llevado a cabo en febrero pasado contra los directivos del diario vasco Egunkaria propició su cierre, vigente hasta la fecha pero bajo otras imputaciones de delitos fiscales, al no haber sido probada hasta la fecha su presunta pertenencia al aparato financiero de la organización armada ETA.

Los periodistas detenidos, entre ellos Martxelo Otamendi, su director, Xabier Alegría, Ignacio María Uría y Xabier Oleaga, presentaron una denuncia por torturas y maltratos ante los tribunales vascos, que en abril pasado admitieron a trámite la querella.

Ante este retraso, la sección segunda de la propia Audiencia Nacional decidió archivar la denuncia, bajo el argumento de que el juez instructor no ha resuelto este extremo, lo que a su ententer "hace aconsejable la paralización del procedimiento que se sigue contra los encausados, que se ha de vehiculizar formalmente a través de un archivo provisional de las actuaciones hasta que efectivamente se den los requisitos de perseguibilidad".


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Zamora Pide Ayuda a Naciones Unidas

Hoy en La Jornada:

La defensora pide intervención de Naciones Unidas ante apercibimiento intimidatorio

Exigen a la abogada Bárbara Zamora que guarde "respeto y consideración" a juez

JESUS ARANDA

En una decisión calificada de "arbitraria e intimidatoria", el juez segundo de distrito en materia de procesos penales, José César Flores Rodríguez, apercibió a la abogada de los seis ciudadanos vascos que enfrentan juicio de extradición, Bárbara Zamora, a que "se abstenga de calificar las actuaciones de este tribunal" y le guarde "respeto y consideración", porque de lo contrario será sujeta a sanciones que van desde la multa hasta arresto domiciliario.

La abogada, por su parte, solicitó la intervención "urgente" del relator de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, para que tome nota de esta inédita medida que afecta el proceso de extradición de sus defendidos.

El enojo del juzgador comenzó cuando Zamora López -abogada de Juan Carlos Artola Díaz, Asier Arronategui Duralde, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Félix Salustiano García Rivera, Luis Castañeda Vallejo y Ricardo Ernesto Sáez García- interpuso el pasado 10 de diciembre un recurso de queja en el que impugnaba un acuerdo del juzgado segundo, mediante el cual se permitió al Ministerio Público violar el procedimiento de extradición, con el argumento de que aplica el artículo 136 fracción cuarta del Código Federal de Procedimientos Penales, que se refiere al ejercicio de la acción penal.

Esto dejando de lado el hecho de que por tratarse de un proceso de extradición, los ciudadanos vascos no son objeto de proceso penal alguno, simplemente porque no han sido acusados de ningún delito.

La abogada refutó al juez: "el hecho de permitir la injerencia y las actuaciones del Ministerio Público Federal como si se tratara de un proceso penal de mis representados y, en cambio, no otorgarles las garantías constitucionales de las que goza cualquier procesado, es una flagrante violación a las garantías constitucionales".

La reacción del juez tardó un día. Aunque reconoció que, "efectivamente", el procedimiento especial de extradición no es un juicio criminal, y por lo tanto "no deben examinarse cuestiones atinentes a la conducta de los extraditables", sostuvo que la Ley de Extradición Internacional faculta al Ministerio Público a presentar las pruebas que considere pertinentes, lo que implica su intervención en la verificación de las pruebas promovidas por la defensa y los extraditables.

El juez cuestionó "a la profesionista" por su actitud "imprudente e irrespetuosa". La instó a abstenerse de "calificar las actuaciones de este tribunal, sin sustento jurídico alguno", porque de lo contrario le serán aplicados los medios de apremio que prevé la ley, como son multa de 10 a 25 salario mínimos y un arresto hasta por 36 horas.

Además de la gravedad que implica en sí la amenaza, Bárbara Zamora expresó su temor en razón de que el próximo viernes 19 tendrá lugar una audiencia que es de particular importancia, porque se presentará el documento elaborado por Felipe I. Echenigue March, en el que se demostrará que el pueblo vasco enfrenta un problema político con el reino de España, por lo que la solicitud de extradición en contra de sus defendidos parte de un problema político y no criminal. Es decir, se demostrará que no pueden ser extraditados, porque el Tratado de Extradición México-España prohíbe expresamente la extradición de los perseguidos políticos.

Pese a la amenaza en su contra, Bárbara Zamora interpuso un nuevo recurso ante el juez Flores Rodríguez, en el cual le solicita que "revoque" el acuerdo en el que la apercibió.


Señores, el respeto no se pide ni se exige, se gana cuando uno actúa con ética y dignidad.

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domingo, 14 de diciembre de 2003

Asilo : Era Un Orgullo Mexicano

Hoy en La Jornada:

Gustavo Iruegas

Asilo y extradición

Era la época, a principios de los 90, en que Carlos Saúl Menem, entonces presidente de Argentina, había emprendido una sistemática campaña contra Cuba. Durante una de las reuniones en la cumbre del Grupo de Río, la delegación argentina pretendía que la declaración política que emitirían los presidentes incluyera un párrafo francamente condenatorio del régimen cubano. Por supuesto, quien se oponía era la delegación mexicana.

Como las posiciones eran irreductibles, el asunto no pudo resolverse en el nivel de los coordinadores nacionales y, junto con otros tres asuntos, pasó al nivel de los subsecretarios, quienes resolvieron todo, menos el punto de Cuba. El tema fue elevado a los cancilleres, quienes discutieron con intensidad pero, nuevamente, sin alcanzar resultados. La moderadora sugirió escalar con el tema hasta la cumbre y llegar a los presidentes. Los jefes de Estado no admitieron el encargo y regresaron el documento a los cancilleres con la orden de solucionar el asunto.

Los organizadores de la reunión dispusieron una habitación cercana y, mientras los mandatarios conversaban con el comedimiento propio de sus altos cargos, los cancilleres se reunieron nuevamente: la discusión ya era francamente entre Argentina y México, y sólo había ocasionales intervenciones de la anfitriona para moderar, sin éxito, el exaltado debate. En un momento dado el canciller argentino dijo algo más o menos así: la única razón por la que puedo entender que México defienda la dictadura cubana es porque también en nuestro querido México tenemos que lamentar deficiencias en cuanto a libertad y democracia.

La respuesta fue automática: en efecto, canciller, en México discutimos mucho sobre la forma de mejorar nuestra democracia. Pero en cuanto a la libertad, puedo decirle que hace ya mucho tiempo que no tenemos que discutir. Permítame ilustrar lo que digo con una pregunta, y quizá su respuesta nos ayude a ponderar la calidad de la libertad en nuestra región: ¿sabe usted de algún país de América Latina cuyos nacionales no hayan buscado y encontrado asilo en México? Y para completar, ¿sabe usted de algún país latinoamericano en el que haya mexicanos asilados?

No hubo respuesta, y la discusión volvió al tema de Cuba. El párrafo resultante fue un verdadero e ininteligible bodrio. La anécdota no viene a mi memoria porque haya casos de asilo pendientes de resolver. Lo que me hace recordarla es el hecho de que hay casos de extradición pendientes de resolver.

En realidad, asilo y extradición son figuras contrapuestas que, sin embargo, están unidas en su esencia por un hilo conductor, que es la distinción que en ambos casos se hace entre el delincuente, enemigo de la sociedad, y el político, enemigo del régimen. Asilo es la protección que un Estado concede a alguien perseguido por otro Estado por motivos políticos. La extradición es la entrega de un acusado que hace el gobierno de un país a las autoridades de otro país que lo reclaman. Pero el asilo no es para delincuentes ni la extradición para perseguidos políticos.

Hay infinidad de testimonios de parte de quienes en algún momento han recibido el amparo de la bandera de México, en forma de asilo diplomático o territorial. Cuando se tiene oportunidad de hablar con ellos, invariablemente sale el tema a la luz y con él los recuerdos y el agradecimiento. Algunos son casos muy sonados de personajes famosos (Trotsky, Cámpora) y otros muchos son de personas simples que en algún momento necesitaron la ayuda de México para salvar su vida o su libertad. Pero, ¿qué movió a esas personas a buscar asilo en México? Creo que esa fue la respuesta que no pudo o no quiso dar el canciller argentino.

Hay, sin embargo, otra pregunta que resulta más interesante: ¿qué es lo que ha movido a México a adoptar esa actitud, que le llegó a valer el título virtual de "campeón del asilo"? No fue, por supuesto, el agradecimiento de los beneficiarios lo que lo llevó a extender su protección a esas personas en desgracia. Fue el compromiso nacional con el asilo, la institución humanitaria más antigua que, por cierto, aunque hoy es exclusivamente latinoamericana; la recibimos de España, la grande.

Están pendientes de resolución los casos de los vascos Juan Carlos, Ernesto, Asier, José María, Asunción y Félix. Su gobierno pide que le sean entregados porque asegura que la organización terrorista ETA ha desarrollado una infraestructura económica en España y México "... con el objeto de sostener y allegar fondos a los miembros 'huidos' de la organización terrorista que se han asentado en México y se autodenomina 'el colectivo de refugiados'". Es muy endeble y muy desproporcionada la solicitud española. En el pedimento no hay acusaciones por actos terroristas; son varios los errores técnicos diplomáticos y jurídicos en que incurre el documento y muy contradictorias y vagas las acusaciones sobre "el colectivo de refugiados". Pero exponer y demostrar estos defectos, suficientes todos y cada uno para denegar la solicitud, es tarea de los abogados.

Es otra la faceta del caso que interesa señalar: la acumulación de casos de extradiciones formales e informales de etarras perseguidos y entregados por motivos políticos. Además del daño que se hace a los directamente afectados y del ningún beneficio para el pueblo de España, se contradice el discurso humanitario que el gobierno de México ha venido elaborando en el medio internacional, se lastima el prestigio y el nombre de México y se invita al cambio del viejo título de "campeón del asilo" por el nada honroso de "campeón de la extradición".


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