martes, 30 de septiembre de 2003

¿Y Francia? Calladita

Y sigue la mata dando, lean esto publicado en La Jornada:



El periodista Xarlo Etxezaharreta, acusado de ser integrante de "banda armada"

Director de una revista del País Vasco francés, detenido por orden de Garzón

Armando G. Tejeda


Por orden de Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de España, la policía detuvo hoy en la localidad vasca de Abadiño al director de una revista del País Vasco francés, el periodista Xarlo Etxezaharreta, a quien el magistrado acusa de "integración en banda armada" y de formar parte del "Comité Ejecutivo de la Asamblea de Electos de Batasuna", la coalición de la izquierda nacionalista vasca.

La revista que dirige Etxezaharreta, Kale Gorria, es considerada por el magistrado una publicación sucesora de Ardi Beltza, que dirigía Pepe Rei y fue clausurada también por orden de Garzón en abril de 2001, señalaron fuentes judiciales.

Pero Etxezaharreta, de nacionalidad francesa, quedó detenido por estar relacionado con el sumario judicial de la Asamblea de Electos de Batasuna, a la cual Garzón considera sustituta de la coalición Batasuna, que declaró ilegal, acusándola de pertenencia a banda armada, y no por la publicación que dirige, señalaron otras fuentes.

En tanto, los presos de ETA que cumplen condena en cárceles españolas iniciaron la víspera una protesta colectiva con la que pretenden participar en la "liberación" del País Vasco, y denunciar la "política de dispersión" de las autoridades penitenciarias.

Los miembros del grupo armado encarcelados anunciaron mediante un comunicado, rubricado por el Colectivo de Presos Políticos Vascos, que su protesta consiste en no salir de sus celdas y, a partir del próximo semana, rechazarán la correspondencia que reciban de sus familiares y amigos.

En el documento los presos etarras explican que su objetivo es "participar y ser promotores en el proceso de liberación de Euskal Herria" y denunciar la política penitenciaria del gobierno del conservador José María Aznar, quien los hace cumplir condena en cárceles lejanas a su lugar de origen.

Los militantes etarras sostienen que el colectivo "está formado por un alto número de personas como no había existido hasta ahora", que tiene su raíz en las recientes proscripciones de "organizaciones políticas y sociales y el cierre de medios de comunicación vascos", en referencia a la disolución de Batasuna y las clausuras del diario vasco Euskaldunon Egunkaria y de la revista Ardi Beltza


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Donde Justicia Es Un Eufemismo

Tambien hoy en La Jornada:

Pedro Miguel

La justicia española

En 1986, cuando aún no cumplía 20 años, el londinense Tony Bromwich fue condenado a 10 de reclusión por su afición a asfixiar mujeres con un cable eléctrico y agredirlas sexualmente una vez que alcanzaban la inconsciencia. Ninguna de las cinco víctimas de Bromwich perdió la vida, pero eso no significa que el muchacho no fuera peligroso. El juez Thomas Pigot, que se ocupó de su caso, lo describió como un personaje parecido a la dupla Jekyll-Hyde; fuentes policiales dijeron que Bromwich tenía "fijación por las escolares" y alardeaba con sus amigos de haber mantenido relaciones sexuales con una niña de 12 años. El hecho es que el doctor Jekyll paseaba con su novia los martes, jueves y viernes, en tanto que el señor Hyde atacaba a sus víctimas los lunes y miércoles, y Bromwich descansaba el resto de la semana. Los siete días de la semana, eso sí, llevaba en el coche una colección de armas punzocortantes, desde cuchillos y machetes hasta un sable de samurai. El joven delincuente fue liberado antes de terminar su condena, en 1991, pero volvió a delinquir y fue llevado otra vez a prisión por robo a mano armada. En 1996 salió libre de nuevo y el año siguiente se fue a vivir al sur de España con el nombre falso de Tony Alexander King. Allí conoció a una joven llamada Celia, quien a los pocos meses ya estaba embarazada de Tony. A la niña que nació le pusieron Sabrina. Pero en 1999 Celia presentó una denuncia de malos tratos contra su cónyuge y al poco tiempo se separó de él.

En octubre de ese mismo año, en la localidad malagueña de Mijas, fue secuestrada, torturada y asesinada Rocío Wanninkhof, muchacha de 19 años. Por esos días la madre de la víctima, Alicia Hornos, acababa de terminar entre turbulencias una relación sentimental con la empresaria hotelera Dolores Vázquez, a la que acusó del homicidio de su hija. Sin más pruebas, Vázquez se convirtió en la sospechosa principal del asesinato de Rocío. Casi dos años más tarde, el 19 de septiembre de 2001, un jurado popular declaró culpable a Dolores, a quien se impuso una condena de 15 años de prisión. La sentenciada pasó 17 meses en la cárcel, pero salió libre una vez que, a petición de la defensa, el juicio fue anulado ante la evidencia de que los miembros del jurado, el juez de instrucción, el fiscal profesional y el magistrado presidente del tribunal habían cometido demasiados errores procesales.

En agosto pasado, en Coín, Málaga, desapareció la joven Sonia Carabantes, de 17 años, cuando regresaba a su casa procedente de una feria. Días más tarde fue descubierto su cadáver, muy descompuesto por el intenso calor estival, pero con huellas inequívocas de estrangulamiento y una fractura en la mandíbula. En esa ocasión, la hasta entonces babeante policía española, presionada por la opinión pública, no tuvo más remedio que ser eficaz. Descubrió rastros de ADN que vinculaban el crimen de Sonia con el de Rocío, cometido cuatro años antes, y encontró que el propietario del genoma era el británico Tony Bromwich, alias Tony Alexander King, quien hasta la semana antepasada seguía tan tranquilo vendiendo bienes raíces y cervezas en varios pueblos de la costa malagueña. Cuando fue detenido, Tony no tuvo empacho en confesar la autoría de ambos crímenes y, de paso, la de varias agresiones sexuales perpetradas en Málaga en los últimos seis años.

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El 24 de junio de 1981, en Tolosa, un comando asesino de la ETA ametralló a tres inocentes vendedores de libros de la localidad, a los que confundió con guardias civiles. Dos años más tarde, dos ciudadanos vascos fueron arrestados por la policía. Luego de una semana de permanecer incomunicados y sujetos a torturas, uno de ellos acusó a Lorenzo Llona de formar parte del comando. Posteriormente, presentados ante el juez, ambos detenidos denunciaron los tormentos a que habían sido sometidos y negaron conocer a Llona. El 24 de junio de 1981, por cierto, el imputado no estaba en Tolosa, sino en la avenida Juárez del Distrito Federal -donde en ese tiempo se encontraba la Dirección General de Migración de la Secretaría de Gobernación-, firmando de recibido una orden de pago para cubrir los 2 mil 400 pesos de derechos por el trámite de la FM3. Dos días más tarde estampó su firma y su huella digital en la forma migratoria correspondiente. Pero cuando pidió formalmente a México la extradición de Llona para juzgarlo por el crimen de Tolosa, la fiscalía española se negó a adjuntar una copia de la declaración exculpatoria posterior del hombre que, bajo tortura, había acusado originalmente a Llona. Este pasó varios meses en la cárcel antes de que la Secretaría de Relaciones Exteriores deshiciera, en definitiva, el entuerto.

Una moraleja posible es que la justicia española se comporta, al igual que Tony Bromwich (o Tony Alexander King), a la manera del doctor Jekyll y el señor Hyde: a veces tiene actuaciones deslumbrantes, como cuando pidió a Londres la extradición de Pinochet, o cuando obtuvo de México la de Ricardo Miguel Cavallo. Pero en otras ocasiones el sistema judicial del Estado español es una mierda.


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Medem Tiene Toda La Razón

Hoy en La Jornada:

México D.F. Martes 30 de septiembre de 2003

Medem: mi cinta refleja el odio hacia el País Vasco

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Vivimos tiempos espantosos de intolerancia, dijo al presentar su obra en Madrid

Madrid, 29 de septiembre. Después de ser comparado con la documentalista de Adolfo Hitler, Leni Riefensthal, de haber sido acusado de "esbirro" del nacionalismo vasco e, incluso, de "filoetarra", el cineasta vasco Julio Medem presentó hoy en Madrid el documental de la polémica: La pelota vasca. La piel sobre la piedra. Medem explicó que esta obra "polifónica" se basa en dos premisas "éticas": el rechazo a la violencia y la defensa del diálogo político para buscar vías de solución al histórico conflicto que sufre el País Vasco desde hace cuatro décadas.

El artista vasco, también autor de Vacas y Los amantes del círculo polar, vivió en las últimas dos semanas una situación dramática como creador: el documental que exhibió por primera vez en el Festival Internacional de San Sebastián, que concluyó el pasado domingo, fue criticado con virulencia por el gobierno español del derechista José María Aznar; por voceros de su partido, el Partido Popular (PP); por intelectuales cercanos a éste y algunas víctimas de los atentados de ETA. Las críticas, incluida una petición de estudiar la "idoneidad" de su exhibición en el certamen cinematográfico, fueron vertidas y difundidas en los principales medios de comunicación, a pesar de que la mayoría de sus detractores, incluida la ministra de Educación y Cultura española, Pilar del Castillo, todavía no había visto el documental.

Sin embargo, La pelota vasca se presentó en San Sebastián, donde además fue recibido con un estruendoso aplauso del público y con elogios casi unánimes de la crítica especializada española. El documental ahonda en las raíces del conflicto vasco con base en las entrevistas personales que realizó el propio Medem a quienes a su juicio son protagonistas, testigos directos o víctimas del conflicto, con la excepción del PP y de algunos intelectuales vascos, como Fernando Savater y Jon Juaristi, que se negaron en todo momento a participar en el trabajo de Medem, quien afirmó que ''algunos no han querido estar precisamente para boicotear la película y luego decir que es sesgada porque ellos no están".

En la presentación del documental en Madrid, de donde han surgido las críticas más furibundas a su obra, el creador vasco defendió sus convicciones, lo mismo como artista que como ciudadano. "No he sido nunca nacionalista, soy de izquierda, pero siempre he creído en la autodeterminación", señaló Medem, quien también se mostró indignado por las acusaciones que ha recibido estos días, sobre todo aquellas en las que se le compara con la documentalista del nazismo alemán, se le atribuye ser un "esbirro de Ibarretxe (presidente del gobierno vasco y nacionalista)" y "proetarra o filoetarra".

En rueda de prensa, el autor de Lucía y el sexo explicó que su obra también es fruto de una "equidistancia, no moral, sino ideológica", al sostener: "No quiero una Euskadi monocolor, ni con el pensamiento único del nacionalismo vasco, pero también debe haber respeto por la mayoría democrática, y si se pide una consulta ciudadana se debe respetar este derecho". En este sentido, Medem destacó que él mismo editó el abundante material recopilado después de más de 100 entrevistas y que, por tanto, no resulta baladí que "la película comience y termine con los testimonios del escritor Bernardo Atxaga, quien primero habló del archipiélago vasco y luego de la ciudad vasca, ideas con las que me siento identificado".

Medem confesó que ante las críticas se sintió en la obligación de aclarar que está "muy cerca de las víctimas y no con los terroristas", pero también de denunciar que el linchamiento que ha sufrido por su trabajo de creador ha sido "muy desproporcionada" y, sobre todo, refleja "lo que cuenta la película": la crispación estructural, la ausencia de diálogo y las raíces del odio que sufre el País Vasco.

Al proclamar su "independencia" para la realización del documental, Medem señaló que "La pelota vasca se sitúa igualmente en el reverso del pensamiento que impone cierto sector, el mismo que luego convierte a quienes discrepamos, como en mi caso, en un parcial e incluso en un radical", lo que a su juicio expone con claridad que "estamos viviendo tiempos espantosos en cuanto a la falta de libertad de expresión y a la manipulación de medios de comunicación desde el poder. Eso lo sabemos todos: que lo peor que tenemos en esta sociedad es esta clase dirigente, y luego los medios de comunicación que la secundan".


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sábado, 27 de septiembre de 2003

Presentan El Pan Ibarretxe

Hoy en La Jornada.

México D.F. Sábado 27 de septiembre de 2003

Aznar y la oposición socialista rechazan el proyecto; es "rupturista", afirman

Presenta Ibarretxe plan para cambiar el estatuto del País Vasco a "libre asociación"

El gobierno del Partido Popular, gran obstáculo a la paz en Euskadi, dice el lehendakari

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 26 de septiembre. El presidente del gobierno vasco, el nacionalista moderado Juan José Ibarretxe, presentó este viernes ante el Congreso regional un proyecto para cambiar el estatuto político del País Vasco a uno de "libre asociación".

El proyecto prevé la puesta en marcha de un proceso de paz que haga posible la pacificación de la convulsionada región y sentar las bases de un nuevo modelo de gobierno en el que primará la vocación de más soberanía e independencia con respecto al Estado español.

Por su parte, el presidente del gobierno español, el conservador José María Aznar, y la oposición socialista rechazaron la iniciativa, que tildaron de "separatista" y "contraria" a los preceptos constitucionales vi-gentes en este país desde 1978.

El llamado Plan Ibarretxe aspira a servir de base para un modelo de gobierno que permita al País Vasco gozar de algunas reivindicaciones: que se reconozca el derecho de autodeterminación, conseguir el final definitivo de la violencia y transferir competencias básicas como la recaudación de la seguridad social y la creación de una mesa en la que se debatan las reformas constitucionales que se requieren.

"Nuestra sociedad quiere dar por finalizada una etapa marcada por la violencia y la falta de normalización política. Desea avanzar en un camino de solución basado en el respeto a los derechos humanos individuales de todas las personas y en el respeto a las decisiones colectivas del pueblo vasco", comentó Ibarretxe.

Indicó que en los últimos años ha habido una notable beligerancia institucional del gobierno español y del derechista Partido Popular que se evidenció en la "aprobación de la Ley de Partidos Políticos" y la ilegalización de la coalición de la izquierda separatista vasca, Batasuna.

El mandatario del País Vasco señaló que si bien "la persistencia de ETA es una dramática constante en los últimos 40 años, con excepción del paréntesis de tregua propiciado por el pacto de Lizarra (desde1998 hasta diciembre de 1999), la organización separatista vasca sigue siendo el máximo exponente de la conculcación del más básico y elemental de los derechos humanos, el derecho a la vida".

Pero Ibarretxe señaló que existe otro gran obstáculo para lograr la paz en Euskadi: "El gobierno del Partido Popular, bajo disfraz de la lucha antiterrorista, está ejecutando sistemáticamente una estrategia que supone el recorte de las libertades y un grave retroceso de la democracia".

Afirmó que "la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y la ilegalización de Batasuna han impedido que miles de ciudadanos vascos puedan ejercer libremente el derecho a votar por una opción política determinada, lo cual no nos acerca sino que nos aleja de la búsqueda de soluciones".

Pilares esenciales

El dirigente nacionalista añadió que su proyecto de pacificación y autogobierno tiene tres pilares esenciales: la convicción de la existencia de un pueblo vasco que tiene identidad propia y está repartido en Francia y España, que este pueblo tiene el "derecho" a decidir su propio futuro y, por último, que ese "derecho" sólo se hará posible "desde el respeto a que sean consultados los ciudadanos" de la región.

Ibarretxe habló de la posibilidad de contar con representantes vascos en las instituciones internacionales, sobre todo en la Unión Europea, y propuso que se admita que tanto Navarra como el País Vasco francés (Iparralde) tienen derecho a votar su posible adhesión al que sería el Estado vasco, por lo que exige que no se "pongan trabas legales a los acuerdos entre las comunidades" y a los tratados "transfronterizos" que se firmen en el futuro.

Ibarretxe también exige crear un "Poder Judicial autónomo", que deberá contar con un tribunal superior de justicia vasco y un tribunal supremo, instancia que "sería la responsable de la doctrina jurídica".

El vocero del gobierno de Aznar, Eduardo Zaplana, anunció desde Madrid que se "re-currirá por la vía contencioso-administrativa" y ante el Tribunal Constitucional contra "todos los planteamientos" anunciados.

El Ejecutivo español consideró que la iniciativa de Ibarretxe es contraria a la Constitución de España y refleja un espíritu "claramente secesionista", al tiempo que consideró "nula" la posibilidad de que prospere, ya que -sostuvo- "genera riesgos y una gran estabilidad porque coincide con los planteamientos de los violentos".

Patxi López, líder socialista vasco, consideró que la iniciativa es "rupturista" y sólo le ha servido de "coartada" para "ocultar la ineficacia" de su administración.

Arnaldo Otegi, parlamentario y vocero de Socialista Aberzaleak, el grupo parlamentario heredero de la ilegalizada Batasuna, señaló que la aspiración de su coalición es "cuajar un plan" que siente las bases para la "superación del conflicto político", en la que -a su juicio- deberán participar "todos los agentes de los siete territorios" y en un escenario de ausencia total "de la violencia: la de ETA y la estructural".

El dirigente abertzale añadió que "a nosotros nos ilegalizan, nos detienen y hasta cierran nuestras sedes", pero nos encontramos "ante un momento histórico para la superación del conflicto", en el que "la izquierda nacionalista está dispuesta a hacer su aportación", por lo que abogó por una mesa de diálogo "sin violencia de ETA y sin la violencia estructural, sin injerencia de los estados".


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jueves, 25 de septiembre de 2003

Solidaridad con Medem

Hoy en El Correo Ilustrado de La Jornada.


Solidaridad con el director Julio Medem

Señora directora: En los últimos días observamos con preocupación la polémica que ha levantado el estreno de la película La pelota vasca. La piel contra la piedra en la 51 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, así como el acoso político y mediático al que está siendo sometido su director, Julio Medem.

Siempre es saludable y positivo que la actividad cultural se adentre en los recovecos de la realidad y proponga materiales para la reflexión y el diálogo en torno de los problemas que nos afectan.

La libertad de expresión y la pluralidad son premisas básicas para el pleno desarrollo de una cultura y una sociedad vivas y democráticas.

Los términos de la polémica suscitada por el próximo estreno de la película de Medem, así como algunos de los juicios que hemos leído o escuchado en los medios de comunicación en las últimas horas, son un mal síntoma: cuando se obliga a la cultura a transitar por caminos prescritos, la libertad enferma.

Como Medem, pensamos que la palabra, como vehículo de expresión de las ideas, es uno de los instrumentos que la cultura pone al servicio de la paz. Defendemos su derecho a utilizarla inequívocamente en ese sentido y reconocemos su declarado compromiso con la no violencia y el diálogo.

Atentamente

Manuel Vázquez Montalbán, José Miguel Monzón (Gran Wyoming), Alex de la Iglesia (Pánico Films), Ramón Chao (periodista), Santiago Alba Rico (escritor), Javier Ortiz (periodista), Carlos Taibo (profesor universitario), los músicos Manu Chao, Fermín Muguruza y Angel Luis Ruso Lara; los directores de cine Joaquín Jordá, Javier Corcuera, Pere Joan Ventura, Pedro Pérez-Rosado, Vicente Pérez Herrero, Sigfrid Monleón, Isaki Lacuesta Gabarain, Fernando León de Aranoa; Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista de Barcelona, Colectivo de Solidaridad con los Zapatistas en Grecia-Campaña Una escuela para Chiapas y 44 firmas más



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viernes, 19 de septiembre de 2003

Les Deseamos Suerte

Ojalá y no sea pura faramalla y que efectivamente se haga algo para detener el secuestro y extradición de vascos a España.

Pero yo nada más no puedo confiar en la clase política mexicana. Lean esto:

México D.F. Viernes 19 de septiembre de 2003

Se evitarían injusticias como la cometida contra Lorenzo Llona, afirman

ANDREA BECERRIL, JOSE GALAN Y ROBERTO GARDUÑO

Senadores y diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron ayer dispuestos a revisar los tratados de extradición firmados por México con varias naciones, particularmente con España, a fin de evitar injusticias como la que se cometió en perjuicio del ciudadano mexicano, de origen vasco, Lorenzo Llona Olalde.

El coordinador de la fracción perredista en el Senado de la República, Jesús Ortega Martínez, dijo que satisface la determinación de la cancillería de no extraditar a Llona, ''porque de verdad fue un abuso y una violación total al marco jurídico mexicano la forma en que se llevó a cabo la detención y el proceso para enviar a España a quien desde hace más de 20 años reside en el país de manera pacífica y está inclusive naturalizado''.

Ortega consideró que el asunto Llona es una buena oportunidad para revisar el tratado de extradición con España, porque con el pretexto del combate al terrorismo lo que se ha hecho es violentar las garantías individuales de ciudadanos mexicanos de origen vasco residentes en el país.

Hizo notar que la fracción parlamentaria que integra analiza ya el tratado en su conjunto y de manera particular las modificaciones que se le hicieron durante el sexenio zedillista, ya que a partir de éstas es que de modo abusivo el gobierno mexicano permite que se violenten los derechos consagrados en la Constitución para los mexicanos, además de pasar por encima del tradicional derecho de asilo, que ha sido orgullo de nuestro país.

Sobre el tema, la senadora priísta Dulce María Sauri consideró también que debe analizarse ese tratado, pero sobre todo no permitir que sin más se acepte toda solicitud del gobierno de José María Aznar para extraditar a vascos o a mexicanos que tienen ese origen, sin que antes se lleve a cabo un proceso apegado por completo a la legalidad.

''Creo que se deben ver con mucha cautela esas solicitudes, que se han incrementado a partir de que Aznar llegó a la jefatura de gobierno en España, sobre todo cuando se refiere a hechos que se remontan a un pasado cada vez más lejano'', agregó la ex dirigente priísta.

Aclaró que el gobierno mexicano no debe alimentar la impresión de que se protege a delincuentes o terroristas, ya que ello no es cierto, pero tampoco aceptar toda solicitud de España, sobre todo cuando hay antecedentes de que elementos policiacos de ese país se introdujeron a México para presionar y amenazar a ciudadanos de origen vasco, que cuentan con las garantías que ofrece la Constitución.

Por su parte, el diputado perredista Francisco Saucedo afirmó que la situación por la que atravesó Llona Olalde ''nos pone a discutir las condiciones en que está firmado el tratado de extradición con España'', además de lo que está pasando en el Poder Judicial con un juez que no hizo caso a documentación ''tan clara y tan especifica'', que puede echar abajo hasta a la realidad misma y que está prestándose a que haya jueces por consigna. ''Eso deteriora al Poder Judicial y al estado de derecho del país'', dijo.

''Hay que ver a quién están respondiendo los jueces. Qué pasa con el Consejo de la Judicatura, que no ve situaciones irregulares. Entonces la pregunta es: ¿quién tiene el control sobre el Poder Judicial, sobre el tratado de extradición? Sospechamos que es anticonstitucional, porque no puede estar por encima de la Carta Magna'', agregó.

De igual forma, el diputado perredista Emilio Zebadúa consideró necesario que la política que el gobierno ha seguido a través de las instancias judiciales para la extradición de miembros del grupo ETA se apegue a lo que demanda la Constitución, ''que en esta situación (el caso Llona Olalde) se violentó. Lo que es importante es que esta política se siga con estricto apego a las garantías individuales de mexicanos y extranjeros, antes de que corran el riesgo de ser violentadas si no somos pulcros y apegados a derecho''.
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Otras Víctimas del Abuso

El caso de Lorenzo Llona será muy publicitado, pero hay otros vascos que han corrido peor suerte, han sido secuestrados y mandados a España, un estado donde se practica la tortura, gracias al abuso y a la complicidad de algunas autoridades mexicanas.

En este artículo se relatan estos lamentables acontecimientos:


México D.F. Viernes 19 de septiembre de 2003

Ocurrió el 16 de enero de 2000, informa el Centro Pro de Derechos Humanos

Se violaron las garantías de Mikel Arrieta Llopis y José Angel Ochoa de Eribe Landa

Fueron detenidos ilegalmente en su domicilio por el Instituto Nacional de Migración

VICTOR BALLINAS

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) manifestó ayer que está pendiente una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la actuación del gobierno mexicano en la ''extradición sumaria'' de dos ciudadanos vascos, ocurrida el 16 de enero de 2000, proceso en el cual se violaron los derechos humanos de Mikel Arrieta Llopis y José Angel Ochoa de Eribe Landa.

Los ciudadanos de origen vasco fueron detenidos el 15 de enero de 2000 por la policía del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación. ''La acusación consistió en que carecían de documentación que acreditara su estancia legal en el país''.

No obstante, la detención fue en extremo peculiar.

''El 15 de enero, a las 14:30, los extranjeros hablaron por teléfono con su abogada, Pilar Noriega, y le explicaron que una camioneta azul oscuro, placas 948 JMK y con el letrero Lavaoasis: productos de limpieza, se encontraba estacionada frente al edificio donde ellos vivían, y desde el interior del referido vehículo filmaban el inmueble. Más tarde, ambos salieron y regresaron de inmediato al notar que varios hombres los seguían.

Alrededor de las 19 horas, Pilar Noriega recibió otra llamada de Ochoa de Eribe Landa, quien le informó que varios hombres habían intentado abrir la puerta del edificio.

No opusieron resistencia

''Una hora y media más tarde -las 20:30 del 15 de enero de 2000- la abogada Noriega recibió otro llamada de Ochoa Eribe Landa, quien le dijo: ya están aquí. Trajeron un cerrajero y están entrando...''

De acuerdo con la versión de los vecinos, se supo que ''siete agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), al mando del comandante Rubén Villegas Sánchez, forzaron la puerta del departamento 3 de Ochoa Eribe, ubicado en Montealbán 387, colonia Narvarte. La acción duró unos minutos y los detenidos no opusieron resistencia''.

La búsqueda

Al día siguiente -16 de enero de 2000- Pilar Noriega y Lamberto González Ruiz, miembros de la Asociación Servicios Legales, interpusieron un amparo en el juzgado noveno de distrito en materia penal, por ''incomunicación, expulsión y deportación, y señalaron como autoridad responsable al INM, y como probable lugar de detención la delegación de esa dependencia en el aeropuerto internacional de la ciudad de México''.

El actuario del juzgado se presentó en el aeropuerto ante funcionarios del Instituto Nacional de Migración, a las 15:22 del 16 de enero de 2000, y éstos negaron que ahí hubiera un delegado del INM y que estuvieran los vascos. ''En tanto, los abogados acudieron a la estación migratoria ubicada en Iztapalapa, donde los funcionarios del instituto negaron que ahí se hallaran recluidos los ciudadanos de origen vasco. A pesar del amparo interpuesto y la notificación hecha al personal del INM, los dos extranjeros fueron enviados a Madrid a las 18:30 del 16 de enero de 2000, en el vuelo comercial 001 de Aeroméxico, esposados y custodiados por miembros de la PFP, y entregados a la policía española en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España''.

De acuerdo con la versión de los abogados en España, ''tanto Ochoa de Eribe Landa como Arrieta Llopis fueron sometidos a interrogatorios ilegales y recibieron golpes en la cabeza y oídos''.

Días después de la extradición ilegal, señaló el Centro Pro en su queja ante la CIDH, la coordinadora de Control de Migración del INM, Irma García Andrade, declaró que los vascos fueron expulsados por haber violado la Ley General de Población; indicó que ''no estuvieron desaparecidos ni incomunicados, sólo hubo una confusión de sus abogados, pues los buscaron en el aeropuerto cuando los detenidos estaban en la estación migratoria de Iztapalapa''. En la queja del Centro Pro ante la CIDH, con fecha 14 de julio de 2000, se sostiene que el gobierno mexicano violó los artículos 7, 8, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, además de que hubo allanamiento de domicilio, detención ilegal e incomunicación.
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Ranulfo Castillo en Problemas

Pues por muy arrogante que se esté portando Ranulfo Castillo Mendoza, quién diera el visto bueno a la extradición de Lorenzo Llona Olalde, parece ser que el juez estaría en problemas si el mexicano de origen vasco decide demandarlo.

Lean esta nota:



El magistrado podría ser destituido

Jesús Aranda, Victor Ballinas y Alfredo Valadéz | Reporteros y corresponsal

El juez decimoquinto de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, ''se encuentra en graves problemas'', porque es motivo de responsabilidad resolver en contra de constancias que estén en el expediente.

Fuentes judiciales de primer nivel señalaron lo anterior y agregaron que, en caso de que el ciudadano mexicano de origen vasco, Lorenzo Llona Olalde, interponga ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja en contra de Castillo Mendoza por haber opinado a favor de su extradición a España, el juzgador podría ser sancionado inclusive con la destitución.

''¡Es una vergüenza!'', indicó molesto uno de los entrevistados, quien agregó que en los últimos años no se tiene conocimiento de una violación tan flagrante de la ley, al no tomar en cuenta documentales públicas emitidas por el gobierno federal -en este caso el Instituto Nacional de Migración- a la hora de emitir una sentencia o una opinión sobre una posible extradición.

Sin embargo, los funcionarios destacaron que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se requiere que el propio Llona Olalde o sus abogados defensores presenten la queja correspondiente en contra del juzgador para que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) actúe en consecuencia y, de proceder, lo sancione conforme a la ley.

Por otra parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, Eladio Navarro Bañuelos, señaló que el gobierno mexicano está obligado a reparar el daño moral y económico a Llona Olalde por haberlo mantenido en prisión durante casi cinco meses en forma ilegal, atentando contra sus garantías individuales.

El ombudsman zacatecano dijo que la rectificación del gobierno federal respecto de la no extradición de Llona a España no exime de responsabilidad al Estado frente al atropello al ahora ciudadano mexicano, y explicó que aun cuando esa figura legal no está reglamentada, el afectado está en condiciones de acudir a instancias nacionales e internacionales para hacer valer este derecho.

Navarro Bañuelos planteó que el caso de Llona Olalde es un nuevo ejemplo de cómo pueden activarse mecanismos sociales para evitar el atropello ilegal de las autoridades en casos similares, pues ''yo creo que en este asunto estamos aprendiendo a interpretar y a intervenir con elementos adicionales, como sería la presión de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como de los medios de comunicación. Entonces, jurídicamente (Llona) está en posibilidades de pedir una explicación y una reparación del daño moral realizado y del daño pecuniario''.

Navarro concluyó que el caso sienta un importante precedente en términos de derecho internacional y garantías individuales, respecto a cómo la firma de convenios y tratados entre los estados no debe violentar los derechos civiles y humanos de los ciudadanos.

A su vez, Jorge Fernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, se sumó a la idea de que el Consejo de la Judicatura revise la actuación del juez Castillo Mendoza, pues con todas las pruebas aportadas por la defensa de Llona era incuestionable que éste era inocente. ''No se debe permitir que los jueces actúen por consigna, hay que defender su independencia y garantizarla'', subrayó.

En tanto, Fabián Sánchez Matus, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo que es conveniente adecuar el tratado de extradición a la Constitución y a los convenios internacionales en materia de derechos humanos, para que se respeten todos los pasos y procesos a que deben ser sujetos los afectados en un juicio de extradición.



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Pobre Derbez

Es una verdadera vergüenza nacional tener a este mequetrefe como Secretario de Relaciones Exteriores.

Miren nada más con la barrabasada que salió de acuerdo con una nota publicada en La Jornada el día de hoy:

México D.F. Viernes 19 de septiembre de 2003

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, rechazó que haya necesidad de precisar el tratado de extradición con España y dijo que más allá de los casi cinco meses que Lorenzo Llona pasó en prisión, lo importante es que está libre y se hizo justicia.

El tema lo llevó a la comparecencia del funcionario el senador del PRI Oscar Cantón Zetina, quien le preguntó al canciller sobre la necesidad de revisar ese tratado.

''El sistema jurídico mexicano tomó su decisión y nosotros concluimos que esta persona no tenía esa responsabilidad".


ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

Suena a que Derbez también se quedó sin sus treinta monedas de plata.

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Un Juez Bastante Terco

Muy sabedor de que se alineó con un estado represor, este juez insiste que él actuó conforme a derecho. Su berrinche indica que la promesa de una abultada recompensa en euro-pesetas estaba condicionada "upon delivery", o sea, hasta la entrega. Como al final Llona escapó el largo brazo de la represión española ahora Castillo queda con una maltrecha imagen profesional en México y lo que es peor, sin que el saldo de su cuenta bancaria en Suiza compense por sus "esfuerzos".

Lean ustedes esto, apareció en La Jornada:




Si desea puede presentar una queja en mi contra ante la Judicatura, dice

Alfredo Mendez Ortíz
El juez decimoquinto de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, aseguró tener la conciencia tranquila e indicó que no se arrepiente de la opinión jurídica que emitió el pasado 27 de agosto, cuando avaló la extradición a España del mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde, acusado por aquel país de haber participado en un atentado de ETA ocurrido el 24 de junio de 1981 en Tolosa, provincia de Guipúzcoa. ''Mi decisión estuvo totalmente apegada a derecho'', puntualizó.

En entrevista con La Jornada, el juez refirió que aunque las pruebas de descargo que presentó en su momento la abogada Bárbara Zamora ''van directamente a determinar la no participación de este señor'' en el triple homicidio que España le imputa, aclaró que ''hasta el momento hay jurisprudencia de la Suprema Corte que nos prohíbe tajantemente (a los jueces mexicanos) analizar cuerpo del delito y probable responsabilidad (en temas de extradición). Somos como un asesor del Ejecutivo federal en este tipo de casos''.

Además, exhortó a Llona y a sus abogados a que presenten, si así lo desean, una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal, para que ''analicen el expediente y mi resolución, y determinen (si actuó conforme a derecho) lo conducente''.

Sobre las críticas respecto a que habría otorgado su opinión en favor de la extradición de Llona bajo consigna del gobierno federal, aseguró: ''No he tenido consignas ni en este asunto ni en ningún otro durante todo el tiempo que llevo trabajando en el Poder Judicial''.

-Quedó la impresión en la opinión pública de que usted no tomó en cuenta las pruebas de descargo que presentó la defensa de Llona, sobre todo las documentales públicas del INM.

-Ahora sé por los periódicos que (sus abogados ) presentaron pruebas supervenientes (sobre las cuales tuvo conocimiento), que Migración le hizo llegar pruebas a la Secretaría de Relaciones Exteriores de algunos otros documentos que sí tenían la firma de Llona, y que al parecer sirvieron para que en el dictamen que emitió la cancillería se dijera, caray, esta persona sí estuvo en México (el día de los hechos que España le imputa).

''Pero eso no implica que en el procedimiento de extradición se hubiera opinado lo contrario. Hay documentos de algunos trámites de migración y pagos de derechos (entre el 23 y el 26 de junio de 1981, Llona tramitó en México su FM-3), que si bien estaban llenados a nombre del mexicano, no estaban firmados por él; en la opinión jurídica que emití especifiqué que conforme a la ley de extradición internacional y al tratado en la materia, este juzgador se encontraba impedido para darle el valor probatorio a dichas pruebas (sic). Sin embargo, hice la apreciación de que lo único que se podía acreditar con esos documentales es que sí se hicieron trámites a nombre de Llona. Eso es innegable, porque está el sello de recepción de Migración, pero tanto como prueba fehaciente de que la firma de esos documentos sea de Llona, no estaba.

''Sus abogados pudieron haber exhibido un dictamen pericial en materia de caligrafía y no lo presentaron. Pero aun cuando hubiera estado acreditada la firma del inculpado, la opinión habría versado únicamente en dos aspectos: se trataba de Llona, sí, no está a discusión. Se cumplieron los requisitos de tramitación, sí; se opina entonces en favor de la extradición y se notifica a la SRE''.

-Existen señalamientos en su contra que refieren que en el caso Llona usted aplicó la ley internacional de extradición y el tratado en la materia firmado entre México y España, por encima de las garantías individuales que marca la Constitución mexicana.

-No es correcto. Sería tanto como si a todos los probables extraditados se les estuvieran violando sus garantías constitucionales. Recordemos que en lo que toca al artículo 16 (el cual establece en su segundo párrafo que la autoridad judicial no podrá librar orden de aprehensión si no existen datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado), éste se refiere a los casos de algún inculpado que está sujeto a proceso. En el caso de los extraditados (éstos) no enfrentan procesos penales, sino procedimientos especiales de extradición. Una detención provisional con fines de extradición contra alguna persona no es una orden de aprehensión.

''Llona no enfrentó un proceso sino un procedimiento de extradición. El tratado no permite que haya juzgador sino un opinador'', concluyó.




Insiste en su versión, mintiendo abiertamente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de velar por la constitucionalidad de cualquier procedimiento, como Castillo Mendoza le llamó al proceso, ha dictaminado que estaba equivocado.

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Otra Rabieta de Aznar

Cualquier persona estudiosa de la política y la historia entiende que un régimen que por más que quiera hacerse pasar por democrático se expone a sí mismo como autoritario cuando dirige sus baterías hacia el arte.

Pues bien, José María Aznar y su Partido Popular se han decidido a cruzar esa raya y se han ido con todo en contra del director donostiarra Julio Medem por su documental acerca del conflicto político vasco.

Lo que seguirá supongo es una quema de películas y libros vascos. Esta nota aparece hoy en La Jornada:

México D.F. Viernes 19 de septiembre de 2003

Embate del PP contra cinta sobre el conflicto vasco

Busca el partido de Aznar que no se exhiba el documental de Julio Medem

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 18 de septiembre. La mezcla entre creación artística y la situación política que se vive en el País Vasco volvió a resultar explosiva; en esta ocasión la polémica surgió a raíz del documental La pelota vasca. La piel contra la piedra, del prestigioso cineasta Julio Medem, en el que se aborda a manera de "polifonía humana" el enquistado conflicto que vive la región desde hace al menos cuatro décadas. El derechista Partido Popular (PP), que se negó sistemáticamente a participar en el proyecto, pretende ahora que se estudie la "idoneidad" de su proyección en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde está prevista su primera exhibición pública.

La situación que vive estos días Medem es similar a la que sufrió hace unas semanas Manu Chao, quien tuvo que cancelar algunas de sus actuaciones en el sur de España ante la exigencia del PP, de la Asociación Basta Ya y el Foro de Ermua (formadas por víctimas y amenazados de la organización armada ETA) de suprimir de sus conciertos a Fermín Muguruza, cantante vasco que ha expresado públicamente sus ideas soberanistas y cercanas a la izquierda abertzale.

Medem, también autor de los filmes Los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo, empezó a trabajar en este proyecto desde mayo de 2001, a raíz de las elecciones autonómicas que se celebraron en Euskadi, que fueron -a su juicio- ''un espectáculo de la calumnia, la mentira y el linchamiento contra el nacionalismo vasco'' por parte del gobierno del conservador José María Aznar y de la ''mayoría de los medios de comunicación'' . El cineasta vasco pretendía dar voz a todos los sectores que de alguna forma están vinculados al conflicto, si bien no lo pudo hacer del todo, ya que el PP y algunos intelectuales que simpatizan con sus ideas, como Fernando Savater o Jon Juaristi, se negaron a ser entrevistados por Medem a pesar de su insistencia en incluirlos en el documental. Pese a todo, Medem logró entrevistar a 103 personas, de las cuales al menos 70 aparecen en el filme que se distribuirá en las salas comerciales.

El propio cineasta explicó en su diario de trabajo el origen de este trabajo: ''Todos los documentales que he visto últimamente sobre el conflicto vasco (en algunos hasta se dice que no hay conflicto) tratan de las víctimas del terrorismo. Diré enseguida, para que no haya malentendidos, que esta situación de falta de libertad y vida en amenaza de muerte me parece el peor y más acuciante de los problemas, pero no es el único. Después del devastador problema moral de la violencia, existe un grave y crónico trastorno de origen político que en los últimos años ha desembocado en la actual guerra (política) entre los gobiernos español y vasco".

Sin embargo, la polémica surgió a raíz de una proyección privada que ofreció Medem a algunos de los entrevistados, de los que sólo dos, Gotzone Mora e Iñaki Esquerra, exigieron la retirada de sus testimonios del documental. Mora y Esquerra, miembros del Foro de Ermua, consideraron que el filme ''presenta a la Guerra Civil española como una contienda de España contra el País Vasco, reproduciendo los tópicos más rancios del nacionalismo más radical", al tiempo que tildaron de "escandaloso que las víctimas aparezcan como un puro trámite y se haga victimismo del lado de los verdugos; no aparece la realidad de los amenazados y, por el contrario, se pone énfasis en un relato maquillado de etnicismo".

El cineasta vasco se ha negado a responder a las críticas, al menos hasta que el público conozca su labor, si bien se remitió a su diario de trabajo, titulado Un pájaro vuela dentro de una garganta, para explicar el origen y la intención de su obra más política como autor. En éste, Medem sostiene que "el auge del ultranacionalismo español de Aznar, que se ha ido haciendo insoportable en su confrontación totalitaria contra el nacionalismo vasco, hizo que, después de Lucía y el sexo, decidiera volver a intentar escribir algo mínimamente justo acerca del conflicto vasco. Lo primero que me propuse fue no odiar".

El cineasta vasco también relató las principales dificultades que empezó a sufrir a la segunda semana de iniciado el rodaje: "Del PP recibimos una negativa tajante a que cualquiera de sus miembros participara en la película. Desde la productora se les estuvo insistiendo durante más de cuatro meses a través de infinidad de llamadas telefónicas (hay constancia), garantizándoles sitio y respeto a su opinión, pero fue inútil. Lamento especialmente que tres personas, para mí fundamentales, negaran su participación, como son Fernando Savater, Jon Juaristi y Cristina Cuesta".


Para los que no están muy familiarizados con los detalles finos del conflicto vasco la razón por la que Julio Medem se lamenta de la negativa a participar en el documental por parte de Savater, Juaristi y Cuesta es por que este trio es el motor que impulsa a un grupo de choque de tendencia fascista que está al servicio de la ultraderecha española mismo que opera en Euskal Herria.

Sagazmente lo han disfrazado de ONG, una que supuestamente busca la paz mientras aboga por los derechos de los que ellos llaman "víctimas del nacionalismo vasco". A Cuesta y a Juaristi no los conoce nadie fuera de Euskal Herria y de España, pero Savater ha logrado labrarse una figura de filósofo admirado alrededor del mundo lo que le ha permitido darle legitimidad a su desvergonzada labor por demonizar al pueblo vasco como parte de la campaña mediática implementada por las altas esferas de poder españolas.

Si la preocupación del Partido Popular es que el documental de Medem funcione como propaganda en pro del derecho del pueblo vasco a decidir su futuro entonces que mejor que tener a alguien del peso de Savater hablando a favor de la postura españolista en el documental, lo cual hace más extraña la decisión del "filósofo" de no querer participar cuando era para el bien de su causa, la perpetuación del concepto de la España Una Bajo Dios.

Pero eso no es todo, la decisión de los integrantes del Foro de Ermua de no participar en el documental pone en evidencia sus estrechos lazos con el Partido Popular y expone a Savater como un engaña pendejos en la misma categoría de Baltasar Garzón y su supuesta querella contra Pinochet.

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jueves, 18 de septiembre de 2003

¡Lorenzo Libre!

En un auténtico revés para las aspiraciones reaccionarias y represivas tanto de José María Aznar y el estado español en su conjunto como para Vicente Fox y su gabinetazo, Lorenzo Llona Olalde ha salido libre.

El Editorial en La Jornada del día de hoy al respecto:

México D.F. Jueves 18 de septiembre de 2003

TRIUNFO DE LA RAZON Y LA JUSTICIA

El rechazo a la extradición de Lorenzo Llona Olalde, anunciado ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y la inmediata liberación de este ciudadano mexicano de origen vasco que permaneció injustamente encarcelado a lo largo de casi cinco meses, es una medida que enaltece al Estado mexicano y restaura la dignidad y buen sentido de las instituciones nacionales, atributos que fueron violentados por la aberrante decisión del juez federal Ranulfo Castillo Mendoza, con sede en el Reclusorio Sur, quien el pasado 28 de agosto falló en favor del pedido de extradición de Llona Olalde presentado a México por el gobierno español en octubre de 2000.

Cabe recordar que en la demanda de extradición se acusaba al mexicano de origen vasco de pertenecer a ETA y de haber participado, el 24 junio de 1981, en un atentado que costó la vida a tres civiles en la localidad guipuzcoana de Tolosa, en el País Vasco. Tras la detención del imputado, su abogada, Bárbara Zamora, presentó al juez Castillo Mendoza documentos oficiales mexicanos que establecían sin lugar a dudas que Llona Olalde se encontraba en nuestro país el día en que ocurrieron los asesinatos de Tolosa, con lo que se ponía de manifiesto la completa improcedencia del pedido de extradición. Pero el magistrado en cuestión hizo caso omiso de esas pruebas, torció el más elemental sentido de justicia y emitió una vergonzosa opinión jurídica en contra de Llona, quien, en su internamiento en el Reclusorio Sur de esta capital, inició de inmediato una huelga de hambre.

La decisión de la SRE de denegar la extradición restituyó, pues, su rectitud a la justicia, a Llona su libertad, y a México el decoro. Cabe felicitarse por esa triple restitución y esperar que el caso del vasco radicado en Zacatecas marque el inicio de una nueva actitud de las autoridades mexicanas y se ponga fin a la deplorable complacencia que ha ido desarrollándose en nuestras instituciones para con las políticas represivas, persecutorias y totalitarias adoptadas por el Estado español contra todos los individuos que simpaticen o hayan simpatizado con la causa del independentismo vasco; a quienes, con motivos o sin ellos, se acusa en automático de terrorismo y de pertenencia a la ETA. Es deseable, por fin, que el mismo sentido de dignidad, legalidad y respeto a los derechos humanos mostrado ayer por la cancillería mexicana se aplique en el caso de los seis vascos detenidos desde julio pasado por otros tantos pedidos de extradición de las autoridades de Madrid.




Zorionak Lorenzo!

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martes, 16 de septiembre de 2003

Psst, ¡Don Chente!

Ojala y Don Vicente, actual Presidente y alguna vez defensa central del equipo de futbol del Centro Vasco aproveche estas fechas para reflexionar acerca de lo mal que esta haciendo ver la soberania y la constitucionalidad de la República Mexicana con su entreguismo al mequetrefe fascista de Aznar y a la vedette jurídica de Garzón.

Para los que tengan curiosidad, en esta página pueden ver la foto de un muy joven Vicente Fox cuando jugaba como defensa central en el equipo de futbol del Centro Vasco que participaba en la Liga Española en México.

Y claro, la fotica del recuerdo:



¿Y por qué jugaba Fox para el Centro Vasco?

¡Por que el muy canijote es vasco!

Así es, Vicente Fox Quezada es miembro de la comunidad vasca en México, miembro de la diáspora vasca pues, simple y sencillamente por que es hijo de (la chingada pensaron muchos ustedes, pero no) Mercedes Quezada Etxaide, inmigrante vasca originaria de Donostia en la provincia de Gipuzkoa en Euskal Herria.

¡Tomala!

O sea que Vicentico es un traidor a su propio pueblo.

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lunes, 15 de septiembre de 2003

España Viola Sus Propias Leyes

Y miren lo que se publicó hoy en La Jornada:

México D.F. Lunes 15 de septiembre de 2003

La abogada del mexicano presentó argumentos de descargo que no fueron considerados

El delito que se imputa a Llona prescribió hace más de dos años

Su defensa se basó en el artículo 406 del código penal de España, país que solicitó la extradición

Durante la primera etapa del proceso de extradición que enfrentó Lorenzo Llona Olalde, ciudadano mexicano que está acusado por el gobierno de España de haber participado en un triple homicidio atribuido a la organización vasca ETA, su abogada, Bárbara Zamora, presentó al juez 15 de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, varios argumentos de descargo que no fueron tomados en cuenta.

Entre las excepciones que la defensa entregó al juzgador -que constan en el expediente 1/2003-III, al que tuvo acceso La Jornada- destaca el hecho de que el delito que se imputa a Llona Olalde prescribió dos años antes de que España enviara la solicitud formal de extradición del mexicano.

Además, la litigante refirió en sus excepciones que a su cliente se le está aplicando el tratado de extradición entre México y España por encima de lo que ordena la Constitución General de la República, a pesar de que a principios de los 90 el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los tratados internacionales deben ubicarse jerárquicamente en segundo lugar respecto a la Carta Magna.

Llona -de origen vasco y naturalizado mexicano en 1993- fue detenido el 26 de abril de este año en la ciudad de Zacatecas por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), con base en una orden de detención provisional con fines de extradición emitida por el juez Castillo Mendoza, debido a que España lo acusa de haber participado en un atentado armado registrado el 24 de junio de 1981, en el pueblo guipuzcoano de Tolosa.

En su momento Zamora le presentó a Castillo Mendoza -quien el pasado 27 de agosto consideró que España cumplió todos los requisitos del tratado de extradición, por lo cual otorgó su aval a la misma- la excepción correspondiente para notificarle que el delito que el país ibérico imputa a su cliente ya prescribió. No obstante, el jurista no tomó en cuenta el argumento de la abogada.

La litigante basó su excepción en las siguientes consideraciones: según el artículo 10 del tratado de extradición, ésta no debe proceder ''cuando la responsabilidad penal se hubiese extinguido por prescripción u otra causa, conforme a la legislación de cualquiera de las partes''.

En el caso de Llona Olalde, refirió Zamora en sus argumentos, el delito que habría cometido prescribió en junio de 2001, y España envió a México la petición formal de extradición del mexicano en junio de 2003, dos años después de la prescripción del ilícito.

La defensa de Llona Olalde se apoyó en el código penal español (vigente en el momento en que ocurrieron los hechos que imputan a su cliente) para asegurar lo anterior. Así, refirió que el artículo 406 de dicho mandamiento judicial establece que ''el delito de asesinato'' se castigará con la ''reclusión mayor'', que en ese tiempo era de 20 años.

Agregó que el artículo 113 de dicho código penal señala que los delitos cometidos en España prescriben a los 20 años. Asimismo, indicó que el artículo 114 del mismo ordenamiento establece que la prescripción comenzará a correr desde el día en que se haya cometido el delito.

De acuerdo con lo anterior, si el acto delictivo que Madrid imputa a Llona ocurrió en junio de 1981, éste tuvo que haber prescrito (según la legislación española) el mismo mes, pero de 2001. Sin embargo, el juez Castillo Mendoza no tomó en cuenta los señalamientos anteriores bajo el argumento de que España modificó su código penal en 1996, y entre algunos de sus cambios destaca el hecho de que fueron incrementadas las penalidades de varios delitos, además de que ya se incluye en dicho código el delito de terrorismo. Desde esa fecha, España castiga cualquier acto terrorista con 30 años de prisión.

Para Bárbara Zamora, al avalar la extradición de su cliente a pesar de la excepción antes descrita, el juzgador violó el artículo 14 de la Constitución mexicana, que establece: ''A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna''. Además, la litigante sostuvo que Castillo Mendoza tampoco se apegó a los requerimientos del tratado de extradición. ''Tal parece que su opinión jurídica fue el resultado de una consigna.''

Otra de las excepciones que presentó la litigante al juzgado 15 de distrito, se refiere al hecho de que el gobierno español basó su solicitud de extradición contra Llona Olalde en el testimonio de un supuesto testigo que, sin embargo, en su declaración ministerial nunca mencionó el nombre del mexicano, sino que se refirió a él como Kepa de Vizcaya.

En este argumento, la defensa de Llona asegura que el mismo testigo declaró ante las autoridades españolas que no estuvo presente en el lugar en que ocurrió el atentado atribuido a ETA, sino que sólo conoció a los presuntos responsables del triple homicidio (entre ellos supuestamente Llona) días antes de los hechos, debido a que les dio alojamiento en una casa de huéspedes de su propiedad.

En el expediente de extradición de Llona Olalde, que en su momento analizó el juez Castillo, aparece el nombre del español Juan Antonio Rezola San Vicente. Según las autoridades del país ibérico, éste fue quien, a través de una fotografía, identificó al mexicano como uno de los que habrían participado en los hechos delictivos. No obstante, en dicho expediente también se destaca que Rezola no fue testigo presencial de los hechos.

ALFREDO MENDEZ ORTIZ


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domingo, 14 de septiembre de 2003

España Empuja a México a Violar sus Leyes

Poco queda por decir acerca de la aventura foxiana que busca facilitarle al gobierno fascista español la exportación de su modelo represivo hacia los países que dependen de las inversiones españolas para mantener sus economías a flote.

Hoy en La Jornada se publica un análisis por parte de Samuel del Villar que le da la puntilla a las mentiras a las que ha recurrido Fox en su atolondrado esfuerzo por satisfacer a Aznar:

Samuel I. del Villar

¿El Poder Judicial y el Presidente contra la Constitución?

"Al menos 65 por ciento de la población en México" desconfía de sus instituciones de justicia, documentó una encuesta presentada el 9 de septiembre pasado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La razón de la desconfianza, de acuerdo con la investigación, es que "la mayor parte de los ciudadanos considera que la intervención de la ley en el país se da en forma discrecional, privilegiando esencialmente los intereses de quienes detentan el poder económico o político".

En realidad refleja un sentimiento dominante de la nación en el sentido de que los poderes del Estado están en contra de una ley fundamental que empieza afirmando que "todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución". El sentimiento de injusticia afectaría especialmente al Poder Judicial, responsable de hacer valer los derechos y garantías constitucionales frente a todo acto de autoridad que las violente, aunque los otros poderes hayan contribuido decisivamente para generar el caldo para su cultivo.

Dos casos de trascendencia y actualidad ilustran los extremos de injusticia que explican los sentimientos nacionales. Uno, el de un ciudadano mexicano que se encuentra secuestrado durante casi cinco meses en estado de desprotección a sus derechos y garantías constitucionales por el mandato del juez decimoquinto de distrito de procesos penales, Rodolfo Castillo Mendoza. El otro, la resolución del juez noveno de distrito en materia administrativa, Alvaro Tovilla León, del 12 de septiembre, que impidió el cumplimiento de la obligación constitucional de "examinar" la legalidad del endeudamiento y transferencia de 45 mil millones de pesos de recursos fiscales a cuatro bancos para cubrir las desviaciones de fondos de sus directivos, en contradicción frontal con el derecho institucional de todos los mexicanos a la "manera proporcional y equitativa" en que debe cumplirse su obligación de contribuir a los gastos públicos de la Federación. Evidentemente, un fisco que cobra impuestos al público en general para transferirlos a saldar defraudaciones bancarias multimillonarias en beneficio de unos cuantos, difícilmente podría ser más inequitativo, desproporcional y, en consecuencia, inconstitucional. Sólo podría serlo el impedir la auditoría debida de esas transferencias.

Ambos casos permiten cuestionar si el Poder Judicial federal y el Presidente de la República están en contra de la Constitución, en vez de defenderla.

Lorenzo Llona Olalde es un ciudadano mexicano, casado con mexicana el 20 de febrero de 1982, con tres hijos, residente en Zacatecas, donde se dedica a la venta de queso. Llegó a México en 1980 asilado por el gobierno de José López Portillo. Obtuvo su calidad de inmigrante en 1981 y su carta de naturalización como mexicano en 1994. El 23 y 26 de abril de 2003 el juez Castillo ordenó y decretó su "detención provisional" porque se lo solicitó el Reino de España para extraditarlo a ese país alegando, sin elemento comprobatorio alguno, su participación en la comisión del homicidio de tres personas cometido en 1981, hace 22 años.

De acuerdo con información publicada el 10 de septiembre pasado por la agrupación Genaro Estrada y centenas de personas, "el pasado mes de febrero Lorenzo Llona recibió la visita de policías españoles y mexicanos que lo presionaron para que trabajara para ellos. Lorenzo Llona se negó, por lo que le advirtieron que esa respuesta tendría consecuencias negativas tanto para él como para su familia. La amenaza se cumplió el 26 de abril de 2003 con su detención". Ni la embajada de España ni la Procuraduría General de la República, cuyos agentes realizaron la detención, han desmentido esta información.

Como todo individuo, Llona es titular de las garantías constitucionales que disponen que "no podrá librarse orden de aprehensión" en su contra (artículo 16), y que "ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de 72 horas" sin que se acrediten datos "bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable (su) responsabilidad" (artículo 19). También tiene derecho a que "a ninguna ley se le dará efecto retroactivo" en su perjuicio (artículo 14).

Además, el gobierno de México, por la nacionalidad mexicana de Llona "y por ese solo motivo", puede "rehusar" o "denegar" su extradición, de acuerdo con la ley (artículo 32) y el tratado (artículo 7) de extradición aplicables. Y la misma ley (artículo 14) establece el derecho del que es titular el prisionero consistente en que "ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo", que no debe ser arbitrario.

Antes que nada los poderes Ejecutivo y Judicial ignoraron la condición de nacional mexicano de Llona. El juez Castillo Mendoza resolvió el 27 de agosto pasado que "se debe acceder a la extradición" a partir de la "detención preventiva con fines de extradición internacional del ciudadano español Lorenzo Llona Olalde" que "solicitó" con ese carácter de extranjero Alejandro Ramos Flores, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. El juez, ulteriormente, volvió a falsear la nacionalidad mexicana de Llona para aplicarle un criterio aislado del tribunal colegiado referente a "la sentencia que concede la extradición de un extranjero", independientemente de la inconstitucionalidad del criterio.1

Después de que el prisionero probó su nacionalidad, el juez le negó su derecho a no ser extraditado. Para ello, alegó que "los delitos de asesinato que se atribuyeron al probable extraditable sí constituyen un caso excepcional", usurpando la competencia exclusiva del Ejecutivo para emitir ese juicio y a pesar de que Llona probó plenamente con documentos públicos expedidos por la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación que resultaba imposible que él pudiese participar en la comisión de dicho delito porque estaba en México, no en España.

Lo que es verdaderamente de excepción a la luz del orden constitucional y legal son las determinaciones del juez Castillo para mantener secuestrado a Llona y para conseguir la extradición de su prisionero, atropellando las garantías que le otorgan los artículos 14, 16 y 19 constitucionales.

El 23 de abril pasado, hay que reiterar, el juez "expidió la orden de detención provisional", y el 26 del mismo mes "decretó la detención provisional" sin que se hubieran "aportado datos bastantes que acreditaran el cuerpo del delito e hicieren la probable responsabilidad" de Llona, como disponen los artículos 16 y 19 de la Carta Magna, ignorando su obligación constitucional de ponerlo en libertad en el término de 72 horas. Incluso ignoró el "arraigo" o las "medidas apropiadas" y necesariamente congruentes con la Constitución que prevé la ley de extradición aplicable (artículo 17). Para ello alegó que se "ceñirá sólo a verificar si se da cumplimiento a los presupuestos que requiere la ley del país solicitante", poniendo de manifiesto su desconocimiento de la ley española de Enjuiciamiento Criminal aplicable, que para decretar la prisión provisional, en su artículo 503.6 exige "que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra la que se haya de dictar el auto de prisión".

Más grave aún, el juez ordenó la detención de Llona hasta por 60 días, para que el Reino de España "presentara la solicitud de extradición internacional". El juez buscó justificación a la violación de esta garantía en un parche al artículo 119 constitucional en contradicción con las garantías individuales, impuesto por Carlos Salinas, para poner por encima de ellas las disposiciones del tratado con España (artículo 14) que las violenta. También buscó justificación en modificaciones inconstitucionales al tratado impuestas por Ernesto Zedillo el 19 de marzo de 19972 y el 6 de diciembre de 1999,3 así como en una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia en la que establece: "la obligación de verificar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de un inculpado sólo son exigibles para el libramiento de una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, pero no para la extradición de una persona a requerimiento de un Estado extranjero".4 Ignoró con toda arbitrariedad que el texto de la Constitución expresamente establece que "ninguna detención ante autoridad judicial" -evidentemente incluyendo las que tienen como finalidad la extradición de una persona a requerimiento de Estado extranjero- puede fundarse en la omisión de esa garantía constitucional.

La arbitrariedad e inconstitucionalidad en la actuación del juez Castillo fueron mucho más allá que los elementos inconstitucionales del tratado con España, que los parches de Salinas y Zedillo para imponerlos y que esa tesis aislada de la Corte. El artículo 119 impuesto por Salinas violenta las 72 horas de detención que establece el artículo 19, pero lo limita "hasta por 60 días naturales", e incluso el propio tratado con España establece que "en ningún caso podrá exceder de un plazo de 60 días" (artículo 14.5). Pero no para la justicia de excepción que el juez Castillo imparte a Lorenzo Llona. El 25 de junio pasado se cumplió dicho plazo y el juez Castillo, con absoluta ilicitud, lo mantuvo en prisión, incluso ignorando la libertad provisional que dispone el tratado y que "no impide el curso normal del procedimiento" (artículo 19.6).

A los 80 días de prisión, el 14 de julio, el juez admitió las pruebas al prisionero que documentaba plenamente su declaración de que "la persona que busca el Reino de España es una persona distinta a mí". Comprobó plenamente con la documental pública, "declaración del extranjero ante el C. Secretario de Gobernación" con su huella y firma personal y con el recibo de pago correspondiente en la Tesorería de la Federación, que en la fecha del asesinato que le imputan él se encontraba en México. Además el juez admitió la declaración notariada que ofreció del único testigo de cargo en el sentido de que "nunca" reconoció a Llona, reiterando su declaración judicial de 1984 en el sentido de que la Guardia Civil lo detuvo y lo mantuvo incomunicado durante ocho días, en los que fue sujeto a torturas consistentes en "meterle la cabeza en una bañera con agua hasta sentirse ahogado (y) en una bolsa de plástico, le dieron muchos golpes en la cabeza, así como en el estómago o costillas y le pusieron música tan alta que no pudo dormir en muchas ocasiones".

Sin embargo, el juez, para desestimar las pruebas y convalidar la falsedad y la tortura que se le acreditó, inventó que los documentos públicos expedidos por la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación son meros "trámites migratorios" hechos "a nombre de Lorenzo Llona Olalde", sin sustentar su dicho en documento, testimonio o elemento alguno. Ignoró la prueba de la tortura alegando que "la parte requerida (México) no podrá valorar constancias expedidas por la parte requirente" (España), aplicando el parche inconstitucional impuesto por Zedillo al tratado respectivo e ignorando su obligación de valorar las pruebas admitidas en sí mismas y en relación con su propia actuación judicial -no la de las autoridades españolas-, que acreditan la improcedencia evidente de la extradición.

Además el juez aplicó retroactivamente las alteraciones al tratado de 1993 y 1999 -que entró en vigor en 2001-, cuando las conductas atribuidas a Llona se desplegaron en 1981. Argumentó el absurdo de que la petición de extradición fue presentada en 2003 y que por ello no se debería aplicar la norma vigente en el momento de la comisión del delito, que exige la comprobación de la probable responsabilidad de la persona sujeta a extradición, y en su lugar se debe aplicar retroactivamente la disposición del tratado que impide "un estudio del fondo de la conducta que se atribuye al reclamado" y según el juez limita a "analizar los términos de la petición formal". Además, arguyó con el mismo sinsentido, que por una declaración jurisprudencial de la "superioridad jerárquica" de los tratados internacionales sobre las leyes federales, las normas de los tratados se pueden aplicar retroactiva e inconstitucionalmente en perjuicio de Llona.

El juez Castillo, al pasar cuatro meses de que decretó la privación de la libertad del señor Llona, opinó el 27 de agosto, dando al traste con la Constitución mexicana y con cualquier principio de derecho, que "se debe acceder" a la extradición. Al mismo tiempo ordenó la continuación de su detención ilícita, pero pretendió lavarse las manos por ella, poniendo al prisionero "a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)". Bajo esta "disposición" su secuestro se ha prolongado dos semanas más.

El Poder Ejecutivo, por conducto de la SRE, "en vista del expediente y de la opinión del juez, resolverá si se concede o rehúsa la extradición", antes del 20 de septiembre próximo, en términos de la ley de extradición aplicable (artículo 25). El expediente indica no sólo que la opinión, sino que la actuación del juez, es abiertamente contraria a la Constitución, a las garantías que ella otorga y a las más elementales nociones de justicia y humanidad. El expediente exige la libertad inmediata de Llona, así como la responsabilización y reparación de los daños causados por la privación ilícita de su libertad.

Cierto que Llona no es beneficiario de los 45 mil millones de pesos de recursos fiscales transferidos ilegalmente por un régimen hacendario cuya auditoría debida impidió el amparo concedido por el juez Tovilla, ni cuenta con el apoyo del secretario de Hacienda como cuentan esos beneficiarios, lo que debe ser motivo de consideración y análisis en otra ocasión. Pero Lorenzo Llona Olalde cuenta con el apoyo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para disfrutar plenamente de los derechos y libertades que ella garantiza.

1 (Semanario Judicial de la Federación, octava época, Tribunal Colegiado de Circuito, Tomo IV, segunda parte, p. 250.)

2 Artículo 15.b del tratado de extradición, por el que se exigía acreditar la existencia del delito y los indicios racionales de su comisión por el reclamado.

3 Artículo 23 del tratado de extradición internacional, por el que se impide en este caso a México valorar constancias expedidas por tribunales de España.

4 Tesis p.1/2003, novena época, materia constitucional penal, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, junio de 2003, p. 5.


Lo más peligroso es que Fox le agarre sabor a esto de violar la Constitución Mexicana.

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sábado, 13 de septiembre de 2003

No Les Conviene Revisar el Tratado

Ahora resulta que los buenitos son ellos, los que quieren quebrantar las leyes mexicanas para complacer al gobierno fascista del franquista José María Aznar acusan a los que se oponen a la extradición de Llona Olalde de ponerle trabas a la justicia.

Así pues, el agresor busca hacerse pasar como víctima demostrando que encima de todo no saben lo que es la dignidad.

Esta nota aparece hoy en La Jornada:

México D.F. Sábado 13 de septiembre de 2003

Critica presiones de quienes piden liberar a Llona

Gobernación niega que estudie revisar el tratado de extradición con España

Renato Dávalos

Ricardo Sepúlveda, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, descartó que el gobierno esté estudiando una eventual revisión del tratado de extradición México-España, y respecto de la solicitud de Cuauhtémoc Cárdenas para que se libere al mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde, expresó: "todas las opiniones constituyen una presión, pero están en su derecho".

En conferencia de prensa, Sepúlveda presentó los avances en la Comisión Intersecretarial de Derechos Humanos y sus distintos apartados, en los que se proponen modificaciones legislativas, como las relativas a la pena de muerte, pero que no comprenden al referido texto de extradición.

Sepúlveda externó que se ha ofrecido a Llona y a sus abogados "el apoyo con los recursos legales que nos corresponden" y reveló algunos pormenores de la reunión de la referida comisión intersecretarial que ayer concurrió a Los Pinos.

Aunque existen "intereses, inquietudes, por parte de personas en lo singular, no hay en la oficina a mi cargo ningún estudio o conocimiento de ningún estudio más elaborado y más avanzado sobre la revisión del tratado", señaló. Puede haberlo en otras áreas, pero ello "es más en correspondiente a lo que realiza la secretaría de Relaciones Exteriores".

La Unidad de Derechos Humanos, explicó, desde hace varios días está en contacto diario con las autoridades del Reclusorio Sur, donde Llona se encuentra "actualmente detenido". Sabemos que tiene ya una pérdida considerable de peso, pero que se encuentra en una situación "estable". Como se ha afirmado en los medios, tenemos conocimiento de la inflamación de sus encías, dijo.

Hemos tenido contacto directo con sus abogados, que están atendiendo legalmente el caso, y también con los diputados que actualmente se han sumado a esta causa, añadió.


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viernes, 12 de septiembre de 2003

España es Aberrante, Punto

En esta entrevista Bárbara Zamora detalla los desmanes del gobierno foxista en su obsesión por extraditar a Llona Olalde.

La misma fue publicada en La Jornada:

México D.F. Viernes 12 de septiembre de 2003

ENTREVISTA /BARBARA ZAMORA, ABOGADA DEL MEXICANO DE ORIGEN VASCO DETENIDO

"Aberrante", el proceder de los tres poderes en el caso Llona

BARNIZAN CON ARDIDES LEGALOIDES UN ASUNTO EMINENTEMENTE POLITICO

La defensora reprocha la actitud violatoria de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas, y cuestiona la complicidad con España, que demanda la extradición del hombre acusado de perpetrar un triple homicidio como miembro de eta

Jesús Aranda

La defensora reprocha la actitud violatoria de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas, y cuestiona la complicidad con España, que demanda la extradición del hombre acusado de perpetrar un triple homicidio como miembro de eta

JESUS ARANDA

En la detención y el proceso de extradición contra el mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde, el Presidente, el Senado y el Poder Judicial federal "han actuado de forma aberrante y violatoria de los derechos humanos" en complicidad con las autoridades de España, que tratan de "barnizar con una cuestión legaloide" un asunto meramente político.

Así lo considera la defensora del detenido, Bárbara Zamora, quien detalla en entrevista con La Jornada la serie de irregularidades en el caso Llona Olalde, desde "el momento arbitrario" de su aprehensión (sin la orden correspondiente) el pasado 26 de abril en Zacatecas, pasando por la actitud de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que permiten la aplicación retroactiva del tratado de extradición México-España, hasta el hecho de que un juez federal no dé validez a pruebas documentales que demuestran que es materialmente imposible que el acusado cometiera el asesinato que se le imputa.

Asimismo, la abogada cuestiona la actitud del juez decimoquinto de distrito en materia penal, Ranulfo Castillo Mendoza, por haber ignorado que Llona, por ser mexicano, no puede ser extraditado, salvo opinión expresa del Ejecutivo federal. Además, el juzgador utiliza tesis aisladas de la Corte, la cual actúa arbitrariamente al "legislar" de facto para hacer válida la "inconstitucionalidad manifiesta" del citado tratado, así como su aplicación, opina Zamora.

Entre el cúmulo de pruebas que no fueron tomadas en cuenta en favor de Llona por parte del juez Castillo Mendoza, la defensora expone que la orden de aprehensión con fines de extradicíon de parte del gobierno español se admitió con sólo una "declaración verbal" de la embajadora de Madrid en México, la cual presentó "dos copias fotostáticas" de las autoridades judiciales de su país. Esto, pese a que hay jurisprudencia expresa en el sentido de que las copias simples no son válidas.

No conforme con eso, el juez admitió fuera del plazo legal y con base en una tesis de la Corte, una fotografía presentada por la PGR para demostrar que Llona es la persona que, en su calidad de miembro del grupo separatista vasco ETA -según la justicia de España-, asesinó a tres personas en Tolosa el 24 de junio de 1981. Se suma a esto que la procuraduría y el juzgador admiten la aplicación retroactiva del tratado, en razón de que los hechos imputados ocurrieron en 1981 y en aquel entonces estaba vigente el documento signado en 1978, que establecía la prescripción del delito después de 20 años y, por tanto, al hacerse la petición formal de la extradición en este año, ese acto ilícito ya prescribió.

Recuerda Zamora que desde el momento de la detención, el juez comunicó personalmente a Llona que no le iba a admitir ninguna prueba, porque no iba a juzgarlo aquí; que las pruebas que tuviera tenía que ofrecerlas en España, porque él no iba a resolver si era culpable; "es decir, ya había una predisposición del juez en su contra, que no varió".

También se negó a solicitar el expediente de la causa a la Audiencia Nacional de España, en la que se demuestra que los dos presuntos testigos en su contra son "de oídas" y que niegan además conocerlo personalmente. Tampoco valoró las declaraciones notariales de Juan Antonio Rezola y María Elena Urdangarín, quienes ratificaron no conocer a Llona y que su supuesta identificación fue bajo tortura.

-¿Qué pasó con el documento que Llona recibe el 26 de junio en Migración y que coincide prácticamente con el momento del asesinato de tres personas que se le imputa?

-Está claro que sí se hizo el trámite personalmente, hay un documento (FM-1) en el que está la fotografía, la huella digital y la firma de Lorenzo, fechado el 26 de junio de 1981 ante el Instituto Nacional de Migración (INM), además de que consta que recibió en persona los recibos correspondientes un día antes, justo cuando ocurrieron los hechos en Tolosa.

"Es absurdo, incongruente y no tiene sustento lo que dice el juez respecto a que no se demuestra que realizó esos trámites personalmente. En cambio, hay pruebas plenas de que él estuvo en México y que el hombre que España busca es otro. Esto también fue ignorado, porque en el expediente certificado que entregó el INM no aparece ningún poder para que alguien hiciera los trámites en nombre de Lorenzo. Tampoco comprobaron que hubiera salido del país."

-Desde el momento de su detención, y después en los alegatos de la PGR, de la SRE o en el proceso, se puso énfasis en que Llona es mexicano y que, por tanto, el tratamiento de su caso tenía que ser diferente.

-El juez lo menciona, pero diciendo que si bien es cierto que es mexicano, en el momento en que cometió el delito era español, sin que conste en ningún momento que él sea el respondable; es decir, da por hecho que lo cometió, lo cual es absurdo. Sin embargo, el artículo 14 de la Ley de Extradición señala que no se entregará a ningún mexicano a un Estado extranjero, y el séptimo del tratado de extradición establece la facultad del Ejecutivo de negarla en caso de un nacional. Además, la calidad de mexicano se debe analizar al resolver sobre si se le extradita."

Irritada por la cadena de arbitrariedades, Zamora señala: "Tampoco toma en cuenta el juez excepciones importantes que impiden la entrega de Lorenzo, como es el caso de que el artículo 15 constitucional prohíbe aplicar tratados de extradición a perseguidos políticos, y en este caso hay un problema histórico, un antagonismo histórico del gobierno de España con la gente del País Vasco y con la organización ETA. Madrid acusa a Lorenzo de participar en el atentado como miembro activo de ese grupo; por tanto, se deduce que es una persecución política, al adjudicarle una pertenencia a esa agrupación".

Este es un asunto eminentemente político que "tratan de barnizar con una cuestión legaloide que no se ajusta a ninguna ley procesal penal mexicana y mucho menos a las garantías constitucionales que tiene cualquier detenido".

-¿Habría complicidad del gobierno federal, la PGR, la SRE y del propio Poder Judicial federal en este caso?

-Los tres poderes en alguna medida han contribuido para que se dé esta situación tan aberrante y violatoria de los derechos humanos de un detenido. El asunto deja ver, también, que los gobernantes españoles todavía se sienten en la época de la Colonia.

-¿Qué opina de que la Suprema Corte considere que el tratado de extradición México-España no viola los artículos 14 y 16 de la Constitución, al no prever que Madrid entregue las pruebas sobre la conducta delictiva y el cuerpo del delito?

-La Constitución prohíbe que las personas sean juzgadas por tribunales o leyes especiales, y es muy grave que la Suprema Corte emita esos criterios que van contra la misma Carta Magna; en ese sentido, está yendo más allá de lo que su función le permite, porque con esos criterios o con jurisprudencias se están modificando leyes y la propia Constitución, lo cual es inaceptable, además de que es infame hacer adaptaciones a lo que les pide el Poder Ejecutivo o hasta gobiernos extranjeros.

-Ante esta situación, con la opinión del juez y los amparos negados, ¿qué se puede esperar?

-Esperamos que el Ejecutivo, por condcuto de la SRE, tome en cuenta los argumentos que no fueron considerados por el juez y niegue la extradición de Lorenzo. Primero, porque está comprobado plenamente que él estaba en México cuando sucedieron los hechos; segundo, porque él es mexicano, y si el gobierno tuviera la duda de que hubiera participado, en este caso también el Código Penal prevé que ese tipo de delitos que comete un mexicano en territorio extranjero deben ser juzgado por los tribunales mexicanos y con apego a las leyes mexicanas.

"Además, el tratado en cuestión prevé dos excepciones para la entrega de personas: que la petición de extradición no se apegue a los requisitos a que está apegado el tratado, y que el reclamado sea una persona distinta de la que busca el país solicitante, situaciones ambas que hemos demostrado pero han sido ignoradas por las autoridades."


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